La declaración judicial de Miguel Ángel Rodríguez ha dejado mucho más que una simple contradicción. Lo ocurrido este miércoles en los juzgados de Madrid ha vuelto a colocar en el centro del debate una forma de ejercer el poder político basada en la presión, la confrontación y el señalamiento público de periodistas que investigan asuntos incómodos para el entorno de Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de gabinete de la presidenta madrileña y una de las figuras más agresivas de la comunicación política española, acudió a declarar como investigado por un presunto delito de revelación de secretos tras haber difundido la fotografía y los nombres de dos periodistas de El País que estaban investigando posibles irregularidades urbanísticas en la vivienda donde residen Ayuso y su pareja, Alberto González Amador.
Contradicciones
Pero lo que pretendía ser una declaración exculpatoria terminó convirtiéndose en una sucesión de contradicciones difíciles de explicar. Antes de entrar al juzgado, Rodríguez aseguró que la imagen le había llegado de un “vecino enfadado” porque los periodistas supuestamente habían molestado a menores de edad del edificio. Apenas una hora después, al salir de declarar, modificó radicalmente su versión: ya no era un vecino quien le había enviado la fotografía, sino González Amador, pareja de Ayuso.
La rectificación no es menor. Supone reconocer que la imagen salió directamente del círculo más íntimo de la presidenta madrileña y no de un ciudadano anónimo indignado, como había intentado sostener inicialmente. La explicación posterior tampoco disipó las dudas. Rodríguez alegó que “se había expresado mal” porque no creía que muchos vecinos tuvieran su número de teléfono. Una afirmación que lejos de aclarar el origen de la filtración aumentó la sensación de improvisación y nerviosismo.
La criminalización del periodismo incómodo
El caso no gira únicamente en torno a una fotografía. Lo realmente grave es el contexto en el que se difundió esa imagen y el mensaje político que la acompañó.
Los dos periodistas estaban realizando una investigación sobre unas obras ejecutadas en la vivienda vinculada a González Amador, obras que acabaron derivando en sanciones urbanísticas y en una intensa polémica política. Mientras desarrollaban su trabajo, fueron identificados por un policía nacional de paisano perteneciente al dispositivo de seguridad de la presidenta regional.
Horas después, desde el entorno de Ayuso se distribuyó entre periodistas y medios un mensaje incendiario acompañado de la fotografía y los nombres de los reporteros. En ese texto se acusaba a los periodistas de “acosar” a vecinos y menores y se hablaba incluso de comportamientos “habituales en dictaduras”. También se insinuaba una falta de actuación policial y se intentaba construir un relato de persecución política contra la presidenta madrileña.
Sin embargo, aquella supuesta gravedad nunca se tradujo en denuncia alguna. El propio Rodríguez lo reconoció ahora ante el juez: no existía delito. “Yo no he denunciado ningún delito”, admitió finalmente.
La secuencia resulta demoledora. Primero se señala públicamente a periodistas identificados mientras investigaban a la pareja de una dirigente política. Después se distribuyen sus datos y su fotografía junto a acusaciones extremadamente graves. Y finalmente se reconoce que no había conducta delictiva alguna.
Todo ello mientras varios medios digitales amplificaban la versión lanzada desde el entorno de Ayuso sin apenas contraste ni verificación.
El ático, las obras y los 350.000 euros
La investigación periodística que provocó la reacción del equipo de Ayuso estaba relacionada con las obras realizadas en el inmueble de González Amador en el distrito madrileño de Chamberí.
Según la información que posteriormente fue saliendo a la luz, las obras afectaban a dos viviendas unificadas: el piso adquirido por el empresario y un ático superior que entonces pertenecía a su abogado y por el que pagaban unos 5.000 euros mensuales. El Ayuntamiento ordenó en dos ocasiones la paralización de las obras, pero estas continuaron ejecutándose igualmente.
El caso terminó derivando en sanciones urbanísticas y en un proceso político y judicial mucho más amplio, especialmente después de conocerse la investigación de la Fiscalía sobre un presunto fraude fiscal de alrededor de 350.000 euros atribuido a González Amador.
Es precisamente en ese momento de máxima presión mediática cuando se produce la identificación de los periodistas y la posterior difusión de sus datos.
La Audiencia Provincial consideró que existían elementos suficientes para reabrir la investigación contra Rodríguez y ordenar averiguar “cómo, cuándo y por qué” llegaron a sus manos los datos de los periodistas y si efectivamente los divulgó.
Aunque la investigación no se dirige contra los policías que identificaron a los reporteros, la duda sobre el uso de información obtenida mediante recursos públicos continúa planeando sobre el caso.
El método MAR
La comparecencia judicial ha vuelto a poner el foco sobre el conocido “método MAR”, las siglas con las que desde hace años se conoce la estrategia política y comunicativa diseñada por Miguel Ángel Rodríguez.
El veterano asesor político ha construido buena parte de su influencia sobre una comunicación basada en la polarización permanente, la presión mediática y el ataque frontal a periodistas, rivales políticos o instituciones incómodas.
Su estilo no es nuevo. Lo preocupante para muchos sectores democráticos es que ese modelo haya terminado normalizando prácticas cada vez más agresivas desde el corazón de una administración pública.
El hecho de que un jefe de gabinete de una presidenta autonómica difundiera la imagen y los nombres de periodistas que investigaban a su entorno ya era de enorme gravedad política. Que además cambie su versión en cuestión de minutos ante la prensa y termine admitiendo que no existía delito alguno agrava todavía más la sensación de arbitrariedad y utilización partidista del poder.
Paradójicamente, Rodríguez está siendo investigado por un delito de revelación de secretos, el mismo tipo penal utilizado en otro de los grandes choques políticos recientes: la causa contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.
Mientras tanto, Ayuso continúa de viaje institucional en México defendiendo públicamente cómo “mueren las democracias”. Una frase que, vista desde Madrid y tras la declaración contradictoria de su jefe de gabinete, adquiere una dimensión especialmente incómoda para el propio Gobierno autonómico. Está previsto además que Miguel Ángel Rodríguez viaje para reunirse con la presidenta madrileña en plena tormenta política y judicial por la difusión de los datos de los periodistas.