La política sanitaria madrileña vuelve a colocarse en el centro del escrutinio público. Esta mañana, el PSOE de Madrid tiene previsto presentar ante la Fiscalía de Madrid una denuncia formal contra Pablo Gallart Gaspar, director general de Torrejón Salud S.A., empresa concesionaria del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud. Lo que podría parecer otro episodio más en la larga disputa entre el gobierno regional y la oposición socialista apunta, sin embargo, a un debate más profundo: la calidad de la supervisión pública en un modelo sanitario crecientemente externalizado.
En su escrito, los socialistas sostienen que existen “irregularidades en la gestión del Hospital de Torrejón”, así como una posible omisión de deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid. El trasfondo no es menor. El partido sugiere que estas prácticas podrían constituir indicios de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública e incluso denegación de prestaciones sanitarias por motivos discriminatorios. Son acusaciones graves, formuladas en un contexto en el que la gestión sanitaria madrileña ha sido, durante años, un laboratorio de externalizaciones, concesiones administrativas y modelos híbridos que difuminan la frontera entre lo público y lo privado.
El PSOE no se limita a un único responsable. La denuncia se dirige también contra “todos aquellos que, como consecuencia de las diligencias de investigación, puedan aparecer como penalmente responsables”. En otras palabras, los socialistas buscan abrir un abanico de responsabilidades que podría extenderse tanto dentro de la empresa concesionaria como en la estructura administrativa encargada de supervisarla.
Arquitectura sanitaria bajo la lupa
El caso emerge en un momento en que el debate sobre la gobernanza de los hospitales de gestión privada vuelve a intensificarse en España. El modelo, aplaudido por algunos por su supuesta eficiencia, ha enfrentado críticas reiteradas por falta de transparencia y por la dificultad de establecer controles públicos robustos. Cuando un hospital es administrado por una concesionaria la capacidad de la administración para fiscalizar su desempeño se convierte en el pilar que sostiene la legitimidad del sistema. Y es precisamente esa capacidad lo que la denuncia del PSOE pone en duda.
Desde el @psoe_m vamos a denunciar ante la Fiscalía la gestión de Ribera Salud en el hospital de Torrejón.
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) December 9, 2025
La sanidad es un derecho.
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que NUNCA más nadie haga negocio con la sanidad pública de Madrid.https://t.co/3rWkGoXEx5
Para la Comunidad de Madrid, la defensa probable será la ya conocida: las concesionarias operan bajo estrictos contratos de servicio y auditorías internas. Pero la denuncia abre un flanco incómodo. Si se confirmaran irregularidades graves, la cuestión no sería solo qué hizo la empresa, sino qué mecanismos de supervisión fallaron.
Consecuencias políticas
El movimiento del PSOE puede interpretarse como una jugada política en un terreno abonado para la confrontación. Pero reducir el episodio a un gesto partidista sería simplificarlo. La denuncia se inscribe en una preocupación más amplia sobre la capacidad del Estado para garantizar estándares sanitarios homogéneos en modelos gestionados por empresas privadas.
En un sistema donde la legitimidad depende tanto del desempeño como de la confianza pública, acusaciones como corrupción, prevaricación o daños a la salud pública tienen un efecto corrosivo. Más aún si afectan a un sector que, tras la pandemia, no puede permitirse dudas prolongadas sobre su funcionamiento interno.
Juicio mayor sobre la externalización
Independientemente de cómo avance la causa, el caso del Hospital de Torrejón plantea una pregunta más amplia: ¿hasta qué punto está preparada la administración pública para supervisar modelos complejos de colaboración público-privada? La respuesta, si de esta denuncia emergen responsabilidades penales o administrativas, podría ser incómoda.
La Fiscalía tendrá ahora la tarea de determinar si las acusaciones son solo un síntoma de desgaste político o si apuntan a un problema estructural en la gestión sanitaria externalizada. El resultado, sea cual sea, no solo afectará a un hospital y a sus responsables, sino que alimentará un debate nacional sobre transparencia, responsabilidad y calidad del servicio sanitario en un ecosistema cada vez más híbrido.