Carlos Mazón encara una semana decisiva en medio de la tormenta política que ha sacudido la Generalitat Valenciana. Aunque anunció su dimisión como president el pasado lunes, sigue ejerciendo como presidente en funciones y este martes se someterá a la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts. Será su primera aparición pública desde que dejó el cargo, y lo hará en un escenario cargado de tensión institucional y presión ciudadana.
La comisión se ha instalado en una sala pequeña, de reducidas dimensiones, para tratar de darle la menor repercusión mediática al trámite. Mazón quiere que el mal trago pase cuanto antes y ni siquiera los periodistas acreditados podrán acceder a la sala por falta de espacio. La comisión parlamentaria, que hasta ahora solo había escuchado a técnicos y expertos, recibirá por primera vez a un político. Mazón solicitó voluntariamente comparecer el 11 de noviembre, en una sesión en la que también estaban citados altos cargos del Gobierno central, como Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Teresa Ribera y Pilar Bernabé. Sin embargo, la ministra Pilar Alegría ya ha confirmado que ninguno de ellos acudirá, al no estar obligados como representantes estatales.
La intervención de Mazón está prevista para las 16.00 horas y seguirá un formato estructurado: tres minutos por grupo parlamentario, quince para el compareciente, seis minutos adicionales por grupo y un cierre de seis (o siete) minutos por parte de Mazón. La comparecencia se produce en un contexto judicial delicado. La jueza que investiga la gestión de la dana ha llamado a declarar al círculo más cercano de Mazón, incluido el dueño del Ventorro, en una causa que sigue ganando peso. Entre los citados figura Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP en Les Corts y principal candidato para sucederle en la presidencia.
PP y Vox tienen hasta el 19 de noviembre para presentar sus propuestas. Una vez cerrado ese plazo, la Presidencia de Les Corts fijará el pleno de investidura entre el 24 y el 28 de noviembre. Mientras tanto, la presión social no cesa. Este domingo, miles de personas se manifestaron en la Plaza de San Lorenzo de Valencia exigiendo prisión para Mazón y elecciones anticipadas. Los cánticos fueron contundentes: “Volem votar”, “Partido Popular, partido criminal”, “No són morts, són assassinats” y “Mazón a la presó”.
La protesta coincidió con el aniversario de la multitudinaria marcha de 2024, que reunió a 130.000 personas para pedir su dimisión. Un año después, el lema ha cambiado, pero el clamor ciudadano sigue resonando con fuerza.
Entre tanto, PP y Vox siguen negociando un nuevo pacto para mantener el control de la Generalitat Valenciana tras la dimisión de Carlos Mazón. Aunque Vox no exige cargos, sí reclama cambios políticos en asuntos que considera claves como la inmigración, fiscalidad y medio ambiente. Tras la dimisión de Carlos Mazón, el PP necesita el apoyo de Vox para investir a un nuevo president en Les Corts. Aunque Vox ha afirmado que “le da igual el nombre” del candidato, exige que el acuerdo incluya medidas programáticas alineadas con su ideario: freno a la inmigración, especialmente en lo relativo a menores no acompañados; fin del Pacto Verde Europeo y de las políticas medioambientales del PSOE; reducción fiscal y reformas en educación; y recorte de subvenciones a oenegés vinculadas a la migración.
El posible pleno de investidura se prevé de alto voltaje. Si no hay acuerdo, la Comunitat Valenciana podría ir a elecciones anticipadas, algo que Vox no descarta. El partido de Abascal se sabe fuerte en las encuestas y está presionando al PP en las negociaciones para sustituir a Carlos Mazón, sabiendo que a la formación de Feijóo no le conviene ir a las urnas. Los ultras no piden elecciones directamente, pero usan su ventaja electoral como palanca negociadora. Según fuentes del partido, “unas nuevas elecciones significan la seguridad de bajar para el PP y la probabilidad de perder el Gobierno”. Vox considera que puede crecer en caso de repetición electoral, lo que le da margen para exigir más peso político en el nuevo pacto.