La rueda de prensa ofrecida ayer por Isabel Díaz Ayuso tras el Consejo de Gobierno celebrado en San Sebastián de los Reyes no fue una comparecencia técnica ni administrativa. Fue, sobre todo, un discurso político de alto voltaje, plagado de términos jurídicos, económicos y constitucionales que no siempre se explican, pero que tienen un fuerte impacto en la opinión pública. Y, en medio de ese discurso, volvió a aparecer uno de los asuntos más sensibles de la pandemia en Madrid: las residencias de mayores y los 7.291 fallecidos.
Para entender lo que dijo —y lo que implica— conviene separar los mensajes, aclarar los conceptos y contextualizar las palabras.
Ayuso llama “plataforma de frustrados” a las familiares de las 7.291 víctimas de las residencias que denunciaron en los tribunaleshttps://t.co/2Ln5oyrEg8 pic.twitter.com/CO7GYxcp6G
— DiarioSabemos (@DiarioSabemos) January 28, 2026
Una comparecencia que va mucho más allá de Madrid
Aunque el Consejo de Gobierno se celebró en un municipio concreto, Ayuso utilizó la comparecencia para dibujar un diagnóstico general de España. Acusó al Gobierno central de situarse “por encima de la ley”, de erosionar el Estado de derecho y de actuar con “impunidad”. Cuando habla de “ocultar al fiscal general del Estado” o de “mandar un mensaje al Supremo”, está utilizando un lenguaje propio del conflicto institucional, no de una crítica administrativa ordinaria.
En términos sencillos: Ayuso sostiene que el Gobierno central estaría interfiriendo en el funcionamiento normal de la justicia. No aporta pruebas nuevas, pero sí busca instalar la idea de que las reglas del juego democrático estarían en riesgo.
La regularización de inmigrantes: qué significa y qué no
Otro eje central fue la regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular. Ayuso critica que se haga mediante real decreto y no a través del Parlamento. Aquí conviene aclarar dos cosas:
Un real decreto es un instrumento legal previsto en la Constitución, pero su uso está pensado para situaciones concretas y urgentes. La presidenta madrileña cuestiona que se utilice para una medida de este alcance y acusa al Gobierno de no tener cifras claras ni planificación.
Cuando habla de “sobrecoste” o de presión sobre servicios públicos como sanidad, educación o dependencia, está mezclando dos planos: uno presupuestario y otro político. La atención básica ya se presta por ley; lo que cambiaría con una regularización es el acceso a otros derechos administrativos. Esa distinción no se explica en la rueda de prensa, lo que contribuye a la confusión.
El regreso de las residencias y una frase que duele
El momento más delicado llega cuando Ayuso responde a una pregunta sobre el juicio de los protocolos de residencias durante la pandemia. Es ahí donde se refiere a quienes impulsan estas causas judiciales como una “plataforma de frustrados de la izquierda madrileña”.
Esta expresión no es neutra. En términos políticos, deslegitima a colectivos formados por familiares de personas fallecidas en residencias, muchos de ellos vinculados a los 7.291 mayores que murieron sin ser derivados a hospitales. No los nombra explícitamente uno a uno, pero el contexto es inequívoco.
Cuando habla de “143 procesos judiciales perdidos”, la presidenta traslada la idea de que todo está resuelto y cerrado. Sin embargo, jurídicamente no es así: hay causas archivadas, otras reabiertas, procedimientos en curso y un debate social y ético que sigue abierto. Reducirlo todo a una cifra busca clausurar la discusión.
¿Indultos, impunidad o choque de relatos?
Aunque en la comparecencia no se anuncian indultos formales, Ayuso utiliza constantemente el término “impunidad”. Lo hace para acusar al Gobierno central, pero también para defender su propia gestión pasada. El mensaje implícito es claro: no hay nada que perdonar ni nada que revisar en lo ocurrido en las residencias.
Para muchas familias, este enfoque equivale a un indulto político y moral anticipado: no habrá reconocimiento del daño, ni autocrítica, ni responsabilidad. Y cuando, además, se las engloba en una etiqueta despectiva, el efecto es devastador en términos de reparación simbólica.
Ciencia, jueces y un relato muy concreto de la pandemia
Ayuso contrapone dos modelos: el de las comunidades autónomas, que —según ella— actuaron con rigor científico y jurídico, y el del Gobierno central, al que acusa de manipular comités de expertos. Este argumento busca reforzar la idea de que cualquier revisión crítica de la gestión en Madrid es interesada o ideológica.
Sin embargo, durante la pandemia hubo debates científicos reales, informes contradictorios y decisiones tomadas bajo enorme presión. Presentar ese periodo como un bloque homogéneo y sin errores no es una explicación, sino una simplificación.
Un discurso dirigido a emociones, no a aclaraciones
La comparecencia está construida para generar un marco emocional: miedo a la inseguridad, a la pérdida de poder adquisitivo, al colapso institucional y a la inmigración descontrolada. En ese marco, las víctimas de las residencias no aparecen como sujetos de derechos, sino como un elemento incómodo de un relato que la presidenta quiere dar por cerrado.
Por eso es importante traducir y explicar estas palabras. No son solo declaraciones políticas: configuran una manera de entender la responsabilidad pública, el dolor de las familias y los límites del poder. Y, cuando se habla de miles de muertos, el lenguaje importa. Mucho.