La estrategia de indultos presidenciales de Donald Trump ha evolucionado de manera significativa desde su primer mandato. Si bien el indulto masivo a los implicados en la insurrección del 6 de enero sorprendió a analistas y legisladores, la tendencia reciente revela un patrón más selectivo: el perdón a condenados por fraude, corrupción y delitos de cuello blanco. Este fenómeno incluye a multimillonarios y exfuncionarios públicos.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Wanda Vázquez Garced, exgobernadora de Puerto Rico, condenada por violar normas de financiación de campañas, así como Julio Herrera Velutini y Mark Rossini, acusados de fraude electrónico. Las relaciones financieras entre los indultados y donaciones millonarias al comité pro-Trump MAGA Inc. han encendido debates sobre la posible influencia de los intereses privados en las decisiones presidenciales, aunque la Casa Blanca insiste en que no existe relación directa.
Trump no se ha limitado a casos aislados. Más de la mitad de los 88 indultos individuales de su administración correspondieron a delitos de cuello blanco, incluyendo blanqueo de capitales, fraude bancario y fraude electrónico. La consecuencia inmediata de esta política es preocupante: un análisis del Comité Judicial de la Cámara de Representantes calculó que los indultos han privado a las víctimas de delitos de aproximadamente 1.300 millones de dólares en restituciones y multas. El demócrata Jamie Raskin resumió la cuestión con claridad: los indultos de Trump permiten que los infractores retengan el dinero que defraudaron a empleados, inversores y contribuyentes.
La paradoja se intensifica cuando se contrasta esta política con la retórica de Trump sobre la lucha contra el fraude. La administración republicana ha acusado a estados gobernados por demócratas de malversación masiva, como el supuesto robo de 9.000 millones de dólares en Minnesota o las reducciones de pagos de guarderías y servicios sociales en California, Illinois, Nueva York y Colorado. Sin embargo, estos señalamientos se han visto bloqueados por la justicia federal y carecen de respaldo probatorio.
El contraste se vuelve aún más agudo al observar la gestión de casos de corrupción y fraude por parte de Trump, donde los indultos no parecen estar motivados por la justicia, sino por conveniencia política o interés económico. El caso de Lawrence Duran, condenado a 50 años por un fraude de 200 millones de dólares al Medicare, ilustra esta paradoja: la Casa Blanca conmutó su condena en 2025, lo que suscita críticas sobre la coherencia ética de los indultos presidenciales.
La administración defiende sus decisiones argumentando que cada solicitud de indulto es evaluada por un equipo de abogados y revisada en coordinación con el Departamento de Justicia, pero este proceso no ha logrado disipar la impresión de arbitrariedad. El enfoque parece privilegiar a los que fueron supuestamente maltratados por la justicia bajo la administración Biden, mientras que los acusados de fraude sin vínculos políticos reciben un trato desigual.
La reacción del Partido Demócrata no se ha hecho esperar. El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó un seguimiento público del patrón de indultos de Trump, subrayando la contradicción entre la indulgencia hacia estafadores convictos y la persecución política basada en acusaciones de fraude no comprobadas. Para Newsom, Trump personifica la hipocresía del fraude, utilizando el indulto como mecanismo de protección para aliados y arma política contra adversarios.
Este patrón de indultos plantea una cuestión esencial sobre la legitimidad moral y política del uso de la clemencia presidencial. En lugar de consolidar la confianza en el sistema judicial, los indultos por fraude envían un mensaje inquietante: la ley puede ser manipulada para favorecer a quienes poseen influencia política o económica, mientras que el fraude se convierte en una herramienta para atacar rivales políticos.
La administración Trump ha logrado así un doble efecto: proteger a aliados convictos y a la vez instrumentalizar acusaciones de fraude para presionar a estados gobernados por demócratas, creando un escenario en el que la justicia se percibe como selectiva y politizada. Este enfoque erosiona la noción de estado de derecho como promesa y no como arma política, y redefine los límites de la clemencia presidencial en Estados Unidos.