En la España de 2025, la paradoja ya no es retórica sino estadística: los nuevos jubilados del régimen general reciben, de media, más dinero cada mes que los trabajadores menores de 35 años: 1.760 euros frente a 1.670. El dato, recogido en un informe del Instituto Juan de Mariana, simboliza un fenómeno que lleva dos décadas fraguándose y que hoy constituye uno de los mayores desafíos estructurales del país: la fractura intergeneracional de la renta y la riqueza que el supuesto gobierno de la gente no ha sabido revertir.
Mientras el discurso político sigue girando en torno a la desigualdad de clase, las cifras apuntan hacia otro eje, más profundo y menos debatido: la brecha entre mayores y jóvenes. En el país líder absoluto de tasa de paro juvenil en Europa (a pesar de ser, al parecer, la cuarta economía de la UE) y una vivienda inaccesible, la acumulación de riqueza y protección social entre los pensionistas contrasta con la precariedad de las nuevas generaciones.
Trasvase silencioso
En 2002, los menores de 35 años poseían un 7,5% de la riqueza nacional. Dos décadas después, ese porcentaje se ha desplomado al 2%. En paralelo, los mayores de 75 años han pasado de controlar el 8% de los activos al 20%. Es un trasvase de poder económico tan silencioso como implacable, que convierte a la vejez en una etapa de seguridad y al inicio de la vida adulta en un campo minado de incertidumbres.
No se trata solo de riqueza acumulada. También los ingresos han divergido. Entre 2008 y 2024 (Zapatero, Rajoy y Sánchez), los trabajadores de 18 a 29 años vieron caer su renta real un 3%, mientras que los mayores de 65 la elevaron un 18%. En comparación europea, los jubilados españoles disfrutan de rentas un 6,4% por encima de la media, mientras que los trabajadores cobran un 7,3% menos que sus pares comunitarios.
Ni un café con leche
El informe también desmonta un mito recurrente: que los jóvenes son pobres porque despilfarran en ocio, gadgets y cafés de Starbucks. Los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares pintan otra imagen: desde 2006, los menores de 30 años han recortado un 36% su consumo real, sobre todo en muebles, transporte, vestido y ocio. Solo educación y vivienda se mantienen como gastos prioritarios. Mientras tanto, los mayores de 65 años han incrementado su consumo un 5%.
El contraste es demoledor. Los jóvenes no gastan menos porque quieran ahorrar más, sino porque sus ingresos lo impiden. La explicación no está en los caprichos individuales, sino en estructuras de mercado (salarios precarios y más propios de una economía en desarrollo, vivienda inalcanzable, precariedad laboral) y en decisiones políticas que sólo buscan el titular fácil pero absolutamente ineficaces.
La desigualdad generacional no es solo macroeconómica, también geográfica. En Asturias, el PIB per cápita crece, pero no por dinamismo económico, sino por colapso demográfico. Con apenas 1,4 cotizantes por cada pensionista, el motor de crecimiento es el gasto público y no la creación de empleo privado. Es un espejo de lo que podría ocurrir en otras regiones si la dinámica actual persiste: territorios sostenidos por subsidios y pensiones, pero sin jóvenes que los mantengan.
Contrato social invertido
En los años 60 y 70, la promesa era clara: esfuerzo hoy, seguridad mañana. Los nacidos en los 80, en cambio, tienen hoy una riqueza mediana casi un 50% inferior a la de los nacidos en los 60 a la misma edad. El acceso a la vivienda marca la diferencia con nitidez: el 81% de quienes nacieron entre 1945 y 1965 eran propietarios a los 42 años; menos del 50% de los nacidos después de 1985 lo serán. Entre los menores de 35, solo un 20% tiene hipoteca.
La ironía es amarga. El gobierno autodenominado progresista que dice luchar por un sistema que en teoría redistribuye renta, en realidad, mantiene un escenario que protege de manera creciente a quienes ya acumulan patrimonio, mientras grava con mayor intensidad a quienes aún no han tenido la oportunidad de crearlo.
Incapacidad política
Lo que emerge de este panorama no es la lucha de clases, que existe por más que hayan querido silenciarla, sino un conflicto de generaciones. Y, sin embargo, la política española parece atrapada en una narrativa del siglo XX. Los partidos evitan el debate sobre la sostenibilidad del sistema porque temen el castigo electoral. Lo cruel es que tanto la izquierda como la derecha prefiere cebar la ilusión de que el modelo actual puede sostenerse indefinidamente, a costa de los jóvenes. No hay nada más salvaje que incentivar la esperanza.
El riesgo no es abstracto. Es doble: una fractura social creciente y un sistema económico que desincentiva la productividad de quienes deben sostenerlo en el futuro. El contrato social que alguna vez prometía progreso intergeneracional se está resquebrajando. Y España, como otras economías maduras, parece haber encontrado una forma particularmente cruel de definir la equidad: convertir la juventud en un impuesto y la vejez en un privilegio.