Óscar Puente ha vuelto a hacer algo que se le reprocha con frecuencia y que, en ocasiones, resulta políticamente útil. Ha formulado en voz alta la pregunta que permanece después de dos semanas de explicaciones del Gobierno madrileño. ¿Para qué compró realmente la Comunidad de Madrid un ático de 485 metros cuadrados y 6,3 millones de euros en Chamberí?
El ministro de Transportes considera que la operación pretendía proporcionar a Isabel Díaz Ayuso una vivienda oficial de manera encubierta y ha empleado una expresión deliberadamente severa para describirla. A su juicio, utilizar una empresa pública para realizar una adquisición de semejante cuantía sin explicar previamente a los madrileños su finalidad constituye una forma de administrar los recursos públicos más propia de una "república bananera" que de una democracia avanzada.
La acusación pertenece a Puente. Los hechos conocidos, sin embargo, plantean suficientes interrogantes por sí mismos.
La empresa pública Planifica Madrid adquirió en abril el inmueble situado en Chamberí por 6,3 millones de euros. La primera explicación conocida vinculó su utilización a las necesidades derivadas de las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. El problema apareció cuando se conoció que el ático no podía utilizarse legalmente como oficina en los términos inicialmente planteados. Posteriormente surgió la posibilidad de que pudiera destinarse a residencia oficial, aunque también se han señalado obstáculos urbanísticos para ese uso.
Ayuso sostiene ahora que nunca solicitó una residencia institucional, que no la ha necesitado durante sus años al frente de la Comunidad y que tampoco tendría sentido reclamarla a diez meses de las elecciones autonómicas. El PP considera que la presidenta ya ha ofrecido todas las explicaciones necesarias.
El asunto sería bastante más sencillo si esas explicaciones hubieran existido antes de gastar los 6,3 millones.
Ese es el núcleo político de la intervención de Puente y también la parte de su argumento que resulta más difícil despachar como una simple refriega partidista. Una Administración puede decidir que su presidenta necesita una residencia oficial. Madrid no sería una excepción institucional por hacerlo. Puede considerar igualmente que las obras de su sede aconsejan buscar espacios alternativos. Lo exigible en cualquiera de los dos casos es que la finalidad esté determinada, justificada y sometida a los procedimientos ordinarios de transparencia antes de comprometer una cantidad considerable de dinero público.
El problema no es una residencia oficial
La discusión ha adquirido una dimensión extraña porque el Gobierno madrileño ha intentado trasladarla hacia la legitimidad de que un alto cargo disponga de alojamiento institucional. Ayuso ha recordado que ministros y presidentes autonómicos cuentan con viviendas oficiales y ha denunciado una doble vara de medir, pero Puente acierta al separar ambos debates.
La cuestión nunca fue si Ayuso podía disponer de una residencia oficial, sino por qué se adquirió aquel inmueble concreto, quién decidió comprarlo y cuál era exactamente el destino previsto. Si el Ejecutivo regional consideraba necesaria una residencia para su presidenta, podía defender públicamente esa decisión, justificar su coste y someterla al escrutinio que corresponde a cualquier gasto de esa naturaleza.
La secuencia posterior ha aumentado las dudas en lugar de disiparlas. Tras hacerse pública la operación, Planifica Madrid decidió poner el ático nuevamente en el mercado por 6,69 millones de euros, junto con otros inmuebles, y el Gobierno regional anunció que pretendía destinar los recursos obtenidos a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios.
Vender el inmueble puede corregir una decisión política. No explica por qué se tomó.
Y el asunto ha dejado ya el terreno estrictamente parlamentario. Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias y ha recibido cinco denuncias relacionadas con la adquisición, entre ellas la presentada por el PSOE madrileño y otras formuladas por particulares y organizaciones. La existencia de esas diligencias no prejuzga delito alguno ni permite convertir sospechas políticas en responsabilidades penales, pero confirma que serán también los tribunales los que examinen ahora una operación que el Gobierno regional considera suficientemente explicada.
Puente ha introducido aquí una comparación inevitable con la temperatura judicial que domina la política española. Si actuaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno merecen investigaciones exhaustivas, sostiene el ministro, habrá que observar con el mismo interés qué recorrido recibe una operación ejecutada directamente con fondos de una Administración pública.
La igualdad ante la ley debería hacer innecesaria esa observación. El clima político actual la convierte casi en obligatoria.
Ayuso ante su propio modelo de exigencia
Existe además una dimensión política que trasciende el inmueble. Isabel Díaz Ayuso ha construido buena parte de su proyección nacional sobre una fiscalización implacable del Gobierno de Pedro Sánchez. Ha elevado cualquier duda sobre el Ejecutivo, el PSOE o el entorno del presidente a una cuestión de responsabilidad política inmediata. Es una estrategia legítima dentro de la confrontación democrática, pero establece un estándar que también termina aplicándose a quien lo utiliza.
Quien exige explicaciones permanentes debe estar especialmente dispuesto a ofrecerlas cuando administra dinero público.
Puente considera que el episodio debería tener consecuencias electorales para la presidenta madrileña. Esa decisión corresponderá, naturalmente, a los ciudadanos en 2027 y sería imprudente anticiparla. Ayuso ha demostrado una notable capacidad para convertir las ofensivas de sus adversarios en instrumentos de movilización propia.
Pero esta vez existe un elemento distinto. La discusión no gira alrededor de una declaración polémica, una batalla cultural o un enfrentamiento con Moncloa. Gira alrededor de 6,3 millones de euros de dinero público y de un inmueble cuyo destino inicial continúa sin estar satisfactoriamente aclarado.
Hasta dentro del PP madrileño han aparecido señales de preocupación por el coste político del episodio, según informaciones publicadas esta semana, después de años en los que la posición electoral de Ayuso parecía extraordinariamente sólida.
La presidenta puede sostener que jamás quiso aquella vivienda y puede ordenar su venta. Lo que todavía necesita explicar su Gobierno es algo anterior y bastante más elemental. Si el ático no iba a ser residencia de Ayuso y tampoco podía cumplir adecuadamente la función de oficina con la que inicialmente se justificó, ¿qué necesidad pública llevó a una empresa de la Comunidad de Madrid a desembolsar 6,3 millones de euros para comprarlo?
Puente ha elevado extraordinariamente el tono al hablar de una utilización "bananera" del dinero público. Puede discutirse el adjetivo. Mucho más difícil resulta discutir la pregunta que hay debajo.
Y en política, cuando se trata de dinero de todos, una pregunta sencilla que permanece sin respuesta suele resultar más peligrosa que el calificativo más duro del adversario.
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