El sol se pone sobre las grandes áreas de regadíos del valle del Alagón proyectando una sombra alargada y marchita sobre la tierra arable de España. No es solo la luz de la tarde lo que se apaga en el horizonte de la Península; es una forma de vida, una estructura productiva y la soberanía elemental de una nación que olvida a pasos agigantados quién le da de comer. Lo que antes era un hervidero de personas, ahora es el silencio. Lo que en los años 80 del siglo XX eran grandes plantaciones de maiz, tabaco o tomato, ahora es un erial de malas hierbas, matojos y árboles salvajes. Mientras las taquillas mediáticas de Madrid permanecen ocupadas por el ruido ensordecedor de la trinchera partidista, el mapa rural español se desangra en un silencio aplastante. Los datos oficiales del Fondo Español de Garantía Agraria pintan la radiografía de una agonía programada por la desidia institucional. Casi cuatro de cada diez perceptores de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España superan ya los sesenta y cinco años. La cifra no solo no disminuye, sino que aumenta año a año como el síntoma irrebatible de un país que envejece al mismo ritmo que abandona sus campos.
La dramática inexistencia de un relevo generacional efectivo es el resultado directo del fracaso acumulado de décadas de alternancia y de guerra política. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español han demostrado una incapacidad patológica para elevar el problema de la tierra a la categoría de asunto de Estado. Atrapados en el cálculo cortoplacista del ciclo electoral, en el electoralismo urbano y en la guerra de guerrillas partidista, ni los ejecutivos del PP ni los del PSOE han sido capaces de articular un gran pacto nacional por el medio rural que garantice la viabilidad económica, la dignidad social y la sucesión biológica en las explotaciones agrícolas y ganaderas. Mientras los presupuestos de las administraciones se diluyen en retórica cosmética sobre el desarrollo territorial, el campo de España se encamina hacia un colapso demográfico y productivo cuyas consecuencias devastadoras trascenderán las fronteras del pueblo abandonado para golpear directamente en la mesa de cada hogar.
La trampa de las cifras, una vez más
Las frías estadísticas publicadas por la administración constituyen la sentencia de muerte en diferido para el sector primario español. La presencia de los productores mayores de sesenta y cinco años ha alcanzado rozar el cuarenta por ciento del total de beneficiarios de los fondos comunitarios, englobando a más de doscientas tres mil personas que continúan sosteniendo sobre sus espaldas cansadas el título de propiedad o la titularidad de las hectáreas de cultivo. Al observar el tramo central de la pirámide poblacional del sector, la franja comprendida entre los cuarenta y los sesenta y cinco años aglutina a más del cincuenta y uno por ciento de los perceptores. El diagnóstico resulta desolador por su contundencia: más del noventa por ciento de la infraestructura agraria tradicional de España se encuentra en manos de personas que bordean o han superado holgadamente la edad de jubilación.
En el extremo opuesto, el futuro que debería estar llamando a las puertas del campo apenas logra emitir un murmullo sordo. El grupo de menores de cuarenta años representa un tímido ocho con ochenta y tres por ciento del total de las ayudas percibidas, reduciendo su peso relativo respecto a ejercicios anteriores y certificando que los incentivos institucionales para la incorporación de jóvenes son un rotundo y trágico fracaso. El campo no seduce, no fija a la juventud y, sobre todo, no resulta económicamente viable para quien intente emprender desde cero sin la herencia patrimonial como amortiguador. La trágica asimetría económica entre las personas físicas, que representan casi el noventa por ciento de los beneficiarios pero acaparan solo el cincuenta y siete por ciento del dinero, y las personas jurídicas evidencia además un modelo donde la agricultura familiar es progresivamente devorada o arrinconada por los fondos de inversión y las estructuras societarias masivas.
La brecha de género que atraviesa la tenencia de la tierra acentúa de forma dramática las deficiencias de esta estructura agonizante. De los más de tres mil cuatrocientos millones de euros repartidos en el marco de las ayudas directas, cerca del setenta y tres por ciento acaba en manos de productores varones, dejando a las mujeres agricultoras y ganaderas con una cuota testimonial que roza el veintisiete por ciento. Esta desproporción se proyecta de forma implacable sobre los tramos más jóvenes: entre los menores de veinticinco años que perciben fondos para el desarrollo de la actividad agraria, solo el veintitrés por ciento son mujeres. Tampoco las ayudas al desarrollo rural, teóricamente destinadas a frenar la sangría poblacional y fomentar la fijación de actividad en los municipios de la periferia, logran revertir la tendencia patriarcal y desequilibrada, adjudicando más del setenta y tres por ciento de los importes a perceptores masculinos.
La bancarrota de la política
Frente a la magnitud de la tragedia, la respuesta del arco político ha rozado la negligencia criminal. El bipartidismo español, encarnado en las siglas del PP y del PSOE, ha convertido la crisis de la agricultura en una trinchera más de su espectáculo dialéctico. A lo largo de las últimas cuatro décadas, los cambios en el Palacio de la Moncloa no han traído consigo una política agraria de visión a largo plazo, sino un rosario de parches normativos, contrarreformas a golpe de decreto y acusaciones cruzadas en el Congreso de los Diputados. Ni la derecha ha querido abordar la reforma estructural de los mercados de origen ni la izquierda ha sabido tejer una red de protección eficaz que evite la asfixia del pequeño y mediano productor ante los costes de producción desbocados.
La ausencia de una política de Estado para el sector primario demuestra hasta qué punto el centrismo de las agendas gubernamentales está desconectado de la realidad territorial del país. Las dos grandes formaciones de la política española han supeditado el futuro de la tierra a los dictados de terceros, limitándose a actuar como meras ventanillas de tramitación de la burocracia europea sin imprimir un rumbo soberano a la producción nacional. La Política Agrícola Común se ha transformado en un laberinto normativo que penaliza la flexibilidad del pequeño agricultor mientras premia la acumulación latifundista y la especulación financiera, sin que ni desde Génova ni desde Ferraz se haya liderado una oposición firme para adecuar los criterios comunitarios a la geografía singular del campo peninsular.
El verdadero drama de este inmovilismo institucional estriba en que la solución exigía una alianza histórica que superase los colores de las siglas políticas. Un verdadero pacto de Estado por el campo habría requerido congelar el conflicto electoralista para abordar reformas de calado: la exención fiscal para el relevo generacional, la simplificación radical de la maraña administrativa, la garantía de precios justos en origen frente a la dictadura de la gran distribución y un plan nacional de infraestructuras que equiparase los servicios del medio rural con los del mapa urbano. Sin embargo, PP y PSOE han preferido instrumentar el malestar de los agricultores como un arma arrojadiza durante las campañas electorales para luego archivar las demandas del sector en el primer cajón de los ministerios en cuanto se apagaban los focos de las protestas.
Despoblación, incendios y dependencia exterior
Las consecuencias directas de esta inacción política no se miden únicamente en el saldo impositivo o en las frías tablas estadísticas de la balanza comercial. El vaciamiento progresivo de las zonas rurales arrastra consigo un encadenamiento de catástrofes interconectadas que comprometen la viabilidad ambiental, territorial y existencial de la propia España.
La primera de estas plagas es el avance imparable de la despoblación. Cuando la última explotación ganadera o agrícola del municipio echa el cierre por la jubilación sin relevo de su titular, la arquitectura social del pueblo se desmorona en cadena: se clausura la escuela, baja la persiana el último comercio y los servicios públicos de transporte y sanidad se repliegan hacia las cabeceras de comarca. El abandono de la actividad agraria constituye el combustible definitivo para la desertificación humana de miles de kilómetros cuadrados.
La segunda consecuencia de la retirada del campesinado es la vulnerabilidad absoluta del paisaje peninsular ante la lacra de las grandes olas de incendios forestales. Durante siglos, la agricultura y la ganadería extensiva actuaron como el cortafuegos natural por excelencia. El pastoreo de la cabaña ganadera mantenía limpios los montes, reducía la biomasa seca acumulada en los sotobosques e impedía la continuidad del matorral inflamable. El mosaico paisajístico tradicional, caracterizado por la alternancia de parcelas cultivadas, prados y masa forestal, interrumpía de manera natural la propagación del fuego. Hoy, la desaparición del pastor y la sustitución del cultivo por el monte abandonado han convertido la geografía de la España interior en un inmenso polvorín estival. Cuando las temperaturas extremas abrasan los campos desiertos, los incendios forestales ya no son emergencias apagables; se transforman en megaincendios incontrolables que devoran masas forestales históricas, destruyen biodiversidad y amenazan vidas humanas por la falta de un tejido agrícola que proteja el entorno.
Por último, el desmantelamiento de la estructura productiva interior precipita a la nación hacia una peligrosa y temeraria dependencia alimentaria de terceros países. Una sociedad que no produce lo que consume se convierte en rehén de los vaivenes del mercado global, de las crisis de suministros transfronterizos y de la inestabilidad de las rutas de importación. Al dejar morir por inanición económica a los productores locales, España se ve forzada a cubrir su cesta de la compra mediante la importación masiva de alimentos procedentes de países donde la normativa social, ambiental y sanitaria es sensiblemente más laxa que la exigida en el suelo europeo. Esta paradoja resulta intolerable: mientras el campesino local es estrangulado por exigencias regulatorias y costes insostenibles, las estanterías de los supermercados se llenan de productos importados a bajo coste cuyo cultivo devasta ecosistemas lejanos y no genera un solo euro de riqueza ni de empleo en los municipios de la Península.
La hipoteca de la seguridad nacional
El abandono deliberado del campo y la pérdida irreparable del tejido productivo agrario han dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza directa contra la seguridad nacional. La ceguera política de los principales partidos estatales ha impedido ver que la soberanía de una nación contemporánea no descansa exclusivamente en su capacidad militar o en sus indicadores financieros; descansa en la capacidad fundamental de sostener de forma autónoma la alimentación de sus ciudadanos y la integridad de su territorio.
El mapa del abandono en la España rural dibuja un escenario donde el Estado pierde progresivamente el control físico de sus provincias interiores. La desaparición de los agricultores deja kilómetros de territorio desprovistos de presencia humana continua, desarticulando la primera línea de vigilancia ambiental y protección civil contra desastres naturales. El costo de suplir con medios estatales la labor de conservación del paisaje que antes realizaban gratis ganaderos y agricultores resulta inasumible para las arcas públicas, generando una factura multimillonaria en servicios de extinción de incendios y restauración de ecosistemas que jamás logra reparar el daño estructural causado por el despoblamiento.
Paralelamente, la sumisión a la producción agrícola foránea expone a la población española a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales de materias primas. En un escenario de tensiones geopolíticas crecientes y alteraciones del clima global, confiar la alimentación de casi cincuenta millones de personas a la fluidez del comercio transfronterizo representa un acto de irresponsabilidad estratégica de consecuencias impredecibles. La falta de relevo generacional en la agricultura no es una simple anécdota demográfica; es la brecha por la que se filtra la vulnerabilidad de un país entero que renuncia a cuidar el suelo que pisa y a las manos que lo trabajan.
El juicio de la historia a una clase política ciega
El reloj biológico de la agricultura española ha entrado en su cuenta atrás definitiva. En menos de una década, la inmensa mayoría de ese casi cuarenta por ciento de productores que hoy superan los sesenta y cinco años se verá forzada a abandonar definitivamente la actividad por incapacidad física. Sin un plan de emergencia nacional que articule la entrega del testigo a las nuevas generaciones mediante facilidades de acceso al crédito, bonificaciones fiscales a la tierra e inversiones reales en el ecosistema rural, el paisaje agrícola de España se extinguirá en una sustitución traumática hacia la macroexplotación corporativa o el erial absoluto.
El juicio histórico sobre la clase política que ha ostentado el poder en las últimas décadas será inapelable. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista podrán alegar ignorancia ante las alarmas encendidas por las propias estadísticas de la Administración. Ambas formaciones han preferido alimentar la crispación mediática y el debate superficial antes que asumir la responsabilidad histórica de sentarse a firmar una estrategia de supervivencia nacional para el sector primario.
El campo español no pide caridad ni subsidios a la invalidez; exige dignidad, justicia distributiva en la cadena de valor y el reconocimiento constitucional de que su supervivencia es la condición indispensable para la continuidad de la propia España. Si las instituciones centrales no reaccionan de inmediato para romper la parálisis del bipartidismo, el silencio que hoy avanza por las carreteras secundarias de la España vaciada terminará por conquistar la totalidad del país, dejando tras de sí un territorio abrasado por el fuego, dependiente del exterior y despojado de su memoria y de su sustento.
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