El PP falsea a los historiadores para blindar monumentos franquistas

A veces, la política utiliza la burocracia no para aclarar las cosas, sino para envolverlas en una cortina de humo y cuando se trata de la memoria histórica en España, ese humo suele oler a naftalina y a papel oficial recién impreso.

Imaginen la escena por un segundo. Un investigador se pasa años metido en archivos oscuros, desempolvando actas municipales, revisando fotografías amarillentas y consultando documentos oficiales para escribir la historia rigurosa de la dictadura. Publica su libro. Gana premios. Y un buen día, mientras se toma un café, abre el Boletín Oficial de su comunidad autónoma y descubre con estupor que el Gobierno de turno lo cita como la gran autoridad científica para justificar... ¡exactamente lo contrario de lo que ha demostrado en su carrera!

Pues bien, según ha publicado El País, eso no es una hipótesis de ficción, es lo que les acaba de ocurrir a dos de los historiadores más respetados de este país.

Hablamos de César Rina, profesor titular de la UNED, y de Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de la Universidad de Granada y recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia de España. Ambos han contemplado con una mezcla de indignación y perplejidad cómo el Gobierno regional de Extremadura, presidido por María Guardiola y sostenido por la coalición del PP y Vox, utilizaba sus nombres y sus libros para blindar un monumento fascista.

Se trata de la afamada Cruz de los Caídos de Cáceres, erigida en la Plaza de América en mayo de 1938, en plena Guerra Civil, e inaugurada con todo el boato del régimen por Pilar Primo de Rivera. La Junta ha iniciado los trámites para declararla Bien de Interés Cultural (BIC) y evitar así que el Gobierno central la retire en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Pero lo escandaloso no es solo el intento de protección de la mole de piedra. Lo verdaderamente inaudito es la pirueta tramposa con la que han pretendido vestir el expediente de rigor académico.

La invención de un vacío en los archivos para blanquear el origen

Para entender el monumental enfado de estos dos profesores hay que leer la resolución redactada por la Consejería de Cultura extremeña. El texto administrativo sostiene, sin sonrojarse demasiado, que el monumento ha perdido su carga de exaltación franquista porque en 1984 el Ayuntamiento le retiró las inscripciones más agresivas, aquellas que rezaban «A los hijos de esta ciudad que dieron su vida por España. Una, Grande y Libre». Según la Junta, la cruz representa hoy un valor de concordia y de arquitectura "racionalista" digno de preservación nacional.

Ahí es donde meten con calzador a César Rina. El expediente oficial afirma sin despeinarse que Rina «ya se ocupó» de la cruz en su obra de 2012 y que en ella «lamentaba la pérdida de la documentación» sobre el origen del monumento. La maniobra sutil de la administración es clara: si no hay papeles suficientes, se puede inventar un velo de duda sobre su intencionalidad política original.

«¡Pero si es radicalmente falso!», se exclama Rina en una conversación con El País cargada de estupefacción. «¿Cómo voy a decir que falta documentación si en mi libro cito decenas de archivos municipales, actas de la época y periódicos que detallan paso a paso su construcción, sus costes y su inauguración? Si hasta la portada de mi libro es una fotografía enorme del desfile fascista el día que la bendijeron. Se han inventado un vacío archivístico que no existe para restarle carga franquista al monumento».

En realidad, lo único que Rina mencionaba como extraviado en su trabajo era un álbum de fotos de regalo que el consistorio de la época le hizo a la Sección Femenina. Una anécdota irrelevante dentro de una montaña de pruebas documentales. Sin embargo, la burocracia regional prefirió coger esa pequeña frase, retorcerla hasta deformarla y usarla como coartada para proclamar que el origen del monolito es un misterio casi poético.

La pirueta del 'racionalismo'

Si lo de Rina es grave, lo sufrido por Miguel Ángel del Arco roza el esperpento conceptual.

En el anexo del expediente, la Junta cita entrecomillados del libro de Del Arco, Cruces de memoria y olvido, donde el historiador describe los rasgos de «clasicismo, austeridad y monumentalidad» de la arquitectura de posguerra. Pero la resolución añade de su propia cosecha una palabra mágica: asegura que esas características aproximan la cruz al "racionalismo".

Cualquiera que haya estudiado un poco de historia del arte o de la arquitectura sabe lo que eso significa. Al etiquetar el monumento como "racionalista", la administración le otorga un barniz de modernidad y valor artístico que justificaría de sobra su protección como Bien de Interés Cultural.

El problema, y es un problema enorme, es que la investigación del propio Del Arco demuestra exactamente lo contrario.

«El régimen franquista aborrecía el racionalismo», aclara Del Arco a El País con la voz tranquila de quien se conoce los documentos de memoria pero con el enfado lógico del autor manipulado. «Para los arquitectos del régimen, el racionalismo era una corriente 'marxista, decadente y antiespañola'. El propio arquitecto oficial de la dictadura, Pedro Muguruza, llegó a dejar escrito que el racionalismo y el marxismo eran la misma cosa. Mi libro demuestra precisamente que estas cruces no tienen nada que ver con el racionalismo. Y la Junta usa un fragmento de mi texto para colar justo la tesis opuesta y vender la cruz como si fuera una obra de vanguardia».

Es decir, se ha utilizado la firma de uno de los mayores expertos del país sobre las cruces de los caídos para colar una mentira de bulto que el propio historiador ha desmentido en sus publicaciones. Para Rina, el chiste se cuenta solo: «Leyendo la descripción de la Junta, uno piensa que está ante la Plaza de San Marcos de Venecia... y en realidad es una cruz de piedra gris plantada en mitad de una rotonda de tráfico».

La mutilación del dolor

Aun así, lo más doloroso para ambos investigadores no es solo que hayan entrecomillado mal sus textos o que hayan forzado los términos artísticos. Lo que verdaderamente califica la jugada del Gobierno autonómico de PP y Vox es lo que han decidido ocultar de manera deliberada. Lo que borraron del mapa.

Ninguno de los dos libros aparece citado en las partes donde concluyen, con rotundidad científica, que la Cruz de los Caídos de Cáceres es una herida abierta para las víctimas de la represión.

Se silencia, por ejemplo, que el libro de Miguel Ángel del Arco recoge las peticiones históricas de las asociaciones de memoria de las víctimas republicanas para trasladar el monolito al cementerio. Se silencia que el texto define la cruz como una «memoria ofensiva y excluyente» que jamás ha representado a la totalidad de los cacereños.

Se oculta también que el trabajo de César Rina demostró que el lugar fue, durante toda la Transición y hasta bien entrada la democracia, el escenario predilecto de la ultraderecha para realizar ofrendas florales y cantar el Cara al Sol en cada aniversario de la muerte de Franco.

Nada de eso interesa a la redacción del expediente. Para la Junta, de forma conveniente, las conmemoraciones franquistas en la plaza «parece que decayeron» tras los años cuarenta. Una afirmación que los datos históricos desmienten categóricamente.

El rigor académico dice 'basta'

Frente a esta maniobra política, los dos historiadores han decidido no quedarse de brazos cruzados. No se trata solo de una cuestión de orgullo profesional; es una defensa numantina de la ética de la investigación frente al manoseo político.

Tanto Rina como Del Arco han presentado alegaciones formales contra el expediente de la Junta de Extremadura. Del Arco lo dice con cierta ironía amarga: «En realidad, en mis alegaciones me bastaba con adjuntar un ejemplar completo de mi libro, porque el propio libro desmonta de la primera a la última página todas las premisas de la resolución».

Por su parte, la Consejería de Cultura se ha defendido por escrito asegurando que los nombres de los profesores figuran únicamente como «meras fuentes historiográficas» para contextualizar el monumento, y que la decisión de declararlo BIC se apoya en informes firmados por otros técnicos. Sin embargo, el departamento no ha respondido a la pregunta clave: si piensa pedir disculpas públicas a los investigadores o rectificar el texto publicado en el boletín oficial.

Lo que ha ocurrido en Cáceres no es una simple anécdota de provincia. Es un aviso para navegantes sobre cómo el poder político puede intentar asaltar las aulas y los libros de historia para reescribir el pasado a conveniencia.

Cuando los gobernantes necesitan robar las citas de los científicos para defender los símbolos de una dictadura, lo que queda al descubierto no es el valor patrimonial de una mole de piedra, sino la profunda debilidad de sus propios argumentos.