La Justicia rechaza por segunda vez la ofensiva de la Comunidad de Madrid contra la acampada por la vivienda y concluye que no se ha acreditado la supuesta pasividad de la Delegación del Gobierno que Ayuso llevaba días denunciando.
El segundo intento de Isabel Díaz Ayuso para conseguir que la Justicia ordene desalojar inmediatamente la acampada de la Puerta del Sol ha terminado con un nuevo revés para la Comunidad de Madrid y, esta vez, con una resolución todavía más incómoda para el relato político construido durante los últimos días por el Gobierno regional.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la medida cautelar solicitada por el Ejecutivo autonómico después de escuchar las alegaciones de la Delegación del Gobierno y concluye que no ha quedado acreditada la “inactividad administrativa” sobre la que la Comunidad había construido su recurso.
No significa que el TSJM haya declarado legal la acampada ni que haya concedido a los manifestantes un derecho indefinido a ocupar la plaza, pero sí significa algo muy concreto: la Justicia no acepta, en este momento procesal, la premisa con la que Ayuso reclamaba que los jueces ordenaran a la Policía desalojar Sol.
Ayuso denunció una «inacción» que los jueces no consideran acreditada
La presidenta madrileña había presentado públicamente el recurso como una respuesta frente a la supuesta pasividad del delegado del Gobierno, Francisco Martín, al que responsabilizaba de permitir una ocupación que ella calificaba categóricamente como ilegal.
La estrategia judicial consistía en denunciar esa “inacción” y pedir al TSJM que obligara a actuar inmediatamente. Sin embargo, el tribunal señala ahora que no concurre el presupuesto necesario para asumir esa tesis.
La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece, en su artículo 29, que para recurrir contra determinados supuestos de inactividad debe existir previamente una obligación concreta de actuar y haber transcurrido tres meses desde la reclamación sin que la Administración haya cumplido lo solicitado o alcanzado un acuerdo.
La acampada comenzó el 26 de septiembre y la Comunidad acudió a los tribunales apenas unos días después. La distancia entre ambos plazos resulta evidente.
Dos resoluciones y dos negativas al desalojo inmediato
El revés tiene además una importancia especial porque no es el primero. La Justicia desmonta el relato, pero no decide todavía si la acampada es legal. Ese matiz es fundamental para no hacer ahora lo mismo que hizo Ayuso desde el extremo contrario.
El TSJM no ha dictaminado que la acampada sea legal, ni ha resuelto definitivamente que pueda continuar indefinidamente en la Puerta del Sol. Los magistrados evitan pronunciarse ahora sobre ese fondo y resuelven la petición cautelar desde el punto de vista procesal.
Pero tampoco existe la resolución judicial que durante días pareció anticipar el Gobierno regional cuando hablaba de una “ocupación ilegal” cuyo desalojo debería producirse prácticamente de forma automática. Y esa diferencia es sustancial.
Ayuso convirtió una controversia administrativa y jurídica todavía abierta en una certeza política, culpó a la Delegación del Gobierno de incumplir sus obligaciones y llegó a reclamar consecuencias legales por una actuación cuya supuesta inactividad los propios magistrados no consideran acreditada.
Almeida también queda tocado por la estrategia del desalojo
Aunque el procedimiento lo ha promovido la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida había hecho suyo el mismo frente político contra la acampada, reclamando repetidamente su desalojo y responsabilizando al delegado del Gobierno de no intervenir.
De llamar «inútiles» a los delegados a perder de nuevo ante el TSJM
El golpe adquiere además una especial carga política después de que Ayuso afirmara apenas horas antes que “en el sanchismo solo crecen los inútiles” al cargar contra los delegados del Gobierno y reiterara que esperaba consecuencias legales por lo ocurrido en Sol.
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