La Audiencia Nacional instruye bajo estricto secreto de sumario una de las causas más delicadas y con mayor alcance político de los últimos años. El juez Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción analizan una supuesta trama documental que vincula la presunta comercialización opaca de petróleo venezolano con las finanzas del PSOE. El elemento central sobre el que giran las últimas pesquisas es, tal y como ha publicado El Mundo un contrato presuntamente simulado por valor de quince millones de euros, aportado a la justicia por el empresario Víctor de Aldama, que habría servido para encubrir comisiones ilegales procedentes de PDVSA.
La investigación busca determinar si estos fondos, junto con entregas periódicas de dinero en efectivo, acabaron nutriendo las cuentas del PSOE de Pedro Sánchez y de la propia Internacional Socialista.
El origen de este avance procesal se encuentra en las declaraciones prestadas por Aldama en la pieza secreta del caso. El empresario, condenado previamente pero beneficiado con la suspensión de la pena tras colaborar de forma constante con la Justicia, ha detallado ante el magistrado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García presuntamente le solicitaron de manera urgente conseguir fondos para el partido. Siempre según el testimonio de Aldama, gestionó personalmente la petición con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien habría facilitado una licencia para comercializar seis millones de barriles de crudo valorados en 249 millones de dólares.
Los informes de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa siguen la pista a un complejo entramado de triangulación internacional ideado para eludir los controles bancarios. De acuerdo con el relato del comisionista, una primera remesa de 5 millones de dólares procedente de la petrolera venezolana fue canalizada a través de sociedades con escala en la Federación de Rusia. De esa suma, al menos 300.000 euros se ingresaron en cuentas españolas antes de ser retirados en efectivo y entregados en mano a Koldo García.
En paralelo, la sociedad Apamate Corporate and Trust, controlada por el empresario venezolano Francisco Flores, figura en la causa como el instrumento mercantil utilizado para camuflar los 15 millones de euros comprometidos. Mientras desde Caracas se niegan rotundamente estas acusaciones y se han anunciado acciones legales contra Aldama por injurias, los investigadores siguen detectando descuadres en la documentación contable entregada por el PSOE, investigando además si la sede de Ferraz acogió presuntas prácticas de blanqueo mediante el fraccionamiento de donaciones procedentes tanto del crudo como de comisiones de constructoras adjudicatarias de obra pública.
Más allá de las implicaciones penales y tributarias, el sumario judicial pone el foco en la posible influencia que estas operaciones monetarias habrían tenido en la orientación diplomática del Ejecutivo central. Los agentes analizan la coincidencia temporal entre el trasiego de fondos y una serie de reuniones discretas celebradas en Madrid entre altos cargos del régimen venezolano y la cúpula del Ministerio de Transportes.
En esos encuentros, representantes de Caracas habrían supuestamente solicitado formalmente la apertura de canales de comunicación permanentes y el rechazo institucional a la figura del opositor Juan Guaidó. Las decisiones posteriores del Gobierno, que incluyeron el distanciamiento de la oposición democrática venezolana y la negativa a reunirse formalmente con sus representantes, forman parte de las presuntas contraprestaciones que la Audiencia Nacional intenta acreditar.
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