UGT Y CCOO Madrid denuncian la imposición de unos servicios mínimos abusivos para la huelga general del 11 de noviembre

Los sindicatos denuncian públicamente la actuación de la Administración madrileña durante la reunión celebrada el pasado 23 de octubre para la negociación de los servicios mínimos de la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre

26 de Octubre de 2026
Actualizado a las 8:50h
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La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya junto a la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, foto Agustín Millán
La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya junto a la secretaria general de CCOO de Madrid, Paloma López, foto Agustín Millán

UGT y CCOO consideran que el proceso desarrollado por la Administración madrileña ha estado marcado por la falta de transparencia, la ausencia de documentación imprescindible para una negociación efectiva y una actitud alejada de los principios de buena fe que deben regir las relaciones laborales y la negociación de los servicios mínimos para la huelga general del 11 de noviembre.

Durante la reunión, la Administración se limitó a exponer una propuesta de servicios mínimos mediante una presentación compartida en pantalla, sin facilitar previamente ni durante el encuentro la documentación completa y por escrito que permitiera a las organizaciones sindicales analizar adecuadamente su contenido, valorar su proporcionalidad o formular propuestas alternativas fundamentadas.

CCOO y UGT expresaron que sus representantes no podían pronunciarse sobre una propuesta de estas características sin disponer de la documentación necesaria y reiteraron en varias ocasiones la solicitud de que esta fuera remitida por escrito. A pesar de ello, la Administración mantuvo su planteamiento sin facilitar los documentos requeridos.

Para UGT y CCOO, por las imágenes mostradas y sin tener el contenido real de la propuesta, numerosos aspectos resultan claramente desproporcionados y apuntan a unos servicios mínimos que podrían vulnerar el ejercicio efectivo del derecho fundamental de huelga. Entre otras cuestiones, se trasladaron discrepancias respecto a los criterios aplicados en ámbitos como la educación y la sanidad.

Resulta especialmente grave que la Administración madrileña pretenda atribuir la falta de propuestas alternativas a las organizaciones sindicales cuando estas ni siquiera disponían del texto sobre el que debían pronunciarse. Difícilmente puede existir una negociación real cuando una de las partes carece de la información necesaria para ejercer su labor de representación y defensa de las personas trabajadoras.

Asimismo, CCOO y UGT denuncian que el acta elaborada por la Administración no refleja de manera fiel la totalidad de las intervenciones realizadas por la representación sindical durante la reunión, omitiendo manifestaciones y posicionamientos expresados por las organizaciones convocantes. De la misma manera que no consta en el acta la participación en dicha reunión de otras organizaciones sindicales que no son convocantes de la huelga general.

Esta forma de proceder impide que quede constancia real del desarrollo de la negociación y constituye una actuación incompatible con los principios de transparencia y respeto institucional que deben presidir este tipo de procesos.

Los dos sindicatos han solicitado formalmente toda la documentación relativa a la determinación de los servicios mínimos, incluyendo los informes técnicos y criterios empleados para su elaboración, con el fin de realizar un seguimiento riguroso del respeto a los derechos de las personas trabajadoras y garantizar que cualquier limitación del derecho de huelga esté debidamente justificada y sea proporcionada.

Por todo ello, anuncian que no suscribirán el acta elaborada por la Administración al considerar que no refleja adecuadamente las intervenciones sindicales ni las incidencias producidas durante la reunión, y reiteran su rechazo a unas formas de negociación que dificultan el ejercicio de la representación sindical y la defensa de los derechos laborales.

Exigen a la Comunidad de Madrid que rectifique su actuación, facilite toda la documentación solicitada y garantice un proceso de negociación transparente, respetuoso y ajustado a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

UGT y CCOO se reservan las acciones legales que crean necesarias para la impugnación o denuncia de los servicios mínimos establecidos.

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