Isabel Díaz Ayuso ha encontrado en OKdiario un escenario donde puede ejercer de presidenta del Gobierno imaginaria sin responder a las preguntas que le corresponden como presidenta real de la Comunidad de Madrid. En la entrevista publicada el 7 de septiembre, Eduardo Inda le plantea si rompería relaciones con Marruecos y ella responde afirmativamente mientras persista la situación descrita. No explica las consecuencias, los instrumentos diplomáticos ni qué haría al día siguiente. El titular está conseguido; la política exterior queda pendiente.
La conversación permite observar cómo se construye una polémica sin someter sus premisas a examen. El entrevistador introduce acusaciones, propone conclusiones y ofrece a la entrevistada sucesivas oportunidades para ratificarlas. Cuando llegan las cuestiones incómodas sobre el poder autonómico, el rigor pierde intensidad. El ático aparece en la introducción para desvincular personalmente a Ayuso de su compra y ocupación, pero no se pregunta por la responsabilidad de su Gobierno en la operación realizada por una empresa pública.
Qué supondría romper relaciones con Marruecos
Romper relaciones con Marruecos no es jurídicamente imposible. Sostenerlo debilitaría la crítica. Lo que Ayuso no puede hacer es decidirlo desde la Presidencia de la Comunidad de Madrid: la Constitución reserva las relaciones internacionales al Estado y atribuye al Gobierno la dirección de la política exterior. Ella contesta a una hipótesis sobre otro cargo, sin presentar un programa que permita evaluar su respuesta.
La irresponsabilidad reside en vender la ruptura como una demostración de autoridad cuyo precio nadie calcula. El intercambio comercial entre España y Marruecos superaba los 22.500 millones de euros anuales, según los datos publicados por el Ministerio de Economía en febrero de 2025. Hay empresas, trabajadores y relaciones económicas que merecen algo más que una frase contundente durante una visita al circuito de Fórmula 1. Datos del Ministerio de Economía.
Una ruptura diplomática no supondría automáticamente cancelar todo ese comercio. Precisamente por eso es necesario explicar su alcance: qué canales se mantendrían, cómo se protegerían los intereses españoles y cómo se negociaría con Rabat la cooperación que la propia Ayuso exige. La entrevista no desarrolla ninguna de esas cuestiones. Promete contundencia y evita su examen.
Las acusaciones contra Sánchez que la entrevista no demuestra
El pasaje sobre el supuesto sometimiento de Sánchez a Marruecos retrata el método. Ayuso afirma que el presidente está condicionado por algo que sospechan, pero que no identifica. Inda le ofrece entonces posibles explicaciones relacionadas con el teléfono móvil, intereses ocultos o negocios. Ella añade que teme que exista un motivo personal.
El resultado es una acusación gravísima construida mediante conjeturas. No aparecen documentos, testimonios identificados ni pruebas de un chantaje. La sospecha ocupa el lugar de la investigación y la pregunta sirve para reforzarla.
Sucede algo parecido cuando se plantea que Sánchez podría manipular las elecciones mediante la llamada Ley de Nietos. El entrevistador da por supuesto que los descendientes de exiliados constituyen un voto seguro para el Gobierno. Ayuso enlaza esa premisa con regularizaciones, nacionalidad y censos electorales, como si fueran procedimientos intercambiables.
Regularizar la residencia no concede por sí mismo el derecho a votar en elecciones generales. La Constitución distingue los derechos políticos de los españoles y la excepción del sufragio municipal para extranjeros en determinadas condiciones. Convertir la incorporación de ciudadanos al censo en una sospecha de fraude requiere demostrar irregularidades; no basta con imaginar a quién votarán. Artículo 13 de la Constitución.
La publicidad institucional que recibe OKdiario de la Comunidad de Madrid
El contexto económico del medio también merece escrutinio. Diario Red publicó que OKdiario recibió alrededor de 1,5 millones de euros en publicidad institucional de la Comunidad de Madrid entre 2021 y 2024, a partir de una recopilación de los planes de medios. Son contratos publicitarios, no una categoría genérica de subvenciones.
Ese dato no demuestra que esta entrevista fuera pagada ni que existiera un acuerdo para orientar sus preguntas. Sí justifica examinar la distancia crítica de un medio que recibe recursos de la Administración a cuya presidenta entrevista. La Comunidad sostiene que el reparto responde a criterios técnicos como audiencia, cobertura y frecuencia. Esa explicación debe poder contrastarse con los contratos y sus resultados.
El problema periodístico se aprecia sin inventar una contraprestación: las preguntas contienen elogios al circuito, descalificaciones de adversarios y presupuestos acusatorios que apenas encuentran resistencia. La fiscalización del poder acaba convertida en acompañamiento.
El boicot de Ayuso que las comunidades del PP no secundaron
La exhibición de autoridad coincide con un revés concreto dentro de su partido. Madrid quedó como la única autonomía ausente del Consejo de Política Fiscal y Financiera después de intentar que las comunidades del PP secundaran su plante. Las demás acudieron para defender su rechazo al modelo.
No significa que el PP haya roto con ella. Significa algo más preciso y políticamente revelador: sus compañeros no asumieron su estrategia. La capacidad de producir titulares no le garantizó capacidad para dirigir a los gobiernos autonómicos populares.
También Feijóo reclamó explicaciones a la Administración madrileña sobre la compra del ático y su uso como oficina. La pregunta pendiente no procede, por tanto, exclusivamente de los adversarios a quienes Ayuso acusa de perseguirla.
Fórmula 1: de prometer cero coste a justificar una aportación pública
La entrevista contiene otra contradicción que merecía una repregunta. Ante la promesa de que el Gran Premio no costaría dinero al contribuyente, Ayuso responde que puede mantenerla, pero inmediatamente abre la puerta a justificar una aportación pública si fuera necesaria.
Las previsiones de impuestos y actividad económica no resuelven esa contradicción: un proyecto puede generar ingresos y necesitar financiación pública. Lo exigible es conocer las obligaciones, los riesgos y quién responde si las cuentas fallan.
Ahí está el balance de la conversación: firmeza imaginaria ante Marruecos, sospechas sin demostrar contra Sánchez y flexibilidad cuando se trata del dinero público madrileño. Ayuso puede fantasear con las decisiones que tomaría en La Moncloa. Los ciudadanos tienen derecho a exigirle respuestas sobre las que ya toma en Madrid.
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