El Partido Popular ha convertido este lunes la crisis de Ceuta en uno de los principales escenarios de su ofensiva política contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, Juan Jesús Vivas e Isabel Díaz Ayuso han elevado considerablemente el tono contra el Gobierno y contra Marruecos durante el acto organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, al que acudió buena parte del poder territorial del PP para arropar al presidente ceutí.
La cita tenía como protagonista a Vivas y como asunto central la situación que atraviesa Ceuta después de la entrada masiva de decenas de miles de personas los días 30 y 31 de julio, pero terminó convertida también en una demostración de fuerza del Partido Popular y en una sucesión de acusaciones de enorme gravedad política cuya solidez no siempre estuvo acompañada por pruebas equivalentes.
Investigar hasta el final la posible responsabilidad de Marruecos es imprescindible. También lo es conocer qué sabía el Gobierno español, qué avisos recibieron Interior, los servicios de inteligencia y La Moncloa y por qué la respuesta estatal se desarrolló como lo hizo. Otra cosa muy distinta es transformar indicios en certezas, sospechas en hechos acreditados y preguntas todavía abiertas en una explicación cerrada políticamente conveniente. Eso es precisamente lo que empieza a hacer el PP.
Feijóo insinúa un plan para arrancar una «cesión» a España
La afirmación más grave de la jornada salió de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP sostuvo que la reacción de Juan Jesús Vivas habría frustrado «un plan» que comenzaba con una «invasión», continuaba con la «resignación» y terminaba «con algún tipo de cesión al país vecino».
No es una acusación menor. Lo que está sugiriendo el líder de la oposición es la posible existencia de una estrategia de Marruecos destinada a presionar territorialmente a España hasta conseguir alguna contrapartida política.
Pero Feijóo no explicó qué cesión sería esa, quién la habría negociado, qué evidencia acredita su existencia ni qué relación concreta existe entre la entrada masiva en Ceuta y ese supuesto desenlace.
El PP tiene todo el derecho a exigir que se investigue la actuación de Marruecos y a reclamar la comparecencia de la directora del CNI. Lo que resulta mucho más problemático es presentar ante la opinión pública la existencia de un plan de cesión como una hipótesis prácticamente construida cuando todavía no se han aportado pruebas que permitan afirmarlo.
La diferencia entre una oposición exigente y una política basada en la insinuación es precisamente esa.
Vivas señala directamente a Marruecos
Juan Jesús Vivas tampoco dejó demasiado espacio para la duda. «Estoy convencido de que detrás del golpe está Marruecos», afirmó el presidente de Ceuta, que considera que Rabat utilizó deliberadamente la presión migratoria para desestabilizar la ciudad y poner en cuestión la capacidad española para proteger su frontera.
Su posición merece ser escuchada especialmente porque Vivas gobierna el territorio directamente afectado y ha vivido la crisis sobre el terreno. Además, existen imágenes e informes policiales sobre el comportamiento de la Gendarmería marroquí que justifican investigar hasta dónde llegó la responsabilidad de Rabat.
Pero una investigación debe precisamente determinar aquello que todavía no está demostrado.
Vivas puede tener la convicción política de que Marruecos estuvo detrás. El Gobierno, en cambio, tiene la obligación institucional de poder demostrarlo antes de atribuir formalmente a otro Estado la organización de una operación contra la integridad territorial española.
Esa diferencia no convierte automáticamente la prudencia en sometimiento.
El giro de Vivas sobre las devoluciones de menores
La posición actual del presidente ceutí plantea además una contradicción que el PP debería explicar mejor. Vivas reclama ahora que quienes entraron irregularmente los días 30 y 31 de julio regresen a Marruecos y presenta esa salida como condición indispensable para recuperar la normalidad de Ceuta.
Sin embargo, cuando Vox exigía en 2024 la devolución de menores extranjeros no acompañados, el presidente ceutí calificaba aquella solución de «inviable» y rechazaba expresamente el planteamiento de la extrema derecha.
Vivas argumenta ahora que la situación ha cambiado por la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo y por el carácter excepcional de lo ocurrido en Ceuta. Es cierto que el contexto es distinto. Lo que no ha desaparecido son las garantías jurídicas.
Los menores no pueden ser enviados colectivamente al otro lado de una frontera simplemente mediante una decisión política. La normativa europea continúa colocando el interés superior del menor en el centro del procedimiento y exige comprobar las circunstancias de cada caso, la posibilidad de reagrupamiento familiar y las garantías de recepción.
Por tanto, reclamar retornos legales es perfectamente defendible. Convertirlos en una operación automática que depende únicamente de «voluntad política» simplifica una realidad jurídica bastante más compleja.
Ayuso introduce el yihadismo en el debate sobre Ceuta
Isabel Díaz Ayuso decidió ir todavía un paso más allá. La presidenta madrileña se preguntó quiénes habían entrado en Ceuta, con qué antecedentes y de qué manera, y recordó inmediatamente después que España se encuentra en alerta antiterrorista por la amenaza yihadista.
La seguridad y la identificación de quienes atraviesan irregularmente una frontera son cuestiones legítimas y el Estado debe conocer quién entra en territorio español. Pero introducir el yihadismo en este debate produce inevitablemente una asociación entre la entrada masiva y el terrorismo que necesitaría pruebas.
Ayuso no aportó ninguna que demuestre que la operación de finales de julio estuviera vinculada a células yihadistas o que entre quienes entraron existiera una infiltración terrorista organizada.
El mecanismo político es conocido: primero se habla de inmigración irregular, después de invasión, posteriormente de una operación de Marruecos, a continuación de una hipotética cesión territorial y finalmente aparece el terrorismo.
Cada salto aumenta la alarma. No necesariamente la información disponible.
El PP olvida ahora su propia política hacia Marruecos
Existe además una contradicción histórica difícil de esconder. El Partido Popular que hoy presenta cualquier prudencia frente a Marruecos como debilidad gobernó España durante años defendiendo exactamente la necesidad de mantener una relación estratégica con Rabat.
José María Aznar hablaba en 1999 de cooperación, amistad sólida y confianza entre España y Marruecos. Mariano Rajoy se declaró años después amigo del país vecino, respaldó las reformas de Mohamed VI y calificó la colaboración migratoria entre ambos Estados de excelente.
Eran gobiernos del Partido Popular.
Aquello no convierte en correcta cualquier decisión adoptada actualmente por Sánchez respecto a Marruecos. Tampoco impide al PP cambiar de política si considera que las circunstancias han cambiado.
Pero sí obliga a cierta coherencia cuando se acusa al Gobierno actual de subordinación simplemente por defender que España necesita mantener relaciones de buena vecindad con Rabat.
Lo que ayer era «cooperación estratégica» no puede convertirse automáticamente en «claudicación» porque haya cambiado el partido que ocupa La Moncloa.
Ceuta necesita respuestas, no solamente un relato contra Sánchez
El Gobierno tiene cuestiones importantes que aclarar. Debe explicar con absoluta transparencia qué información recibió antes del 30 de julio, qué ocurrió con los avisos policiales, cuál fue la información disponible para el CNI, por qué determinadas decisiones tardaron semanas y qué estrategia piensa seguir con Marruecos después de una crisis que ha demostrado la extraordinaria vulnerabilidad de la frontera.
Eso forma parte del control democrático.
Pero la tesis de que el Estado simplemente abandonó Ceuta tampoco describe correctamente todo lo sucedido. Tras la entrada masiva se desplegaron policías, guardias civiles, militares, sanitarios, funcionarios de Extranjería y recursos extraordinarios; miles de personas regresaron a Marruecos y el Ejecutivo ha movilizado cientos de millones de euros para afrontar la emergencia y la recuperación económica de la ciudad.
Puede discutirse si fue suficiente. Puede discutirse si llegó tarde. Puede exigirse una respuesta mejor.
Decir que no existió respuesta es otra cosa.
Ceuta se convierte en el nuevo gran campo de batalla del PP
Lo sucedido este lunes en Madrid confirma que la crisis de Ceuta ya no es únicamente una emergencia migratoria, humanitaria, diplomática y de seguridad. También se ha convertido en una pieza fundamental de la estrategia política del Partido Popular.
No fue casual la presencia de buena parte de sus presidentes autonómicos alrededor de Vivas. Tampoco lo fue la intervención de Ayuso ni la intensidad del discurso de Feijóo. El PP quiere que Ceuta se convierta en una prueba general contra Pedro Sánchez: de su política migratoria, de su relación con Marruecos, de su política exterior y, en último término, de su capacidad para gobernar.
Eso forma parte de la confrontación política legítima. Lo que no debería formar parte de ella es presentar como demostrado lo que todavía debe investigarse. Marruecos debe explicar su actuación. El Gobierno español debe explicar la suya. Los informes de inteligencia deben conocerse en los ámbitos institucionales correspondientes y deberán determinarse las responsabilidades que existan.
Pero entre exigir la verdad y construirla anticipadamente existe una diferencia fundamental. Y el Partido Popular, después de la jornada de este lunes, se encuentra peligrosamente cerca de cruzarla.
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