La investigación abierta por el Vaticano contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, por presuntos abusos sexuales continuados a un menor en los años 90, marca un antes y un después en la historia reciente de la Iglesia católica en España. Es la primera vez que se conoce públicamente que un obispo español está siendo investigado canónicamente por un delito de pederastia, lo que ha generado un fuerte impacto en los círculos eclesiásticos, políticos y sociales.
La denuncia fue enviada este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el órgano vaticano encargado de los delitos más graves. El denunciante, que tenía entre 14 y 21 años cuando ocurrieron los hechos, acusa a Zornoza de haber abusado de él de forma sistemática mientras era seminarista en el Cerro de los Ángeles, en Getafe. La carta, publicada por El País, detalla episodios de manipulación emocional, tocamientos, besos y una supuesta “terapia de conversión” para “curar” su homosexualidad.
El Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones, calificándolas de “graves y falsas”, y ha anunciado la suspensión temporal de la agenda del obispo, alegando motivos de salud por un cáncer agresivo. El caso ha sido trasladado al tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.
Según diversos medios como Eldiario.es, Zornoza ha sido descrito como un obispo de gobierno autoritario y poco dialogante. Durante su mandato se han registrado tensiones con sacerdotes y laicos; ha mantenido enfrentamientos con parte del clero local y con movimientos eclesiales más progresistas; y ha mostrado su negativa a acoger menores migrantes. Se opuso a la acogida de niños no acompañados en Ceuta, lo que generó críticas incluso dentro de la Iglesia. Se le considera un obispo jerarca distante y poco pastoral.
Zornoza representa un sector de la jerarquía eclesiástica que se ha resistido a los cambios impulsados por el papa Francisco, especialmente en temas como la apertura a colectivos LGTBI; la transparencia en casos de abusos; y la participación de laicos y mujeres en órganos de decisión. Su estilo contrasta con el de otros obispos más cercanos a la línea reformista.
Repercusiones en la Iglesia española
El caso se produce en un momento especialmente delicado para la Iglesia en España, que aún digiere el informe del Defensor del Pueblo publicado en octubre de 2023. El documento reveló que al menos 1.133 víctimas habían denunciado abusos sexuales cometidos por miembros del clero, y que el 99 por ciento de los casos no habían sido judicializados. El informe también criticó la falta de colaboración de algunas diócesis y la opacidad institucional.
La investigación sobre Zornoza pone en evidencia las tensiones internas entre sectores que reclaman transparencia y justicia, y otros que temen el daño reputacional. Algunos obispos han expresado en privado su preocupación por el precedente que sienta este caso, mientras que asociaciones de víctimas como Infancia Robada han exigido que se levante el velo de silencio que aún persiste en muchas diócesis.
Reacciones políticas y sociales
Desde el ámbito político, varios partidos han pedido explicaciones. Diputados de Sumar y PSOE han reclamado que el Gobierno refuerce los protocolos de protección de menores en instituciones religiosas, mientras que desde el PP se ha apelado a la presunción de inocencia. Vox, por su parte, ha evitado pronunciarse directamente sobre el caso.
En redes sociales, el caso ha generado una oleada de indignación, especialmente por el hecho de que los abusos se habrían prolongado durante años sin que nadie interviniera. La carta del denunciante, en la que afirma que escribió a Zornoza sin recibir respuesta, ha sido compartida masivamente como símbolo del abandono institucional.
Si el tribunal eclesiástico considera que hay indicios suficientes, el caso podría elevarse a Roma, donde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe podría imponer sanciones que van desde la suspensión del ministerio hasta la expulsión del estado clerical. Aunque el delito está prescrito en la justicia ordinaria, el proceso canónico sigue su curso.
Este caso no solo pone en cuestión la figura de Zornoza, sino que abre una grieta en el muro de silencio que ha protegido durante décadas a altos cargos eclesiásticos. La Iglesia española se enfrenta ahora al reto de demostrar que está dispuesta a asumir responsabilidades, reparar el daño y prevenir futuros abusos.