Óscar Puente ha comparecido ante la Diputación Permanente del Congreso para explicar las circunstancias del accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, en medio de una creciente presión política por su dimisión y de una nueva movilización sindical que evidencia la preocupación de los trabajadores por la seguridad de la red ferroviaria.
El ministro ha detallado la secuencia de decisiones que precedieron a la colisión de un AVE de Renfe contra un tren de Iryo detenido en la misma vía. Según el informe presentado, desde el Centro de Regulación y Control de Adif en Atocha se autorizó al AVE a reanudar la marcha a velocidad normal cuando el sistema principal de seguridad estaba fuera de servicio y había otro convoy detenido por delante.
El balance comunicado por Puente asciende a 69 fallecidos y alrededor de 200 heridos de distinta consideración, de los cuales 38 permanecían hospitalizados según los datos de su intervención.
Una orden de circulación que nunca debió producirse
La cronología expuesta sitúa el comienzo de la emergencia alrededor de las 8.30 horas, cuando se produjo una caída del sistema de señalización LZB en un tramo de aproximadamente 63 kilómetros de la línea Madrid-Sevilla.
La incidencia obligó a detener los trenes afectados y activar el protocolo alternativo de circulación, basado en la señalización lateral y el sistema ASFA.
Sin embargo, a las 8.36 horas, el Centro de Control autorizó al AVE 2080 a continuar mediante un telefonema con marcha normal, en lugar de imponer condiciones de circulación más restrictivas.
A las 8.41 también se autorizó al Iryo 6076 a reanudar la marcha, pero este tren permaneció detenido por causas todavía desconocidas.
Siete minutos después, su personal comunicó que seguía inmovilizado. Según el relato del ministro, el centro de control recibió la advertencia, pero no adoptó ninguna medida.
El AVE recorrió aproximadamente 25 kilómetros, alcanzó una velocidad estimada superior a los 160 kilómetros por hora y colisionó con el Iryo alrededor de las 8.53.
La investigación deberá determinar por qué se autorizó aquella circulación, qué información tenían los controladores y qué otros factores pudieron intervenir en el accidente.
Una mayoría parlamentaria exige responsabilidades
La comparecencia se desarrolla con el ministro políticamente cuestionado. PP, Vox, Junts y PNV suman 35 de los 69 integrantes de la Diputación Permanente y han manifestado su intención de exigir su dimisión.
Puente ha rechazado hasta ahora abandonar el cargo. Sostiene que no adoptó ninguna decisión que contribuyera al accidente y defiende su actuación desde las primeras horas de la tragedia.
Sin embargo, las responsabilidades políticas no dependen exclusivamente de la existencia de una conducta penal. La eficacia de la supervisión, la suficiencia de los protocolos y la respuesta institucional constituyen también cuestiones que corresponde examinar.
La investigación técnica independiente será responsabilidad de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes, mientras continúa la investigación judicial.
El Gobierno aprueba 30 millones para las víctimas
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con un paquete global de 30 millones de euros destinado a las víctimas y sus familiares.
Las ayudas directas ascienden a 72.121 euros por fallecimiento, a los que se añade un anticipo de indemnización por la misma cantidad. Las compensaciones por lesiones varían según su gravedad, desde aproximadamente 2.400 hasta 84.141 euros, con anticipos equivalentes. Las cantidades serán compatibles con otras indemnizaciones y estarán exentas de tributación.
Además, se establecerá una protección especial de Seguridad Social para las personas trabajadoras afectadas y se abrirán oficinas de atención integral en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno correspondientes.
Menos trenes y nuevos mecanismos de seguridad
El Ministerio ha presentado ocho medidas extraordinarias para reforzar la seguridad de la alta velocidad, entre las que destaca la reducción temporal de frecuencias en la línea Madrid-Sevilla hasta completar la implantación del sistema ERTMS de nivel 2, prevista para principios de 2027.
El objetivo es disminuir el número de circulaciones sin reducir proporcionalmente las plazas disponibles, mediante la utilización de trenes en doble composición.
También se implantará un nuevo programa informático en los centros de control, con alertas automáticas, registro electrónico de comunicaciones y herramientas que permitan identificar mejor la posición de los trenes.
Otra medida introduce una segunda validación humana de las órdenes de circulación cuando no estén operativos los sistemas automáticos de bloqueo.
El plan contempla asimismo herramientas de inteligencia artificial, revisión de protocolos, formación continua y mejoras de las condiciones laborales del personal de control.
Adif acuerda una huelga para el 17 de noviembre
La dimensión laboral de la crisis ha adquirido protagonismo este martes. El comité de empresa de Adif, integrado por representantes de CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario, ha acordado promover una huelga para el 17 de noviembre.
La convocatoria, todavía pendiente de formalización según las fuentes sindicales consultadas por EFE, responde a las preocupaciones sobre la seguridad ferroviaria, la carga de trabajo y la necesidad de reforzar plantillas y protocolos.
También se ha acordado una concentración para el 16 de noviembre y una reunión de seguimiento el día 18.
Puente ha defendido el crecimiento de las plantillas de Adif y la renovación de la línea Madrid-Sevilla, para la que ha citado una inversión de 780 millones de euros.
Pero la existencia de inversiones no resuelve por sí sola las preguntas sobre su ejecución, el cumplimiento de los acuerdos sindicales y la suficiencia de los mecanismos de seguridad.
La comparecencia deja una cuestión fundamental: cómo pudo avanzar un tren hacia un tramo ocupado cuando el sistema principal de protección estaba desactivado y el centro de control había recibido una advertencia sobre el convoy detenido.
Responderla con pruebas, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar que los trabajadores dispongan de medios suficientes serán pasos imprescindibles para recuperar la confianza en el ferrocarril.
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