La guerra abierta entre Estados Unidos e Irán ha dejado de ser únicamente una crisis geopolítica en Oriente Medio para convertirse en una amenaza directa sobre la economía y las condiciones de vida de millones de personas en Europa. En España, el Gobierno y los agentes sociales han comenzado ya a mover ficha ante el temor a una nueva espiral inflacionista provocada por el encarecimiento de la energía, el transporte y los productos básicos. En ese escenario de incertidumbre internacional, los sindicatos UGT y CCOO han reclamado medidas urgentes para proteger a las personas trabajadoras frente a un posible deterioro económico.
La reunión celebrada este lunes entre el Ejecutivo y los interlocutores sociales reunió a las tres vicepresidencias del Gobierno, así como a los ministerios de Hacienda y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por parte empresarial acudieron representantes de la CEOE y de CEPYME, mientras que los secretarios generales de UGT y CCOO defendieron la necesidad de ampliar las medidas anticrisis aprobadas en marzo.
La inflación vuelve a amenazar los salarios
El encuentro sirvió para evaluar el impacto del Real Decreto-ley 7/2026, diseñado para amortiguar las consecuencias económicas derivadas del conflicto entre Washington y Teherán. Aunque el Gobierno considera que la economía española ha resistido mejor de lo esperado gracias al peso creciente de las energías renovables y a las medidas de contención de precios, los sindicatos advierten de que la situación sigue siendo extremadamente frágil.
La principal preocupación de las organizaciones sindicales se centra en la pérdida de poder adquisitivo. El IPC alcanzó en abril el 3,2%, una cifra superior a las previsiones iniciales del Ejecutivo y que amenaza con seguir creciendo si el conflicto internacional se recrudece o si vuelve a dispararse el precio del petróleo y del gas.
UGT y CCOO sostienen que la inflación ya está golpeando de lleno a las rentas medias y bajas, especialmente en dos ámbitos críticos: la alimentación y la vivienda. Los sindicatos alertan de que muchas familias trabajadoras están comenzando a entrar en una situación límite tras varios años de encarecimiento continuado de los productos esenciales.
El petróleo y el gas, en el centro de la preocupación
El temor no es infundado. El estrecho de Ormuz, controlado parcialmente por Irán, es una de las principales arterias energéticas del planeta. Por esa vía marítima circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Cualquier alteración grave del tráfico marítimo podría provocar un nuevo shock energético global con consecuencias inmediatas sobre los precios de los carburantes, la electricidad y el transporte aéreo.
En este contexto, los sindicatos han reclamado mantener más allá del 30 de junio las medidas de protección social actualmente en vigor. Entre sus propuestas destaca una ayuda directa de 300 euros para personas con ingresos inferiores al salario medio, que podría articularse mediante transferencia bancaria o deducción fiscal en el IRPF.
La vivienda se convierte en otra emergencia social
Además, UGT y CCOO han puesto el foco sobre uno de los problemas que consideran más graves: la vivienda. Las organizaciones sindicales denuncian que la combinación entre inflación, presión turística y especulación inmobiliaria está expulsando a miles de trabajadores de las grandes ciudades y de zonas con alta actividad económica.
Según los sindicatos, el problema ha alcanzado tal magnitud que algunas empresas y administraciones públicas ya están encontrando dificultades para cubrir puestos de trabajo en determinados territorios por el elevado coste de los alquileres. Una situación especialmente visible en destinos turísticos y grandes núcleos urbanos.
Por ello, ambas organizaciones exigen limitar los precios del alquiler y congelar las actualizaciones de renta, recuperando algunas de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 8/2026, cuya convalidación fue posteriormente rechazada en el Congreso de los Diputados.
La reivindicación sindical choca de lleno con el discurso de los sectores económicos más liberales y de parte de la patronal, que consideran que la intervención sobre el mercado del alquiler puede reducir todavía más la oferta de vivienda. Sin embargo, UGT y CCOO sostienen que la situación social ha alcanzado un nivel “insostenible” y que la emergencia habitacional amenaza ya la estabilidad económica y laboral del país.
Otro de los grandes frentes abiertos es el del Salario Mínimo Interprofesional. Los sindicatos consideran insuficiente la subida del 3,1% aprobada para 2026, dado que la inflación ya supera esa cifra. Por ello, exigen activar la cláusula de revisión semestral prevista en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
El SMI, otro frente abierto
Ese artículo establece que el Gobierno debe revisar el SMI si las previsiones de inflación no se cumplen, teniendo en cuenta factores como el IPC, la productividad y la coyuntura económica general. Para UGT y CCOO, no actuar ahora supondría consolidar una pérdida real de salario para cientos de miles de trabajadores con menores ingresos.
Las organizaciones sindicales también reclaman la aprobación urgente del nuevo decreto sobre compensación y absorción salarial, con el objetivo de impedir que algunas empresas neutralicen las subidas del SMI mediante mecanismos internos que, en la práctica, impiden que el aumento llegue realmente a las nóminas.
Un escenario internacional lleno de incertidumbre
Aunque en las últimas horas han surgido señales de una posible desescalada militar entre Estados Unidos e Irán, el temor a una crisis prolongada sigue muy presente en los análisis económicos internacionales. Organismos financieros y expertos energéticos llevan semanas alertando de que una interrupción grave del suministro en Oriente Medio tendría consecuencias inmediatas sobre Europa, especialmente en sectores dependientes del transporte y del combustible fósil.
En España, el Gobierno intenta transmitir una imagen de control y resistencia económica, apoyándose en el crecimiento del empleo y en el avance de las renovables. Pero sindicatos y expertos coinciden en que la estabilidad sigue pendiendo de un hilo en un contexto internacional cada vez más imprevisible.
La gran incógnita es cuánto tiempo podrán soportar las familias trabajadoras otra subida generalizada de precios sin nuevas medidas de protección social. Porque detrás de las cifras macroeconómicas y de los discursos institucionales hay millones de personas que ya viven con dificultades para llenar la cesta de la compra, pagar el alquiler o llegar a fin de mes.