La posibilidad de una intervención terrestre de Estados Unidos en Irán ha dejado de ser una hipótesis remota para convertirse en una opción explícitamente no descartada por el propio jefe del Pentágono. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó cerrar la puerta al envío de fuerzas sobre el terreno durante su primera comparecencia pública tras la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
En una rueda de prensa celebrada en el Pentágono junto al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, Hegseth afirmó que actualmente no hay tropas estadounidenses desplegadas en territorio iraní, pero se negó a detallar los límites de la operación. “No vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos”, declaró, dejando abierta la posibilidad de una expansión del conflicto.
La ambigüedad estratégica marca así una nueva fase en la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuyos ataques ya han superado los mil objetivos dentro del territorio iraní y no cuentan con un calendario definido para su conclusión.
La administración ha ofrecido estimaciones cambiantes sobre la duración de la campaña. Sin embargo, la comparecencia del lunes confirmó que la operación no responde a un plazo rígido, sino a objetivos militares amplios: debilitar la infraestructura convencional y nuclear iraní y limitar la capacidad de Teherán para proyectar poder más allá de sus fronteras.
Según explicó Caine, los ataques buscan “impedir que Irán pueda proyectar su poder fuera de sus fronteras”. Hegseth complementó esa justificación al sostener que Teherán estaba construyendo misiles y drones avanzados como “escudo convencional” para respaldar lo que describió como ambiciones nucleares de chantaje estratégico. Desde esta perspectiva, la ofensiva pretende neutralizar ese “paraguas convencional” antes de que consolide una capacidad disuasiva irreversible.
La narrativa oficial combina así la seguridad nacional estadounidense con la prevención de un hipotético fortalecimiento nuclear iraní. Sin embargo, el momento elegido resulta significativo: los ataques se produjeron mientras negociadores estadounidenses e iraníes mantenían conversaciones en Ginebra, lo que sugiere un giro decisivo desde la diplomacia hacia la coerción militar.
El desarrollo de la operación introduce una tensión política interna evidente. El presidente Donald Trump había prometido durante la campaña electoral evitar nuevas guerras. En su discurso de victoria de noviembre de 2024 aseguró: “No voy a iniciar una guerra. Voy a detener las guerras”. Asimismo, tanto él como miembros de su gabinete criticaron reiteradamente las llamadas “guerras eternas” de administraciones anteriores, incluidas las prolongadas intervenciones en Afganistán.
El contraste entre esa retórica y un conflicto de duración indefinida, con la posibilidad de despliegue terrestre, no pasa desapercibido. Aunque la Casa Blanca presenta la ofensiva como una acción limitada y preventiva, la lógica de escalada regional complica cualquier intento de contención estricta.
La respuesta iraní no se ha hecho esperar. Ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses y aliadas continúan sin señales claras de disminución. Desde el sábado, cuatro soldados estadounidenses murieron tras el impacto de un misil contra su base en Kuwait. En el mismo episodio, las defensas aéreas kuwaitíes derribaron por error tres cazas F-15E estadounidenses, aunque sus seis tripulantes sobrevivieron.
Estos incidentes subrayan la fragilidad del equilibrio militar en el Golfo Pérsico. En un entorno saturado de sistemas de defensa aérea y amenazas asimétricas, el riesgo de errores de identificación y daños colaterales aumenta exponencialmente.