Comisiones Obreras ha anunciado una ofensiva judicial e institucional por las actuaciones policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre y por las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso contra las organizaciones sindicales.
Una semana después de las movilizaciones, la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, y el secretario general confederal, Unai Sordo, han comparecido ante los medios para reclamar responsabilidades, exigir garantías para el ejercicio del derecho de huelga y advertir de que no aceptarán que las cargas policiales contra piquetes informativos y manifestantes queden sin consecuencias.
La comparecencia llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenase investigar las intervenciones policiales del 11N. El ministro también ha reconocido dudas sobre la proporcionalidad de algunas actuaciones, aunque ha descartado dimitir.
Paloma López anuncia acciones legales contra Ayuso por sus insultos a los sindicatos
La dirigente madrileña ha confirmado que CCOO promoverá un procedimiento de conciliación previo a una posible querella por injurias contra Isabel Díaz Ayuso, después de que la presidenta regional utilizara expresiones como «basura sindical» y «mafia» para referirse a las organizaciones de trabajadores.
«No estamos hablando de una crítica política, por dura que sea, sino de expresiones intolerablemente ofensivas e insultantes», ha denunciado Paloma López, que también ha cuestionado las acusaciones que vinculan la actividad sindical con el acoso, la intimidación y el terror.
La organización estudiará igualmente la posibilidad de acudir a la jurisdicción penal para que se examine si las declaraciones pudieran constituir un delito de odio, una calificación jurídica que, en cualquier caso, deberá ser determinada por los tribunales.
López ha sostenido que las palabras de Ayuso exceden los límites de una controversia política ordinaria y ha defendido el reconocimiento constitucional de los sindicatos. «Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid generan odio contra un colectivo concreto y específico, que es el de los sindicatos y el de los y las sindicalistas», ha afirmado.
La dirigente sindical también ha relacionado la actitud de la presidenta autonómica con el conflicto educativo madrileño y las movilizaciones del profesorado en defensa de la enseñanza pública, denunciando la ausencia de diálogo con sus representantes.
Cargas policiales en Mercamadrid y las cocheras de la EMT
La organización ha detallado las acciones legales previstas por las intervenciones policiales contra piquetes informativos en Mercamadrid y distintas instalaciones de transporte público, especialmente en las cocheras de la EMT de Fuencarral.
Según Paloma López, los agentes utilizaron aerosoles irritantes contra trabajadores que participaban en la huelga y desplazaron a los piquetes hasta lugares desde los que no podían informar a quienes acudían a sus puestos de trabajo. Los sindicatos ya habían denunciado durante la jornada del 11N la existencia de trabajadores heridos y habían anunciado su intención de emprender acciones judiciales.
«Los piquetes informativos no son una concesión de la Administración ni una actividad que la Policía puede impedir discrecionalmente. Son una expresión de un derecho fundamental», ha recordado López.
La secretaria general de CCOO Madrid ha subrayado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había suspendido el día anterior parte de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno regional. Según el sindicato, esa decisión judicial no se comunicó adecuadamente a todos los trabajadores afectados, por lo que impedir la actividad de los piquetes podía dificultar que conocieran su derecho a secundar la huelga.
CCOO ha anunciado un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa para solicitar que se examine si las actuaciones policiales vulneraron los derechos de huelga, libertad sindical, reunión e integridad física. Paralelamente, sus servicios jurídicos están recopilando testimonios y documentación para las correspondientes acciones individuales.
Unai Sordo exige dimisiones y sitúa la responsabilidad final en Marlaska
Unai Sordo ha centrado buena parte de su intervención en las cargas registradas al término de la manifestación de Madrid, que ha calificado de injustificadas y peligrosas para quienes participaban pacíficamente en la protesta.
El dirigente ha denunciado que la utilización de gases, pelotas de goma y porras en calles próximas a la Gran Vía pudo generar situaciones de pánico y avalanchas, con consecuencias potencialmente graves para los manifestantes.
«La Policía está para proteger a las personas que se manifiestan» y «no puede ser el principal elemento de riesgo» en una movilización multitudinaria, ha defendido.
Sordo ha reclamado que se esclarezca quién ordenó las intervenciones, cuáles fueron los criterios operativos y si existió alguna motivación ajena al mantenimiento de la seguridad pública.
«Pedimos que rueden cabezas en el mando policial y, en caso de que no se dé respuesta a todo esto que he planteado, la responsabilidad recaerá directamente sobre el Ministerio del Interior y quien lo lidera, que es el ministro Marlaska», ha advertido.
El secretario general de CCOO ha planteado como hipótesis que las cargas pudieran haber alterado deliberadamente la imagen pública de las movilizaciones, sustituyendo el protagonismo de las protestas por las escenas de enfrentamientos. No ha presentado esa interpretación como un hecho probado y ha reclamado una investigación que determine lo ocurrido.
CCOO cuestiona los cambios de criterio de Interior sobre los aerosoles policiales
Durante el turno de preguntas, un periodista ha cuestionado la decisión del Ministerio del Interior de restringir inicialmente determinados aerosoles individuales y volver posteriormente a autorizar su utilización, mientras los dispositivos de dispersión empleados durante algunas cargas continuaban sin una prohibición equivalente.
Sordo ha evitado entrar en valoraciones sobre los cambios de criterio del Ministerio y ha insistido en que cualquier utilización de medios coercitivos debe respetar el principio de proporcionalidad.
«Esa proporcionalidad no existió en muchos episodios del 11 de noviembre», ha afirmado, antes de reclamar normas policiales que protejan a la ciudadanía y eviten situaciones de riesgo innecesarias.
El dirigente sindical también ha agradecido expresamente el trabajo de los periodistas que documentaron las intervenciones policiales, al considerar que las grabaciones y los testimonios permiten contrastar las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales.
Unai Sordo advierte de posibles retrocesos en el salario mínimo y la protección social
La rueda de prensa también ha servido para abordar las consecuencias laborales de un eventual cambio de Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre.
Preguntado por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre una posible revisión de medidas aprobadas por el Ejecutivo, Sordo ha expresado su preocupación por el futuro del salario mínimo interprofesional, la reforma laboral y las prestaciones sociales.
«No es que lo temamos, es que lo están anunciando», ha declarado, en referencia a los compromisos de derogación de normas defendidos durante la campaña electoral.
El secretario general de CCOO ha recordado el incremento acumulado del salario mínimo durante los últimos años, la reducción de la temporalidad y la utilización de los ERTE para proteger el empleo, y ha advertido de que determinadas propuestas económicas podrían modificar ese marco de protección.
Sus declaraciones constituyen una advertencia sindical sobre posibles decisiones de un futuro Ejecutivo, no la constatación de que PP y Vox hayan acordado ya derogar esas medidas.
CCOO actuará por separado de UGT, pero expresa su solidaridad tras el ataque a la sede de Vigo
Sordo ha aclarado que las acciones judiciales anunciadas parten inicialmente de Comisiones Obreras y no de una iniciativa conjunta con UGT, debido a la necesidad de recoger testimonios individuales y analizar las circunstancias específicas de los trabajadores afectados.
No obstante, ha expresado su solidaridad con todas las personas que sufrieron las actuaciones policiales, independientemente de su afiliación sindical, y ha enviado un mensaje de apoyo a UGT por el ataque con un artefacto casero sufrido en su sede de Vigo durante la jornada de huelga.
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