La gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la primavera de 2020 no fue solo una crisis sanitaria desbordada, sino una claudicación ética sin precedentes bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso. Lo que la propaganda oficial denominó como medicalización de residencias resultó ser, a la luz de las comunicaciones internas, un eslogan vacío que encubrió el abandono sistemático de los más vulnerables. Los correos de Carlos Mur, alto cargo de la Consejería de Sanidad, publicados por El País, confirman que el Ejecutivo regional conocía la inviabilidad de su plan apenas ocho días después de anunciarlo, estableciendo una política de triaje que condenó a miles de ancianos a una muerte sin asistencia hospitalaria.
El reconocimiento de que el sistema no estaba funcionando derivó en la aplicación de los hoy conocidos como protocolos de la vergüenza, una serie de directrices que utilizaron la dependencia física y cognitiva como criterio de exclusión para el traslado a hospitales. Mientras la presidenta madrileña proyectaba una imagen de eficiencia logística, sus propios técnicos advertían internamente sobre la imposibilidad de ofrecer cuidados paliativos dignos en centros que carecían de médicos y oxígeno. Esta desconexión entre el relato público y la realidad de las residencias no fue un error de cálculo, sino una decisión política que priorizó el alivio de la presión hospitalaria a costa de la libertad individual y la vida de quienes ya habían cumplido con su ciclo vital.
La cifra de más de 7.200 fallecidos sin hospitalización durante los meses de marzo y abril es el balance demoledor de una gestión que bloqueó las derivaciones en el momento más crítico de la pandemia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y los registros autonómicos revelan que los traslados cayeron a mínimos históricos mientras el Gobierno de Ayuso desviaba recursos humanos de la atención primaria hacia el hospital de campaña de Ifema. Este "hospital milagro", diseñado para pacientes con buen pronóstico y movilidad, sirvió como escenario para la fotografía política mientras las residencias se convertían en espacios de agonía aislada, privando a los mayores del derecho básico a la salud pública por el simple hecho de vivir en un centro sociosanitario.
La justicia investiga ahora estos hechos analizando una cadena de mando donde las advertencias sobre fallecimientos evitables fueron ignoradas en favor de una estrategia de confrontación política. Seis años después, la aparición de estos correos electrónicos no solo desmiente la narrativa oficial del éxito madrileño, sino que sitúa a la gestión de Ayuso frente al espejo de una responsabilidad moral y legal que no prescribe. El legado de aquellos días no es el de una comunidad protegida, sino el de un sistema que, en la hora de la verdad, decidió quién merecía ser salvado y quién debía ser abandonado a una muerte indigna.