El dolor de la gente, en el Congreso de los Diputados, rara vez mueve una sola coma en los papeles si no viene acompañado de un buen susto en las encuestas. Sin embargo, la imagen de Maricarmen (87 años, en silla de ruedas, echada a la calle tras siete décadas en su piso de renta antigua en el centro de Madrid) ha saltado por encima del guion. Ha roto de golpe el aburrimiento de las negociaciones. Lo que en las carpetas del gobierno descansaba en un punto muerto por pura falta de números, se ha convertido, a fuerza de gritos en la calle, en lo que en Moncloa llaman ya una "ventana de oportunidad".
La indignación popular ha hecho milagros. Ha obligado a determinados socios del Gobierno a meter la directa para aprobar el paquete de vivienda que llevaba cogiéndole polvo en el cajón desde antes de las vacaciones.
Salió Pedro Sánchez desde la tribuna de la ONU, en Nueva York, a calificar la expulsión de la anciana como una «tragedia social». Pero el mensaje no era solo un gesto de cara a la galería. Era un recado en toda regla, con acento urgente, para sus propios socios de investidura. Hay que aprobar este decreto antidesahucios como sea. Toca tragar saliva, dejarse de manías técnicas y arrimar el hombro para no estrellar la norma en el Congreso..., una vez más.
Y en estas, como suele pasar en la política española, saltó la sorpresa en la trinchera judicial.
El encaje de bolillos para sacar adelante el texto era un infierno: Podemos por la izquierda, PNV y Junts a la derecha, con Bildu y ERC mirando de reojo. Pues bien, de manera "casual", pónganle todas las comillas que quieran, los de Puigdemont han decidido sentarse a negociar el decreto del alquiler justo después de que el Tribunal Constitucional le diese el bendito visto bueno a la amnistía del delito de malversación que, evidentemente, beneficiará al líder prófugo y que anticipará su vuelta a España sin haber pisado un juzgado.
Despejado el gran horizonte judicial de su líder en Bruselas, los negociadores de Junts han aflojado el pulso. Ya no ven tan imposible regular los alquileres de temporada, siempre y cuando se hable de bonificaciones e incentivos fiscales para los propietarios. Una carambola política en toda regla.
Claro que poner de acuerdo a todo el mundo sigue siendo una pesadilla. Mientras vascos y catalanes piden retoques urbanísticos para agilizar licencias y cuidar al pequeño arrendador, Ione Belarra y los suyos exigen que no se le dé ni un solo euro de beneficio fiscal a los caseros. Línea roja innegociable, dicen.
Dentro del propio Gobierno, la cosa tampoco está para tirar cohetes. En Sumar han olido la tensión de la calle y han apretado las tuercas al máximo: piden congelar alquileres a la fuerza e incluso expropiar el piso donde vivía Maricarmen, hoy en manos de la sociedad especulativa Urbagestión. ¡Casi nada!
En el ala socialista, en cambio, la sola palabra "expropiación" produce alergia. Isabel Rodríguez prefiere la vía prudente: congelar rentas dos años, equiparar el alquiler de habitaciones con el contrato habitual para evitar trampas y no asustar a los socios conservadores de la investidura.
Y mientras Moncloa intenta cuadrar el círculo, el fuego cruzado con la Comunidad de Madrid está al rojo vivo. Para Ayuso, el caso de Maricarmen no es más que una orden judicial cualquiera entre miles. Para los socialistas madrileños, es la prueba definitiva de que la derecha ha entregado la ciudad a los fondos buitre.
El pulso está en la calle y en la cámara. Veremos si el desahucio trágico de esta mujer sirve para levantar un escudo social de verdad o si, cuando se apague el ruido de las manifestaciones, la vivienda vuelve a ser la misma promesa rota de siempre.
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