El expresidente del Gobierno Felipe González ha vuelto a irrumpir en la actualidad política española con una contundencia que, a estas alturas, resulta más previsible que sorprendente. Durante un acto de homenaje a los expresidentes autonómicos Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, González cuestionó duramente a Pedro Sánchez por haber afirmado que el Congreso había “traicionado” a la mayoría tras la votación que desembocó en la convocatoria de las elecciones del próximo 29 de noviembre.
“Me cuesta trabajo soportar que el presidente del Gobierno de mi país --de mi partido no, presidente del Gobierno de mi país-- diga que el órgano de la soberanía nacional el viernes traicionó a la mayoría”, afirmó el exlíder socialista.
La frase ocupa titulares, pero quizá lo verdaderamente relevante no sea el contenido concreto de la crítica, sino el papel político que Felipe González parece haber asumido definitivamente. Hace tiempo que dejó de intervenir como una figura histórica que aporta perspectiva o experiencia para convertirse en un actor que participa activamente en el debate cotidiano y que, de manera sistemática, encuentra motivos para cuestionar las decisiones de la dirección socialista.
Nadie discute el derecho de Felipe González a opinar. Lo que empieza a resultar llamativo es la frecuencia con la que sus opiniones terminan coincidiendo con los argumentos que la oposición utiliza contra el Gobierno.
Una discrepancia política convertida en crisis institucional
Que Sánchez considere que determinadas alianzas parlamentarias bloquearon medidas respaldadas por una mayoría social puede ser una valoración más o menos acertada desde el punto de vista político, pero convertir esa expresión en una amenaza para la soberanía nacional o para el sistema constitucional es, a todas vistas, una reacción desproporcionada.
La democracia parlamentaria no consiste únicamente en aceptar el resultado de las votaciones. También implica interpretar políticamente sus consecuencias, cuestionar estrategias de bloqueo y defender posiciones contrapuestas. De lo contrario, el debate político quedaría reducido a un ejercicio administrativo donde únicamente cabría asentir ante los resultados. La discrepancia política no se convierte automáticamente en una crisis institucional por mucho que algunos se empeñen en presentarla como tal.
Resulta difícil olvidar que la política española ha conocido declaraciones mucho más agresivas contra gobiernos, parlamentos e instituciones sin que nadie levantara entonces acta de una supuesta amenaza democrática. Lo que hoy se presenta como un ataque a la soberanía nacional probablemente no sea más que una formulación política desafortunada o discutible, nada más.
El problema de los expresidentes que nunca se marchan
Los expresidentes desempeñan un papel importante en cualquier democracia. Su experiencia puede ayudar a generar consensos, aportar mesura en momentos de tensión o enriquecer debates complejos. Sin embargo, esa función pierde parte de su valor cuando se transforma en una intervención constante sobre la política cotidiana. En el caso de Felipe González, esa transformación hace tiempo que se produjo.
Sus apariciones públicas ya no son interpretadas como las reflexiones de una figura histórica del socialismo español, sino como posicionamientos políticos dirigidos contra una dirección del PSOE con la que mantiene discrepancias profundas desde hace años. Hace tiempo que Felipe González parece sentirse más cómodo cuestionando al PSOE actual que contribuyendo a reforzarlo.
Mientras reivindica constantemente el consenso, la responsabilidad institucional y la necesidad de superar la confrontación, sus declaraciones suelen terminar alimentando precisamente el ruido político que dice lamentar, lo cierto es que no deja de resultar significativo que muchas de sus intervenciones sean recibidas con entusiasmo por sectores conservadores que raramente comparten el resto de su legado político. Tampoco deja de ser significativo que el expresidente reserve buena parte de sus críticas para un Gobierno progresista al que, al menos teóricamente, debería preocuparle fortalecer en un contexto electoral especialmente complejo.
La nostalgia no es una política de vivienda
Durante su intervención, González también reclamó pactos entre administraciones para abordar problemas como la vivienda, la educación o la situación de Ceuta, totalmente razonable. España necesita acuerdos duraderos sobre cuestiones estratégicas que trascienden los ciclos electorales.
Sin embargo, la insistencia en invocar consensos termina resultando insuficiente cuando no se acompaña de una reflexión más concreta sobre las causas de esos problemas y sobre quién está dispuesto realmente a resolverlos. La crisis de la vivienda no se combate mediante apelaciones genéricas al diálogo. Requiere inversión pública, regulación, construcción de vivienda asequible y capacidad para enfrentarse a intereses económicos muy poderosos.
La crisis de la vivienda no se resolverá apelando a la nostalgia de los grandes pactos. Se resolverá con decisiones políticas concretas y lo mismo ocurre con la educación, con la desigualdad o con muchos de los desafíos que afronta España. La ciudadanía espera soluciones. Y las soluciones rara vez aparecen por el simple hecho de invocar el espíritu de consensos alcanzados hace décadas.
El refugio permanente en 1978
La intervención de González concluyó con una defensa de la Constitución de 1978 y del papel desempeñado por su partido durante la Transición. Recordó que el PSOE es la última formación que conserva continuidad directa con las siglas que apoyaron aquel texto constitucional y aseguró que volvería a votarlo hoy, una reivindicación legítima y comprensible. La Constitución sigue siendo el marco fundamental de nuestra convivencia democrática y el papel del socialismo español en aquel proceso forma parte de la historia reciente del país.
Pero también conviene recordar una evidencia. La legitimidad democrática no se hereda, se renueva. Los ciudadanos de hoy no juzgan a los partidos por lo que hicieron hace casi medio siglo. Los juzgan por su capacidad para responder a los problemas actuales. La vivienda, la precariedad laboral, la desigualdad, la transición ecológica o la transformación tecnológica exigen respuestas adaptadas al presente, no referencias permanentes a los consensos del pasado.
Ahí reside probablemente la principal limitación de las intervenciones de Felipe González. No tanto en lo que dice como en el lugar desde el que lo dice. Porque cada vez parece más interesado en ejercer de guardián de una época que en comprender un país profundamente distinto al que él gobernó. La nostalgia puede servir para recordar el pasado, lo que no puede hacer es sustituir un proyecto para el futuro.
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