El debate sobre la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años ha irrumpido con fuerza en la agenda pública. Lo que hace apenas unos años parecía una propuesta marginal se ha convertido en un tema central en gobiernos, parlamentos y conversaciones familiares. La preocupación por la salud mental de los adolescentes, la exposición a contenidos dañinos, el impacto en el rendimiento escolar y la creciente dependencia digital han alimentado un clima en el que la restricción se presenta como una solución posible. Sin embargo, la medida plantea interrogantes profundos sobre su eficacia, su viabilidad y sus consecuencias sociales. El Gobierno español ha decidido romper el tabú y actuar con contundencia.
Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. Sánchez ha hecho su anuncio durante su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, informa Efe. Llama la atención que el anuncio llegue después del enganchón que tuvieron Elon Musk y el presidente del Gobierno español, hace solo unos días, a cuenta de la regularización masiva para inmigrantes en nuestro país. Musk respondió al anuncio con un sarcástico "Wow" y el líder socialista le recordó que primero son los derechos de la humanidad y después llegar a Marte. Hoy, pocos días después, Sánchez mete en cintura al exayudante de Trump, un tecnofascista de manual que lleva años intoxicando a la juventud con sus bulos totalitarios contra la democracia. La batalla está servida.
Para Sánchez es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable y, por ello, ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas, esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años. El líder del Ejecutivo asegura que trabajarán para incrementar el control de las redes sociales y plataformas digitales con las siguientes medidas. Sánchez afirma que el Gobierno modificará la legislación para que los ejecutivos de plataformas sean legalmente responsables de las "múltiples violaciones" que tienen lugar en sus empresas de comunicación. Según el presidente, esto significa que los consejeros delegados de las tecnológicas se enfrentarán a una responsabilidad penal si no retiran dicho contenido de odio o ilegal.
Además, Sánchez avanza que el Ejecutivo implantará una "huella de odio y polarización" que revelará cómo estas plataformas "alimentan la división y amplifican el odio". "Esta herramienta será la base para definir futuras sanciones. Difundir el odio tiene que tener un coste legal", ha dicho Sánchez.
La medida llega con obligación hacia las plataformas para implementar "medidas efectivas de control de edad", lo que Sánchez califica como "barreras reales que funcionen": "Estamos en un entorno en el que estos menores nunca deberían navegar solos". Por último, Sánchez ha comentado que trabajarán con la Fiscalía para "investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram": "Tolerancia cero con este tipo de delitos, queremos defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coacción".
Sumar no se ha tomado nada bien el avance del presidente del Gobierno sobre la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Fuentes de la formación de Yolanda Díaz aseguran que el PSOE ha invadido el ámbito de Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, creen que el PSOE quiere "protagonismo" y califican el anuncio como "impresentable".
El Partido Popular también se ha pronunciado al respecto y ha reivindicado que Feijóo ya avanzó en noviembre un Plan de Protección para los Menores en el Entorno Digital con mayores controles e implicación de las empresas tecnológicas. Todo ello, con enmiendas registradas en el Congreso de los Diputados sobre la ley orgánica de protección al menor aprobada por el Consejo de Ministros.
Por ello, los populares exigen al PSOE que deje de bloquear dicha ley con una enmienda en la que se proponía que los menores de 16 años no pudieran acceder a las redes sociales, aunque con excepciones: aquellos de más de 14 años que cuenten con consentimiento expreso y verificable por parte de sus padres o tutores, así como un horario de descanso digital nocturno.