El Congreso ha convalidado la reforma del copago farmacéutico impulsada por el Ministerio de Sanidad, una medida que pretende corregir una de las desigualdades más persistentes del sistema sanitario, que el acceso real a un medicamento no dependa solo de que esté financiado, sino también de que el paciente pueda pagarlo cada mes.
La norma salió adelante con 164 votos a favor, 33 en contra de Vox y 164 abstenciones del PP, ERC y Junts. El nuevo modelo amplía de tres a seis los tramos de aportación para la población activa e incorpora topes mensuales según la renta, mientras que en el caso de los pensionistas se pasa de tres a cuatro tramos. La reforma está recogida en el Real Decreto ley 11/2026 y busca adaptar el copago a la capacidad económica real de los usuarios.
El cambio tiene una lógica sencilla y profundamente social. No todos los pacientes afrontan igual el coste acumulado de los medicamentos. Para una persona con ingresos altos, el copago puede ser una molestia administrativa. Para una persona con renta baja, enfermedad crónica o varios tratamientos simultáneos, puede convertirse en una barrera. Y cuando un ciudadano deja de retirar un medicamento por motivos económicos, el problema deja de ser únicamente individual y pasa a ser también sanitario.
La salud pública no se protege solo en los hospitales. También se protege en la farmacia del barrio.
El Ministerio de Sanidad defiende que la reforma reducirá desigualdades y mejorará la continuidad de los tratamientos, especialmente entre personas polimedicadas y rentas bajas o medias. Según Sanidad, el impacto presupuestario estimado será de 265,63 millones de euros, concebidos como ahorro para las familias y como inversión en equidad sanitaria.
El nuevo esquema introduce más progresividad. Hasta ahora, buena parte de las personas activas con rentas entre 18.000 y 100.000 euros estaban agrupadas en un mismo tramo de aportación del 50%. La reforma divide ese bloque y rebaja al 45% la aportación para rentas entre 18.000 y 60.000 euros, además de fijar límites mensuales en los tramos inferiores para evitar cargas acumuladas excesivas.
En el caso de los pensionistas, se mantienen los mecanismos de protección mediante topes mensuales y se añade una mayor diferenciación por renta. También continúan las exenciones para colectivos vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas, personas desempleadas sin prestación y otros grupos especialmente protegidos.
La convalidación parlamentaria deja además una lectura política relevante. El Gobierno logra sacar adelante una reforma sanitaria con una fuerte carga redistributiva en un Congreso muy fragmentado, aunque con una mayoría más de abstención que de entusiasmo. Vox votó en contra y el PP prefirió no bloquear la medida, pero tampoco respaldarla.
La reforma no elimina el copago farmacéutico, pero lo hace menos ciego socialmente.
Ese es probablemente su principal valor. Introduce una idea elemental en cualquier política pública de orientación progresiva, no debe aportar igual quien no vive igual. Y en una sociedad donde la enfermedad crónica, el envejecimiento y la precariedad económica se cruzan cada vez con más frecuencia, esa diferencia puede ser decisiva.