Cuando el presidente Donald Trump indultó a Changpeng “CZ” Zhao, fundador de Binance, en octubre, la Casa Blanca presentó el gesto como una corrección histórica. Según su secretaria de prensa, la guerra del Gobierno de Biden contra las criptomonedas había terminado. El mensaje era inequívoco: la industria dejaba de ser sospechosa para convertirse en víctima.
La realidad, sin embargo, es más incómoda. Binance y su fundador se habían declarado culpables apenas un año antes, en noviembre de 2023, de violar de forma sistemática las leyes contra el blanqueo de capitales. Las autoridades estadounidenses acusaron a la empresa de permitir transacciones vinculadas a terroristas, ciberdelincuentes y redes de pedofilia. Zhao dimitió, Binance prometió reformarse y un monitor judicial pasó a supervisar sus operaciones. Pero el dinero siguió fluyendo.
Flujos ilícitos intactos
Entre la declaración de culpabilidad y el indulto presidencial, cientos de millones de dólares en criptomonedas siguieron entrando en Binance desde redes criminales globales, según una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El caso más revelador es el del Grupo Huione, una firma financiera con sede en Camboya utilizada por bandas criminales chinas para lavar ganancias procedentes del tráfico de personas y estafas masivas. El análisis del ICIJ muestra que al menos 408 millones de dólares en activos digitales llegaron a cuentas de Binance mientras la empresa estaba bajo supervisión judicial.
No se trata de una excepción, sino de un patrón.
El sistema que se repite
Binance no estaba sola. En febrero, OKX, otra de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, se declaró culpable en Estados Unidos de operar una plataforma ilegal de transferencias de dinero. También aceptó contratar a un consultor de cumplimiento normativo. Aun así, las cuentas de OKX continuaron recibiendo cientos de millones de dólares del Grupo Huione, incluidos 161 millones después de que el Tesoro de Estados Unidos lo calificara como foco principal de blanqueo de dinero.
El ICIJ también rastreó fondos del cártel de Sinaloa, redes chinas de tráfico de fentanilo y blanqueadores rusos vinculados al programa nuclear de Corea del Norte circulando por Coinbase, OKX y HTX, esta última asociada al empresario cripto Justin Sun, uno de los mayores inversores en World Liberty Financial, la empresa de criptomonedas vinculada a la familia Trump.
El mensaje implícito es perturbador: el sistema permite que el dinero sucio encuentre siempre una puerta abierta.
El incentivo perverso de los exchanges
Las plataformas de intercambio de criptomonedas ocupan una posición central en el ecosistema digital. Funcionan como bancos, permiten abrir cuentas, almacenar fondos y convertir criptomonedas en dinero convencional. Pero no están sujetas a las mismas exigencias regulatorias, ni ofrecen garantías comparables a los depósitos bancarios.
Aquí emerge el conflicto estructural. Las comisiones por transacción son la principal fuente de ingresos de los exchanges. Expulsar a los delincuentes significa perder volumen y beneficios. Si expulsan a los criminales de la plataforma, pierden una fuente importante de ingresos. Las criptomonedas ofrecen a los criminales un sistema financiero mucho más eficiente que el viejo dinero en efectivo.
Este hecho desmonta el relato de neutralidad tecnológica: la arquitectura del negocio favorece la tolerancia al riesgo ilícito.
Ilusión de transparencia
La industria sostiene que las criptomonedas son más fáciles de rastrear que el dinero tradicional porque todas las transacciones quedan registradas en una cadena de bloques (blockchain). En teoría, la trazabilidad debería facilitar el trabajo policial.
En la práctica, ocurre lo contrario. Los fondos atraviesan decenas de billeteras anónimas, se mezclan mediante servicios automatizados, y llegan “limpios” a los exchanges. Según exresponsables de cumplimiento normativo de Binance y OKX, los equipos internos simplemente no dan abasto. La única forma realista de atrapar a los delincuentes es esperar a que cometan un error.
Impunidad global
El problema no es solo tecnológico, sino político y regulatorio. En Europa, nuevas normas de protección al consumidor y transparencia entraron en vigor a finales de 2024. En Estados Unidos, en cambio, la llegada de Trump ha supuesto una retirada de la presión regulatoria. Las demandas civiles contra Coinbase, Kraken y Binance fueron retiradas, mientras que la supervisión sigue siendo extraordinariamente débil.
A diferencia de los bancos, los exchanges están supervisados por una división menor del IRS, con recursos limitados. El resultado es una asimetría regulatoria que beneficia a una industria que el año pasado movió decenas de billones de dólares.
Víctimas invisibles
Mientras los exchanges prosperan, las víctimas quedan abandonadas. Solo en 2024, el FBI estima pérdidas de 9.300 millones de dólares en delitos relacionados con criptomonedas, un 67% más que el año anterior. La cifra equivale a la mitad del fraude de Bernie Madoff, concentrado en un solo año.
Las fuerzas del orden, advierten los expertos, no tienen medios suficientes. La policía no puede hacer frente al volumen abrumador de actividad ilícita. Esto no puede seguir así.
Sistema diseñado para mirar hacia otro lado
La economía cripto ha normalizado la convivencia con el delito, no por incapacidad técnica, sino por decisiones empresariales y políticas.
El indulto a Changpeng Zhao no fue solo un gesto personal de Trump, fue una señal al mercado: el castigo es negociable, la vigilancia reversible y la responsabilidad difusa.
En un mundo donde el dinero digital se mueve más rápido que las leyes, la frontera entre innovación financiera y crimen organizado se ha vuelto peligrosamente porosa. Y, por ahora, los grandes ganadores no son los usuarios ni las víctimas, sino quienes cobran comisión por cada transacción, venga de donde venga. Todo ello, además, con la bendición del presidente de los Estados Unidos que está ganando miles de millones en esta industria.