El indulto de Donald Trump al fundador de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, quien recientemente había cumplido condena en prisión por blanqueo de dinero es un movimiento que une poder político, finanzas internacionales y criptomonedas. La decisión no surge de un vacío, forma parte de una serie de maniobras que combinan intereses comerciales privados con influencias políticas, y plantea preguntas inquietantes sobre los niveles de corrupción de la actual administración estadounidense.
La historia de este indulto comienza meses antes. En mayo de 2025 la SEC retiró la demanda contra Binance por supuestamente engañar a inversores sobre los controles operativos del exchange. Esta decisión judicial coincidió con la firma de un acuerdo de 2.000 millones de dólares entre Binance y World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas de la familia Trump, lo que sugiere un vínculo directo entre la presión empresarial de CZ y los intereses financieros del presidente.
El contexto es complejo y revela un patrón de convergencia entre intereses políticos y económicos. El 13 de marzo de 2025, The Wall Street Journal informó que representantes de la familia Trump negociaban una participación en la filial estadounidense de Binance. Esta inversión potencial colocaría a Trump en una posición de beneficio directo respecto a una empresa que ya había sido condenada por violaciones de la ley contra el blanqueo de capitales en 2023. Mientras tanto, CZ presionaba para obtener un indulto, un movimiento que habría resultado imposible sin la coincidencia de intereses financieros y políticos.
La cronología revela un entramado de transacciones que amplifica la preocupación por conflictos de interés. En mayo de 2025, WLFI anunció que su stablecoin USD1 (vinculada al dólar estadounidense) comenzaría a cotizar en Binance y facilitaría la inversión de 2.000 millones de dólares de MGX, un fondo emiratí respaldado por Abu Dhabi. Según los cálculos de analistas independientes, esta operación podría generar “decenas de millones de dólares al año” para la familia Trump y sus socios. A finales de octubre, Trump concedió el indulto a CZ, despejando un obstáculo legal significativo para el regreso del exchange al mercado estadounidense.
El impacto de este indulto va más allá del beneficio inmediato a CZ y su empresa. La medida allana el camino para que la familia Trump se beneficie de sus crecientes operaciones fraudulentas con criptomonedas. Desde la perspectiva del gobierno, este episodio evidencia un uso del poder presidencial que, en circunstancias normales, sería considerado un abuso y podría desencadenar un juicio político. Pero en el marco de la administración Trump, estas acciones corruptas se han convertido en rutina, reflejando un patrón consistente: utilizar la autoridad federal para favorecer intereses personales y comerciales, a menudo en detrimento del interés público.
Las implicaciones económicas son igualmente relevantes. El indulto y la apertura de Binance a Estados Unidos facilitan un flujo de capital que escapa en gran medida a la regulación tradicional, creando riesgos sistémicos para la integridad financiera. Las criptomonedas, por su naturaleza descentralizada, ya plantean desafíos de supervisión, sobre todo cuando se combinan con influencias políticas y exenciones legales otorgadas a aliados, dado que el riesgo de malversación, lavado de dinero y concentración de beneficios se multiplica.
Desde un enfoque comparativo, pocos países permiten que actores políticos con intereses privados directos en empresas sancionadas por violaciones legales intervengan con impunidad. En naciones con regulaciones más estrictas, un movimiento semejante hubiera desencadenado investigaciones federales, sanciones civiles y, potencialmente, procesos penales. La combinación de indulto presidencial, vinculación familiar con inversiones millonarias y abandono regulatorio en Estados Unidos representa un precedente de difícil comparación, que erosiona la confianza en las instituciones financieras y en la imparcialidad del poder ejecutivo.
El indulto a CZ ilustra un fenómeno más amplio: la instrumentalización de las herramientas del Estado para garantizar beneficios privados. No se trata únicamente de un acto de clemencia; es la culminación de meses de negociaciones, alianzas comerciales y presiones políticas que interconectan la familia Trump, un multimillonario de criptomonedas condenado por blanqueo de capitales y un fondo emiratí con intereses financieros estratégicos. Este entramado pone en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control cuando se cruzan intereses personales y públicos.
Mientras tanto, el ciudadano promedio afronta un panorama desigual: recortes salvajes en programas sociales y atención médica en riesgo, mientras que las decisiones políticas de alto nivel facilitan la exoneración de individuos con capacidad para generar beneficios multimillonarios. La paradoja es brutal: la administración puede proteger el capital privado y las oportunidades financieras de una minoría influyente, mientras millones de estadounidenses luchan por mantener cobertura médica, educación y seguridad económica.