El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene que explicar dos asuntos en el caso de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal: qué ocurrió con la prioridad quirúrgica de 57 pacientes y por qué señaló al médico que denunció los hechos antes de terminar su propia investigación. La respuesta política inicial, centrada en desacreditar al cirujano Luis Alberto Martos, resulta cada vez más difícil de sostener frente a las explicaciones procedentes del propio hospital.
Más Madrid ha anunciado este 22 de septiembre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para investigar las posibles irregularidades y la divulgación de información disciplinaria sobre el facultativo por parte de la consejera de Sanidad, Fátima Matute. La iniciativa solicita esclarecer responsabilidades; no supone que los delitos denunciados estén ya acreditados.
La cuestión política, sin embargo, no necesita esperar a una eventual sentencia para ser examinada. Una Administración que abre diligencias debe explicar en qué pruebas se basa cuando, simultáneamente, presenta al denunciante como responsable y atribuye su conducta a un interés personal.
La acusación contra el cirujano que los hechos contradicen
Según las declaraciones recogidas en el escrito aportado, Matute acusó al facultativo de haber “manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos”.
No se trataba de una simple petición de prudencia. La consejera atribuía una actuación concreta, un número de pacientes y una intención. Al mismo tiempo, reconocía que las diligencias internas seguían abiertas.
El problema para esa versión es que Basilio de la Torre, jefe de Traumatología, ha reconocido decisiones sobre las prioridades acordadas con la dirección médica, aunque defiende su fundamento clínico. En su entrevista con EL PAÍS, admitió no haber informado a todos los facultativos y, preguntado por la acusación de Matute sobre los 57 casos, respondió: “Yo entiendo que se debió de liar”.
Esa explicación no resuelve la actuación del hospital, pero sí obliga a la consejera a aclarar públicamente su acusación. Si confundió procedimientos o recibió información incorrecta, debe precisar qué dijo equivocadamente y rectificarlo. Si mantiene sus palabras, necesita presentar las pruebas que las sostienen.
El “bulo” de Ayuso era un problema que requería investigación
Ayuso llevó el descrédito del denunciante a la Asamblea. En las palabras aportadas a esta conversación, presentó el caso como “el bulo del culo” y afirmó que un médico “estaba manipulando sus propias citas sanitarias”.
Ese discurso desplazaba el foco desde los pacientes hacia la reputación de quien había alertado. Pero la documentación y el reconocimiento posterior de cambios impiden sostener que todo se reducía a una historia inventada.
La información sobre una reunión interna añade otro elemento: responsables del servicio hablaron de un acuerdo para pasar prioridades preferentes a normales. Es un dato relevante sobre el origen de las decisiones, aunque por sí solo no determina su legalidad ni permite valorar clínicamente cada caso.
La existencia de cambios y su justificación son dos preguntas distintas. Negar la primera mediante una descalificación general no responde a la segunda. Y sustituir el examen de los registros por ataques al médico debilita la credibilidad de la investigación que el propio Gobierno anuncia.
Qué se denuncia sobre los 57 pacientes
El escrito sitúa las reclasificaciones entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Sostiene que pacientes pendientes de cirugía pasaron de preferentes a ordinarios sin una nueva valoración clínica individualizada y sin contar con los facultativos que habían establecido su prioridad.
La denuncia menciona también oposición expresa de profesionales a determinados cambios y pide examinar los historiales correspondientes. Son extremos que deben verificarse caso por caso: no basta con generalizar a partir de una decisión ni con dar por correcta toda reclasificación porque la haya realizado un superior.
Una revisión de prioridad puede estar justificada por la situación clínica. Lo que requiere explicación es qué valoración concreta sustentó cada cambio, quién la realizó, cuándo quedó registrada y cómo se comunicó.
También debe evitarse una confusión: modificar la categoría administrativa no demuestra que la salud del paciente haya mejorado. Precisamente por eso, el registro debe reflejar la necesidad asistencial y permitir reconstruir las decisiones adoptadas.
Mejorar un indicador no equivale a reducir una espera
Más Madrid plantea que las modificaciones pudieron responder al propósito de evitar incumplimientos de objetivos de demora y proteger indicadores vinculados a incentivos. Esa motivación forma parte de la hipótesis que solicita investigar.
Para comprobarla, reclama el contrato de gestión del hospital y la documentación relativa a las retribuciones variables. No se puede afirmar todavía que existió un beneficio económico concreto ni atribuirlo a una persona sin esa comprobación.
La preocupación que plantea la denuncia es comprensible: si se rebaja una prioridad sin fundamento clínico, puede cambiar la lectura de un indicador sin resolver la necesidad del paciente. Pero demostrar que eso ocurrió exige analizar la trazabilidad de los registros y el sistema de evaluación utilizado.
La respuesta institucional debería facilitar ese examen. Defender las estadísticas sin permitir comprobar cómo se construyen no despeja las dudas sobre su fiabilidad.
Los expedientes del denunciante no explican los cambios
Matute también aludió a expedientes disciplinarios y a acusaciones sobre daños en el coche de un superior. Ninguna de esas referencias demuestra quién decidió reclasificar a los pacientes.
Aunque existiera un conflicto personal, los documentos deben examinarse por su contenido y autenticidad. Una denuncia puede ser cierta con independencia de la relación entre sus protagonistas; del mismo modo, la condición de denunciante no exime a nadie de responder por otras conductas que lleguen a acreditarse.
El escrito de Más Madrid pide investigar además si la consejera reveló datos reservados sin una base legal que lo permitiera. La calificación penal dependerá de qué información difundió, su carácter y las circunstancias de acceso y divulgación. No basta con que se trate de información personal para dar automáticamente por cometido un delito.
La portavoz Manuela Bergerot interpreta la actuación del Gobierno como un intento de “hundir su reputación personal”. Es una valoración política que debe atribuirse a quien la formula. La pregunta verificable sigue siendo qué relación tenían esas alusiones con el esclarecimiento de las listas.
Qué pide Más Madrid a la Fiscalía
La denuncia solicita correos, instrucciones internas, historiales clínicos y registros de demanda quirúrgica, así como declaraciones de los responsables señalados y de los profesionales que se opusieron a los cambios.
También pide aclarar la contradicción entre la versión difundida por la Consejería y la documentación sobre la intervención de la jefatura y la dirección médica.
Ese es el trabajo necesario para determinar si hubo decisiones clínicamente justificadas, irregularidades administrativas o conductas penalmente relevantes. La Fiscalía deberá valorar qué diligencias corresponden; la presentación del escrito no permite anticipar su resultado.
La responsabilidad política tiene, además, una dimensión propia. La ciudadanía puede exigir explicaciones sobre una acusación pública aunque todavía no exista una resolución penal sobre el caso. El deber de corregir información incorrecta no depende de que un tribunal lo ordene.
Una reforma para que las esperas sean comprobables
El Ministerio de Sanidad prepara una reforma del sistema de información que contempla contar la espera desde la indicación médica, impedir registros paralelos e incorporar información sobre Atención Primaria.
La iniciativa busca mejorar la comparabilidad y la transparencia. Debe presentarse como un proyecto, no como una norma ya aplicada ni como una solución consumada. La regulación de referencia que pretende sustituir es el Real Decreto 605/2003, no 605/2023, como figura erróneamente en el texto de partida.
El caso del Ramón y Cajal plantea una exigencia inmediata: que las decisiones sobre pacientes puedan reconstruirse y justificarse. Saber quién cambió una prioridad, con qué fundamento y bajo qué supervisión es indispensable para confiar en el sistema.
Ayuso y Matute optaron inicialmente por poner al denunciante en el centro de la controversia. Ahora les corresponde responder sobre los registros, las decisiones de los responsables del hospital y las acusaciones que difundieron. Llamar “bulo del culo” a una denuncia no hace desaparecer los cambios; desacreditar al médico tampoco explica por qué se realizaron.
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