Isabel Díaz Ayuso ha llevado a la Asamblea de Madrid una acusación contra el médico que denunció las alteraciones de las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal: “El bulo de esta semana procede del Hospital Ramón y Cajal, donde resulta que un señor estaba manipulando sus propias citas sanitarias”. La presidenta ha presentado al denunciante como responsable de las irregularidades, mientras los documentos publicados atribuyen las instrucciones de cambio de prioridad a sus superiores.
La cuestión que debe explicar el Gobierno madrileño es concreta: por qué se modificó la prioridad quirúrgica de 57 pacientes, quién ordenó hacerlo y con qué justificación clínica. En el fragmento de su intervención, Ayuso no responde a esas preguntas. Descalifica al cirujano, cuestiona a los medios que lo entrevistan y desplaza el debate hacia el Gobierno de España.
La investigación publicada por EL PAÍS recoge correos y anotaciones administrativas que apuntan al jefe de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre, y al director médico, Rafael Martínez. Entre esas comunicaciones figura una instrucción difícil de conciliar con el cierre en falso que pretende la presidenta: “Evitad en la medida de lo posible anotarlos como preferentes”.
Ayuso acusa al médico sin explicar los documentos
La presidenta ha hecho suya la versión defendida por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien atribuyó a Luis Alberto Martos la modificación irregular de la prioridad de los pacientes para trabajar menos y operar casos menos complejos. Lo hizo cuando, según la información publicada, la investigación interna todavía no había concluido.
Ayuso ha reforzado esa acusación con una expresión que tampoco describe con precisión el asunto investigado: “sus propias citas sanitarias”. La controversia afecta a la clasificación de pacientes en una lista de espera quirúrgica, no a las citas personales del facultativo.
Los registros conocidos contienen anotaciones como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” y otra que atribuye la modificación a una orden de Traumatología y de la dirección médica.
Si el Gobierno regional sostiene que el responsable fue Martos, debe explicar cómo encaja esa afirmación con las órdenes registradas. Repetir que se trata de un “bulo” no resuelve la contradicción ni sustituye la revisión de los expedientes.
La orden de evitar pacientes “preferentes”
Las alteraciones documentadas se produjeron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025. Afectaron a 57 pacientes que pasaron de una clasificación preferente a otra normal.
La diferencia resulta relevante: la categoría preferente estaba asociada a una referencia de intervención inferior a 90 días, frente a los 180 de la categoría normal descrita en la documentación. Cambiar la clasificación ampliaba el plazo de referencia, aunque no permite concluir que todos los afectados esperaran exactamente el doble. El perjuicio individual exige revisar cuándo se operó a cada paciente y cómo evolucionó su situación.
La cirujana Susana Alonso pidió explicaciones por escrito el 14 de marzo de 2025, adjuntando una captura de uno de los cambios. Preguntó por las razones para modificar la prioridad sin contar con el criterio del cirujano.
En una respuesta posterior, el jefe del servicio recordó que los pacientes preferentes debían ser operados en 90 días y que, si se incumplía ese plazo, la Consejería avisaba a la dirección para acelerar la intervención. Después llegó la indicación de evitar, en lo posible, registrarlos como preferentes.
Este es el contenido que requiere una explicación institucional. Si existía una necesidad clínica prioritaria, ¿por qué recomendar que no constara como tal en el registro? La respuesta debe encontrarse en decisiones médicas documentadas, no en descalificaciones contra quienes preguntaron por ellas.
El coche del jefe y las absoluciones que Ayuso omite
Ayuso ha añadido que al denunciante “se le conoce por haber destrozado el coche de su jefe y por tener expedientes disciplinarios abiertos”.
La frase presenta los daños como un hecho atribuible al cirujano. Sin embargo, Martos sostiene que fue absuelto y, según la investigación publicada, aportó dos sentencias absolutorias relacionadas con esa acusación. La presidenta no menciona esas resoluciones en el fragmento de su intervención.
Tampoco un expediente disciplinario abierto equivale a una sanción firme ni acredita que su investigado manipulara las listas de espera. Son cuestiones que deben examinarse por separado, con sus pruebas y sus resoluciones.
El conflicto entre profesionales puede formar parte del contexto, pero no borra los correos ni cambia la identidad de quienes aparecen dando instrucciones. Convertir los antecedentes del denunciante en la respuesta principal permite eludir precisamente aquello que la Administración está obligada a esclarecer.
Atacar a los medios tampoco aclara las listas de espera
La presidenta ha extendido sus críticas a quienes dan voz al facultativo: “Ahora resulta que esa persona tiene que acudir a la televisión del régimen sanchista, pagada con los impuestos de todos los españoles, y al resto de los medios para darnos lecciones sobre las listas de espera de esta comunidad”.
Entrevistar a un médico que aporta documentación sobre posibles irregularidades en un hospital público tiene un interés informativo evidente. La responsabilidad periodística consiste en contrastar sus afirmaciones, examinar las pruebas y recoger la respuesta de los señalados.
La expresión “televisión del régimen sanchista” es una descalificación política. No refuta una sola anotación del sistema hospitalario ni demuestra que la denuncia sea falsa.
Además, la denuncia no surgió exclusivamente ante las cámaras. La documentación publicada recoge comunicaciones de Martos al director médico y al gerente durante marzo y abril de 2025, junto con las advertencias de Alonso. Los responsables del hospital habían recibido preguntas internas mucho antes de que el asunto adquiriera repercusión pública.
Insinuaciones sobre dinero y burlas contra los manifestantes
En la misma intervención, Ayuso ha afirmado que la oposición acumula “centenares de fracasos judiciales” y ha añadido que “algún día sabremos quién los paga”. A continuación, ha insinuado que podrían sufragarlos “esos señores con canas y barriga” que protestaron contra el acto de apertura del curso académico universitario.
En el fragmento aportado no identifica los procedimientos que sostendrían esa cifra ni presenta pruebas de la supuesta financiación. La insinuación deja una sospecha sobre personas a las que no identifica y cuya relación económica con esos litigios tampoco acredita.
La referencia a su edad y aspecto físico añade desprecio, pero ninguna información. Tener canas o barriga no demuestra que alguien deje de ser estudiante ni invalida su derecho a protestar.
Ese tono tampoco responde a las preguntas sobre la sanidad madrileña. La apariencia de los manifestantes universitarios no guarda relación con la prioridad quirúrgica de los pacientes del Ramón y Cajal.
Las huelgas en otras comunidades no explican lo ocurrido en Madrid
Ayuso ha cerrado este tramo de su respuesta aludiendo a huelgas sanitarias en todo el país y a las críticas de la oposición sobre fiscalidad, Formación Profesional, centros de datos, agua, energía y Cercanías.
La acumulación de reproches amplía el enfrentamiento político, pero deja intacta la cuestión original. Los conflictos sanitarios de otros territorios no explican quién ordenó modificar las prioridades en un hospital dependiente de la Comunidad de Madrid.
El Gobierno regional debe publicar conclusiones verificables sobre los 57 casos, aclarar si hubo una justificación clínica para cada cambio y determinar si existieron instrucciones similares en otros servicios. También debe explicar qué hizo cuando recibió las primeras advertencias y en qué pruebas se basa para señalar al denunciante.
Ayuso ha asumido personalmente la acusación contra Martos. Ahora le corresponde responder por ella. Llamar “bulo” a una denuncia respaldada por documentos exige demostrar qué contienen de falso esos documentos. Hasta entonces, los ataques al médico y a los medios dejan sin contestar la pregunta decisiva: por qué se rebajó la prioridad de pacientes que esperaban una operación.
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