El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha conseguido vender el ático que adquirió por 6,3 millones de euros de dinero público. La subasta, con un precio de salida de aproximadamente 6,7 millones, ha quedado desierta. El Ejecutivo madrileño conserva así un inmueble cuya compra sigue pendiente de explicaciones y cuya venta había presentado como una solución a la polémica.
El fracaso de la operación coincide con la publicación de parte del expediente de Planifica Madrid, la empresa pública que compró la propiedad. La documentación incorpora un destino que va más allá del despacho provisional anunciado por Ayuso: disponer de “alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”.
La ausencia de ofertas consta en la documentación difundida por Planifica Madrid y ha sido confirmada por fuentes oficiales. El Gobierno regional no ha recuperado mediante esta subasta el dinero desembolsado y tampoco ha cerrado el debate sobre la necesidad de la adquisición.
Una subasta sin ofertas para un inmueble comprado con dinero público
La compra se formalizó el 14 de abril de 2026. Poco más de cinco meses después, el intento de vender el ático del paseo del General Martínez Campos ha terminado sin comprador.
Entre los 6,3 millones pagados y los aproximadamente 6,7 millones solicitados existe una diferencia cercana a los 400.000 euros. Pero esa cantidad nunca fue un beneficio obtenido: era una diferencia entre el precio de adquisición y el de salida, antes de considerar los gastos asociados a la operación. Sin ofertas, no hay ingreso por la venta ni plusvalía realizada.
Tampoco puede afirmarse que los 6,3 millones se hayan perdido íntegramente, porque el inmueble sigue siendo un activo público. Lo que sí ha fracasado es el intento de convertirlo de nuevo en dinero mediante esta convocatoria. La administración mantiene la propiedad y debe explicar qué hará con ella, cuánto cuesta conservarla y bajo qué condiciones intentará venderla de nuevo, si esa sigue siendo su decisión.
Una subasta desierta no demuestra por sí sola que se pagara un sobreprecio. Sí obliga a examinar la valoración, las condiciones de comercialización y las razones por las que ningún interesado ha presentado una oferta.
El expediente incluye alojamiento para autoridades
Cuando trascendió la compra, el 29 de julio, Ayuso sostuvo que el inmueble serviría como oficina temporal mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.
La documentación conocida describe una finalidad más amplia. La memoria recoge la necesidad de contar con un inmueble institucional que reúna zona de trabajo, área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades visitantes o de la propia Comunidad de Madrid.
Esa previsión no acredita que existiera un plan para convertir el ático en la residencia permanente de Ayuso, como ha denunciado la oposición. Pero impide reducir su uso previsto a un simple despacho: el alojamiento de responsables autonómicos estaba expresamente contemplado.
La distinción es importante porque la defensa del Ejecutivo se concentra en negar una residencia oficial. Negar ese destino permanente no responde a otras preguntas igualmente relevantes: quién podía pernoctar allí, con qué autorización, durante cuánto tiempo y por qué era necesario adquirir una propiedad de ese precio para cubrir esa necesidad.
El dinero público exige justificar tanto la legalidad de una operación como su utilidad y proporcionalidad. La posibilidad de disponer de un alojamiento institucional no explica, por sí sola, por qué se eligió ese inmueble.
Una justificación fechada después de la compra
La cronología añade otra cuestión pendiente. La memoria difundida incorpora una justificación de la Consejería de Presidencia fechada el 2 de julio de 2026, mientras que la adquisición se había formalizado el 14 de abril.
Ese desfase no permite concluir, sin revisar el expediente completo, que no hubiera informes o decisiones anteriores. Sí exige que el Gobierno identifique qué necesidad se documentó antes de comprar, quién autorizó la operación y qué alternativas se estudiaron.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que Planifica Madrid actuó dentro de sus competencias de gestión patrimonial y a petición de su departamento, después de un proceso de búsqueda e identificación de inmuebles.
La explicación debe poder contrastarse con esa búsqueda: propiedades consideradas, valoraciones, criterios de selección y motivos para descartar otras opciones. Publicar parte del expediente ayuda a conocer la operación, pero no sustituye la documentación que permita reconstruir cómo se tomó la decisión.
Los informes avalan usos, pero no resuelven todas las preguntas
El Ejecutivo también ha invocado documentos relativos al alquiler del ático por Planifica Madrid a la propia Administración regional. Entre ellos figuran autorizaciones de Economía y Hacienda y un pronunciamiento de la Abogacía General sobre el arrendamiento para “uso distinto del de vivienda”.
Otro informe sostiene que su utilización como despacho resulta compatible con la normativa urbanística. Estos elementos deben incorporarse al examen de la operación: no sería riguroso afirmar que ese uso era necesariamente ilegal ignorando los informes que el Gobierno aporta para defenderlo.
Sin embargo, la compatibilidad de un uso no demuestra que la compra fuera necesaria ni que constituyera la mejor alternativa para el presupuesto público.
La memoria añade la posibilidad de utilizar el inmueble durante crisis prolongadas y menciona la pandemia como ejemplo. Ese argumento también necesita concreción: qué carencia institucional pretendía cubrir el ático y por qué no podía atenderse con espacios ya disponibles.
El dinero anunciado para los incendios no llega de esta venta
Tras la controversia, el Gobierno regional anunció que vendería el inmueble y destinaría lo recaudado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios del verano.
La subasta desierta deja esa previsión sin materializar por esta vía. No significa que la Comunidad carezca de otros recursos para financiar la recuperación, pero sí que esta operación no ha generado el ingreso anunciado.
Vincular la venta a una finalidad social no resuelve las dudas sobre la compra anterior. Son decisiones distintas, y ambas requieren rendición de cuentas: por qué se adquirió el ático y cómo se financiarán las actuaciones comprometidas en las zonas afectadas.
El Gobierno de Ayuso responde hablando de Ceuta y Sánchez
En su comparecencia en la Asamblea, García Martín ha rechazado que se comprara una residencia oficial para la presidenta y ha acusado a sus adversarios de utilizar la polémica para ocultar la crisis de Ceuta y los casos de corrupción que atribuye al “sanchismo”.
Esos reproches no explican el resultado de la subasta ni la selección del inmueble. La operación fue realizada por una empresa pública madrileña a petición de una consejería del Gobierno de Ayuso, y corresponde a ese Ejecutivo justificarla.
La presidenta se encuentra ahora con dos problemas que la venta no ha resuelto: una propiedad millonaria sin comprador en esta convocatoria y un expediente que contempla alojamiento ocasional donde la explicación inicial destacaba una oficina temporal.
La respuesta pendiente requiere fechas, alternativas, tasaciones y costes. El ático sigue en manos públicas y las preguntas sobre los 6,3 millones también.
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