El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) ha concedido amparo colegial a la letrada Pilar Esquinas, abogada de Yolanda Garrido, una de las víctimas de la DANA que ejercía como acusación particular en la causa judicial y que fue expulsada del procedimiento por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.
La Junta de Gobierno del ICAV acordó otorgar el amparo este lunes 3 de noviembre, según consta en la resolución. La corporación considera que “se ha producido una perturbación en el ejercicio de sus funciones profesionales, mediante expresiones contenidas en resoluciones judiciales que exceden el ámbito jurisdiccional y vulneran su independencia y dignidad profesional”.
El Colegio requiere a la autoridad judicial competente “al cese de la actuación que motivó la solicitud de amparo”, exhortando a la magistrada a que “se abstenga de incorporar en futuras resoluciones procesales valoraciones de carácter personal sobre la letrada amparada, así como referencias a contenidos difundidos en redes sociales o plataformas digitales que no consten formalmente incorporados al procedimiento, cuando tales menciones puedan proyectar descrédito o afectar a su independencia y dignidad profesional”.
Una expulsión basada en contenido extrajudicial
Pilar Esquinas había presentado la solicitud de amparo el pasado 3 de septiembre, “en relación con las actuaciones judiciales llevadas a cabo” por la jueza en la causa de la DANA. La petición se fundamentaba en que el auto de 4 de septiembre por el que se acordaba la expulsión de su representada como acusación particular “contiene expresiones que exceden el ámbito procesal, proyectando un cuestionamiento personal y profesional hacia la letrada, con alusiones a actividades ajenas al procedimiento”.
En su auto del 4 de septiembre, la magistrada vinculó a la letrada con declaraciones públicas de su clienta, Yolanda Garrido, quien perdió a tres familiares en la tragedia del pasado año, y citó vídeos publicados por Esquinas en YouTube llegando a calificarlos de “bulo”.
El Colegio señala que la jueza no se limitó a motivar una decisión procesal, sino que introdujo “juicios personales” sobre la letrada, llegando a acusarla de fraude procesal y a asociar su actuación con manifestaciones públicas ajenas al procedimiento. La resolución colegial considera especialmente grave la alusión directa incluida en el auto, en la que la jueza afirmó: “Como comprenderá la letrada de la acusación, no es este el lugar donde se han de investigar los bulos de miles de asesinatos, ni tampoco donde se me investigue a mí con el resultado que pretende su cliente”.
Para el ICAV, según The Objective, esa frase resume el problema de fondo: “se imputa a la abogada una intención inexistente, derivada de manifestaciones extraprocesales, y se le atribuye un papel que no le corresponde”. El Colegio insiste en que Esquinas “se limitó a ejercer su labor procesal”, sin investigar a la magistrada ni promover actuación alguna fuera de los cauces judiciales.
También amparo al abogado de Argüeso
En un movimiento sin precedentes, el Colegio de Abogados de Valencia ha otorgado un segundo amparo al letrado José María Bueno Manzanares, abogado que dirige la defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias y uno de los dos investigados en la causa de la DANA.
La magistrada había abierto una pieza separada contra Bueno Manzanares para estudiar si procedía sancionarlo, después de que el letrado presentara diversos escritos en los que formuló quejas relativas a la imparcialidad del órgano judicial. El abogado alegaba que las actuaciones judiciales “vulneran su derecho de defensa e independencia profesional”.
El Colegio de Abogados ha decidido amparar al letrado respecto a la apertura de la pieza separada, y requiere a la autoridad judicial que “cese la actuación que motivó la solicitud de amparo”. Además, ha decidido “exhortarle” a la magistrada para que “cese en el empleo de alusiones que supongan un descrédito para el abogado”.
Se trata de los dos primeros amparos que el Colegio de Abogados de Valencia concede a letrados en torno al caso de la DANA, y suponen un varapalo institucional sin precedentes a una misma autoridad judicial. La resolución del ICAV sienta así un precedente nacional en la defensa corporativa de la profesión: “Nunca antes se había concedido un amparo simultáneo a dos letrados frente a la misma autoridad judicial ni se había trasladado el caso al CGPJ”, según The Objective.
El acuerdo ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al entender que las expresiones contenidas en los autos superan los límites del respeto institucional que deben guardar los jueces hacia los profesionales de la abogacía.
El contexto: la instrucción de la DANA
La jueza Nuria Ruiz Tobarra lleva más de un año investigando la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana. El objeto del procedimiento es el aviso tardío a la población, responsable de la mayor parte de las muertes según la investigación, indagando en quiénes fueron los negligentes o imprudentes que no actuaron con la diligencia debida.
La magistrada investiga supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Hasta el momento hay dos investigados: la exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso. La instructora ha escuchado a lo largo de este año a más de 350 familiares de las víctimas.
Según diversos medios, la jueza ha sido descrita por fuentes jurídicas como “empática” con las víctimas, “muy sensible y responsable”, y “rigurosa e imparcial” en sus resoluciones. Sin embargo, la instrucción se ha convertido en una causa de alto voltaje en la que se entrecruzan graves reproches entre la jueza, las defensas y las acusaciones.