Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido este martes como testigo ante el Juzgado de Instancia número 25 de Madrid dentro de la investigación abierta contra el jefe de Gabinete de la presidenta autonómica, Miguel Ángel Rodríguez. El procedimiento pretende determinar las circunstancias en las que fueron difundidos la fotografía y los datos identificativos de dos periodistas que realizaban un trabajo informativo en marzo de 2024.
La declaración había sido acordada por la magistrada instructora al considerar que podía aportar información relevante para reconstruir el recorrido seguido por la imagen antes de que fuera distribuida por Rodríguez entre un grupo de periodistas.
El recorrido de la fotografía centra la investigación
Durante su declaración, González Amador explicó que fue él quien remitió la fotografía a Miguel Ángel Rodríguez después de haberla recibido previamente de un vecino del inmueble donde reside junto a la presidenta madrileña. Según fuentes presentes en la declaración, también indicó que ese mismo vecino le había enviado otras imágenes relacionadas con la presencia de periodistas en las inmediaciones del edificio.
Con esta explicación coincide, en lo esencial, con la versión que anteriormente ofreció Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen inmediato de la fotografía.
Sin embargo, la instrucción continúa tratando de determinar cómo fue obtenida inicialmente esa imagen y cuál fue el origen de los datos personales que posteriormente acompañaron a la fotografía difundida.
Las razones de la citación judicial
En el auto por el que acordó esta diligencia, la jueza afirmó que la declaración de González Amador resultaba "necesaria, proporcional y pertinente" para esclarecer "de qué fuente de información parten los datos personales y de imagen" de los dos periodistas afectados.
La resolución también recoge varios elementos que la magistrada considera relevantes para continuar la investigación. Entre ellos figura que los periodistas manifestaron que los agentes policiales que los identificaron no realizaron fotografías durante la actuación. Asimismo, la jueza señala que la imagen posteriormente difundida parecía tomada desde un punto elevado, circunstancia que forma parte de las cuestiones que todavía deben aclararse durante la instrucción.
El origen del procedimiento
La investigación tiene su origen en unos hechos ocurridos el 19 de marzo de 2024. Ese día, dos periodistas del diario El País realizaban una información relacionada con la vivienda que comparten Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador cuando fueron identificados por un agente de paisano perteneciente al dispositivo policial encargado de la seguridad de la presidenta autonómica.
Horas después, Miguel Ángel Rodríguez distribuyó en un chat integrado por periodistas una fotografía de ambos informadores junto con sus nombres y apellidos. En ese mismo mensaje afirmó que estaban "acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".
Ese envío constituye el hecho que dio lugar a la apertura de las diligencias judiciales actualmente en curso.
La explicación ofrecida por miguel ángel rodríguez
Durante su comparecencia como investigado, Miguel Ángel Rodríguez negó que la información procediera de la Policía.
Al llegar al juzgado manifestó que la fotografía le había sido enviada por "un vecino enfadado". Posteriormente explicó que quien realmente se la había reenviado era Alberto González Amador, después de haberla recibido de ese vecino.
El jefe de Gabinete también sostuvo que ya conocía previamente la identidad profesional de ambos periodistas y rechazó que su actuación pudiera constituir un delito de revelación de secretos.
La declaración prestada este martes por González Amador mantiene esa misma secuencia respecto al intercambio de la fotografía entre ambos.
Otras diligencias descartadas
Durante la instrucción también se solicitaron otras actuaciones dirigidas a ampliar la investigación. Entre ellas figuraban el análisis del teléfono móvil de Miguel Ángel Rodríguez y la incorporación de determinadas comunicaciones mantenidas durante aquella jornada.
La magistrada decidió no acordar esas diligencias al considerar que, en el estado actual del procedimiento, no resultaban necesarias para continuar con la investigación de los hechos.
Una investigación aún abierta
La declaración de Alberto González Amador constituye una nueva diligencia dentro de una investigación que todavía no ha concluido. Corresponderá ahora a la jueza valorar conjuntamente las declaraciones prestadas, la documentación incorporada al procedimiento y el resto de pruebas practicadas antes de decidir si existen indicios suficientes para continuar el proceso o acordar su archivo.
Mientras tanto, la principal cuestión pendiente continúa siendo establecer cómo se obtuvo originalmente la fotografía difundida y cuál fue la procedencia de los datos personales de los dos periodistas cuya identidad apareció en el mensaje distribuido por Miguel Ángel Rodríguez. Esa respuesta será uno de los elementos centrales para determinar si los hechos investigados tienen relevancia penal o si la actuación se ajustó a la legalidad vigente.