Casi seis años después del estallido de la pandemia, el caso de las residencias de mayores en Madrid sigue revelando capas incómodas de responsabilidad política. La reciente admisión de Carlos Mur, ex alto cargo de la Consejería de Sanidad, de que, tal y como ha publicado El País, “muy probablemente” hubo negligencias en la gestión de la covid, no es una anécdota tardía ni una confesión marginal, sino una grieta más en el relato construido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que durante años ha negado cualquier fallo sistémico en una de las mayores tragedias sociales de la historia reciente de España.
Mur no es un testigo cualquiera. Fue el arquitecto administrativo de los protocolos que limitaron de forma drástica la derivación hospitalaria de miles de ancianos desde las residencias madrileñas. Protocolos que, en la práctica, establecieron un triaje basado en la dependencia física o cognitiva, y que cerraron la puerta de los hospitales a una población especialmente vulnerable en el momento más crítico de la pandemia. Su reconocimiento de que la política fracasó no cuestiona solo decisiones técnicas, sino la lógica política que las sustentó.
El núcleo del problema no fue únicamente el contenido de los protocolos, sino la contradicción estructural sobre la que se construyeron. La restricción del acceso hospitalario se justificó bajo la promesa de una medicalización de las residencias mediante refuerzos de Atención Primaria. Sin embargo, esos recursos nunca llegaron. Fueron absorbidos por el hospital de campaña de Ifema, el proyecto emblemático de Ayuso, concebido más como símbolo de capacidad de mando que como respuesta integrada al sistema sociosanitario. Más de mil profesionales fueron desviados al recinto ferial mientras las residencias quedaban abandonadas a su suerte.
La admisión de Mur apunta directamente a ese vacío. La falta de médicos, enfermeras y medios básicos no fue un accidente inevitable de la pandemia, sino el resultado de una decisión política consciente. Priorizar Ifema significó retirar personal de los dispositivos que atendían a las residencias y cerrar servicios de urgencias de barrio que actuaban como red de apoyo. El resultado fue una cadena de omisiones que convirtió a muchos centros en espacios de confinamiento sin atención adecuada, donde la mortalidad se disparó sin posibilidad real de derivación.
Desde una perspectiva política, el caso revela un patrón reconocible en la gestión de crisis del Gobierno madrileño. La insistencia en negar responsabilidades, el desplazamiento del foco hacia debates identitarios y la deslegitimación sistemática de las asociaciones de víctimas forman parte de una estrategia de defensa del poder más que de un ejercicio de rendición de cuentas. Ayuso ha respondido reiteradamente a las familias con acusaciones de manipulación política, mientras eludía el fondo de la cuestión: si el Estado autonómico discriminó en el acceso a la sanidad pública durante la pandemia.
La dimensión judicial del caso ha ido ganando peso precisamente porque el terreno político fue clausurado. La imputación de Mur y de otros exresponsables por un presunto delito de discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria introduce un elemento nuevo y potencialmente disruptivo. Ya no se trata solo de evaluar decisiones en un contexto de emergencia, sino de determinar si se vulneraron principios básicos del Estado de derecho y de la igualdad ante los servicios públicos.
El testimonio de los profesionales sanitarios que trabajaron en las residencias completa un cuadro difícil de relativizar. Falta de material, ausencia de cobertura médica continuada, improvisación extrema y una sensación persistente de abandono institucional. Estas condiciones no encajan con la narrativa de una gestión ejemplar, sino con la de un sistema sacrificado en nombre de una estrategia política centralizada y comunicativamente eficaz.
El caso de la residencia Amavir Valdebernardo, donde murieron casi la mitad de sus residentes en pocos meses, ilustra el coste humano de esa lógica. La decisión de no derivar a personas mayores enfermas, combinada con la ausencia de refuerzos médicos, no fue una abstracción administrativa, sino una secuencia concreta de decisiones que desembocaron en muertes evitables. Que hoy se discuta caso por caso en los juzgados es consecuencia directa de la negativa política a asumir responsabilidades colectivas.
Desde una óptica de análisis político, los protocolos de Ayuso representan algo más profundo que una mala gestión en tiempos excepcionales. Son el reflejo de una visión del poder que privilegia la centralización simbólica, la confrontación discursiva y la construcción de relato sobre la protección efectiva de los más vulnerables. La pandemia puso a prueba a las instituciones. En las residencias madrileñas, esa prueba se saldó con una respuesta que olvidó la ética del cuidado.
La reactivación judicial del caso no garantiza justicia para las familias, pero sí mantiene abierta una pregunta incómoda para el poder político en Madrid. Si una comunidad autónoma puede diseñar protocolos que, en la práctica, excluyan a miles de ciudadanos del sistema sanitario sin consecuencias políticas inmediatas, el problema trasciende la pandemia. Afecta al modo en que se entiende la responsabilidad pública, el valor de la vida y los límites del poder ejecutivo en una democracia avanzada.