Hermann Tertsch ha vuelto a hacer el ridículo en el Parlamento Europeo. El eurodiputado de Vox se puso en evidencia el pasado miércoles, durante una sesión ordinaria, al justificar el golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende en 1973. “Nadie asesinó a Allende; él estuvo preparando una dictadura como la cubana y eso se frenó”, dijo Tertsch sin pudor. El hombre, algo desinhibido y sin filtro sin duda, debió pensar que estaba hablando en un acto de Vox o en uno de esos ayuntamiento controlados ya por la extrema derecha española, sin caer en la cuenta de que toda Europa, la Europa civilizada, lo estaba escuchando.
“La dictadura de Pinochet duró 16 años y quedó un país que, como todos han dicho, es una floreciente democracia”, insistió. Las palabras del polemista sonrojaron a la mayoría del hemiciclo.
El eurodiputado del PSOE, Javi López, exigió que la comparecencia de Tertsch no quedara impune, ya que suponía apología de un régimen fascista y requirió “consecuencias legales” para el eurodiputado de Vox. “La libertad de expresión no ampara justificar un magnicidio ni ampara justificar una dictadura de 17 años, con decenas de miles de asesinados, desaparecidos y torturados. Por eso reclamo a la presidencia que estudie consecuencias legales para estas injustificables e intolerantes declaraciones”, aseguró López.
La petición de López llegó a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que prometió al representante socialista que consultaría la grabación de ese momento con sus servicios y le daría una respuesta. Tertsch, por su parte, reclamó “su derecho a responder” y dijo que solo había dicho “la verdad sobre Chile”, pero Metsola cerró su micrófono y le contestó que no le había dado la palabra.
Cabe recordar que la Comisión Europea establece que los Estados miembros están obligados a tipificar como delito la incitación pública a la violencia o al odio, incluida la negación, la apología y la trivialización flagrante de los crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad, incluido el Holocausto, según Mundo Obrero.
A pesar de estas obligaciones internacionales, España y sus autoridades mantienen la competencia para investigar, procesar o juzgar los casos individuales de delitos de incitación al odio. Incluso, si España quisiera, podría recibir ayuda europea para la formación sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos motivados por el odio, además de garantizar una financiación específica de apoyo a las víctimas.