La Administración Trump ha optado por una escalada que redefine el tablero estratégico de Oriente Medio. La Casa Blanca sostiene que ordenó ataques expansivos y letales para neutralizar una amenaza inminente de Irán, pero hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que acrediten que Teherán estuviera a punto de atacar primero. La decisión, ejecutada en medio de la mayor acumulación militar estadounidense en la zona en décadas, abre interrogantes no solo sobre la lógica militar, sino sobre la arquitectura constitucional del poder de guerra en Estados Unidos.
Más de doce horas después de iniciados los bombardeos (misiles, drones y artillería de largo alcance contra objetivos iraníes) altos funcionarios defendieron la operación alegando que esperar habría multiplicado las bajas estadounidenses. Otros señalaron que el presidente actuó tras concluir que Irán no aceptaría detener por completo el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, el salto de la diplomacia fallida a la fuerza abierta careció del ritual previo que tradicionalmente acompaña a las guerras estadounidenses: la construcción de un expediente.
A diferencia de lo ocurrido bajo George W. Bush en Irak, cuando la Casa Blanca buscó y obtuvo autorización del Congreso, o de la estrategia multilateral de George H. W. Bush ante la invasión de Kuwait, la actual administración no intentó asegurar una resolución del Senado ni movilizar una coalición bajo el paraguas de las Naciones Unidas. El Pentágono, rompiendo una práctica que se remonta a la guerra de Vietnam, evitó comparecer ante la prensa durante casi 36 horas después de iniciadas las hostilidades.
La narrativa oficial insiste en que los ataques priorizaron sistemas de defensa aérea, bases de lanzamiento de drones y misiles, y aeródromos militares que representaban una amenaza inmediata. Pero ni el Departamento de Defensa ni el Comando Central de Estados Unidos han detallado qué inteligencia específica sustentaba esa urgencia.
El escepticismo no tardó en emerger en el Capitolio. El senador demócrata por Virginia, Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia, afirmó no haber visto información que indicara que Irán estuviera a punto de lanzar un ataque preventivo contra Estados Unidos. A su juicio, el presidente ha iniciado una “guerra de elección”.
La decisión supone un giro llamativo respecto a la retórica electoral de Donald Trump, quien prometió poner fin a las “guerras eternas” y criticó el intervencionismo estadounidense en sociedades “que ni siquiera ellos mismos entendían”. En videos difundidos en Truth Social, el presidente defendió los ataques y advirtió que las operaciones continuarían, aun reconociendo que podrían aumentar las bajas estadounidenses. No obstante, evitó un discurso formal a la nación o una conferencia de prensa extensa que permitiera escrutinio público.
La CIA, según fuentes familiarizadas con operaciones encubiertas, había intentado establecer canales con funcionarios iraníes durante semanas. La información de inteligencia habría facilitado ataques que eliminaron a altos dirigentes iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei. Sin embargo, la agencia no ha explicado si esos datos probaban una ofensiva inminente o simplemente ofrecían una oportunidad táctica.
Irán y sus aliados (como Hezbolá y los hutíes en Yemen) constituyen amenazas persistentes para bases y aliados estadounidenses. Pero la pregunta central no es si representan un riesgo estructural, sino si ese riesgo justificaba una guerra abierta en este momento. Las primeras bajas estadounidenses, tras un ataque de represalia iraní, subrayan que la escalada ya tiene costes tangibles.
El argumento oficial de que “Estados Unidos no inició este conflicto, pero lo terminará” evoca la confianza de intervenciones pasadas que prometían campañas breves y quirúrgicas. La historia reciente sugiere cautela: las guerras rara vez se ajustan al guion inicial.
En el trasfondo, la operación revela una concepción maximalista del poder ejecutivo, una vez más de un presidente que envidia a los autócratas. La guerra sin autorización explícita del Congreso, la ausencia de coalición internacional y la justificación ex post facto configuran un precedente que amplía los márgenes presidenciales en materia de uso de la fuerza.