A Feijóo se le amontonan los problemas por su escaso talento para la estrategia política y por su giro ultraderechista. En las últimas horas, las víctimas de pederastia en la Iglesia católica se han puesto en contacto con él, por carta, para afearle su posición ambigua ante esta lacra que afecta a cientos de personas en nuestro país. Bajo el epígrafe “Lo que las víctimas de pederastia en la Iglesia le pedimos a Feijóo”, le han puesto al corriente del malestar del colectivo de damnificados. “Esperábamos que el PP adoptara una postura coherente, votando lo mismo en el Congreso y en el Parlamento europeo. Nos decepciona que no haya sido así”.
En la misiva, Miguel Hurtado –primer denunciante del caso Montserrat y portavoz de los impulsores de la ley de imprescriptibilidad– reclama al líder del PP una reunión personal con él y su equipo, según informa El Periódico de Cataluña. “La cita, afirman, sería a semejanza del encuentro que las víctimas tuvieron con Pedro Sánchez y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras la presentación del acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia para la creación de un mecanismo extrajudicial de reparación”. Para las víctimas, según expresan en la carta, si la ley se queda en una nueva ampliación de plazos, “se corre el riesgo de que no se resuelva el problema” y solo sea un “parche” y una “nueva patada hacia delante, pasando la patata caliente a la próxima legislatura”, como a su juicio sucedió con la ley de protección frente a la violencia infantil, llamada 'ley Rhodes', que en el anterior periodo de sesiones amplió los plazos a entre los 40 y 55 años, en función de la gravedad del delito.
Según El Periódico, “el colectivo pide ser recibido porque están profundamente preocupados por la enmienda presentada por su partido a la norma que impulsaron en el Parlament, destinada a promover la no prescripción de los delitos sexuales infantiles y que está siendo tramitada en el Congreso dado que reforma el Código Penal y requiere la aprobación en las Cortes. La enmienda del PP rechaza el objetivo fundamental de la norma, la no prescripción, y propone que las víctimas de violaciones en la infancia tengan hasta los 60 años para denunciar y 65 en los casos más graves, un tope que se rebaja hasta los 50 años para adolescentes de 16 y 17 años víctimas de agresiones sexuales sin penetración”. La propuesta de los populares ha sido tomada como una afrenta por las víctimas, que vienen a sumarse a otros colectivos disgustados con el PP, como la asociación de víctimas del 11M y de la dana de Valencia.
La relación entre el Partido Popular y la Iglesia católica ha sido históricamente estrecha, marcada por afinidades culturales, sociales y políticas. Esa cercanía ha generado, según diversos analistas y organizaciones civiles, una percepción de ambigüedad cuando el debate público se centra en los casos de pederastia dentro de instituciones eclesiásticas. Las posiciones del PP en torno a la responsabilidad institucional de la Iglesia y a la necesidad de investigaciones exhaustivas han sido interpretadas por algunos sectores como insuficientemente claras o incluso evasivas.
En los últimos años, España ha vivido un proceso de revisión crítica sobre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Informes periodísticos, investigaciones judiciales y testimonios de víctimas han impulsado un debate nacional sobre la magnitud del problema y sobre la necesidad de mecanismos de reparación. En este contexto, la postura de los partidos políticos ha adquirido un peso significativo, pues de ellos depende la creación de comisiones de investigación, la aprobación de leyes específicas o la exigencia de responsabilidades a instituciones históricamente influyentes. El PP, una vez más, se ha quedado demasiado conservador y demasiado corto en las ayudas a los afectados.
El PP ha jugado a la doble baraja. Mientras pedía endurecer penas por delitos sexuales, miraba para otro lado en el gravísimo asunto de la pedofilia de los sacerdotes. Y, cuando se ha planteado la creación de comisiones parlamentarias centradas específicamente en la Iglesia, el partido ha mostrado reticencias. Algunos portavoces populares han argumentado que una investigación limitada a una sola institución podría interpretarse como un ejercicio de señalamiento ideológico, y han defendido que cualquier análisis debería abarcar a todas las organizaciones (religiosas o no) donde se hayan producido abusos.
Esta posición ha sido criticada por asociaciones de víctimas, que consideran que la Iglesia constituye un caso singular por su estructura jerárquica, su capacidad de ocultación documentada en distintos países y la magnitud de los testimonios acumulados. Desde esta perspectiva, la negativa del PP a apoyar investigaciones específicas se interpreta como una forma de protección indirecta a la institución eclesiástica. Algunos analistas sostienen que esta actitud responde a la tradición sociopolítica del partido, que ha mantenido vínculos estrechos con sectores conservadores del catolicismo español.
Por otro lado, algunos dirigentes del PP han insistido en que su postura no implica indulgencia hacia los abusos, sino una defensa de la igualdad ante la ley. Según esta visión, centrar el foco exclusivamente en la Iglesia podría generar un precedente de investigaciones parlamentarias selectivas, condicionadas por mayorías coyunturales. El partido ha defendido que la vía judicial es el mecanismo más adecuado para esclarecer responsabilidades y que el Estado debe garantizar que cualquier víctima, independientemente del contexto en el que sufrió el abuso, reciba justicia y reparación.
La ambigüedad percibida surge precisamente de esa tensión entre el discurso general de condena y la resistencia a apoyar iniciativas concretas dirigidas a la Iglesia. Mientras otros partidos han impulsado investigaciones específicas, el PP ha optado por una estrategia más cautelosa, que algunos interpretan como prudencia institucional y otros como falta de compromiso con la transparencia.
El debate continúa abierto. Las víctimas reclaman reconocimiento y reparación; la sociedad exige claridad y responsabilidad; y los partidos políticos deben posicionarse en un terreno donde confluyen memoria histórica, sensibilidad social y relaciones de poder. En ese escenario, la postura del PP sigue siendo objeto de escrutinio, no solo por lo que dice, sino también por lo que evita decir. La cuestión de fondo (cómo afrontar de manera justa y exhaustiva los abusos cometidos en la Iglesia) permanece como uno de los desafíos éticos y políticos más complejos de la España contemporánea.