La Complutense cifra en más de 113.000 euros el perjuicio por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez del 'software' de su cátedra, según informa La Sexta. “En el informe que ha enviado al juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la UCM señala que se tenga por cuantificada de forma provisional esta responsabilidad civil” a fin de su eventual ejecución en la sentencia.
Por su parte, la UCM solicita que “se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones”. Asimismo, desglosa el total y explica que 108.765,79 euros fueron íntegramente al desarrollo del 'software' mientras que el resto se corresponde con el “coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la Universidad que intervino en las actuaciones necesarias para el desarrollo y adaptación”.
Llama la atención que la Universidad pueda cuantificar un daño por un delito que ni siquiera ha sido probado todavía. El asunto se encuentra en fase de instrucción todavía y esta petición del Rectorado universitario parece obedecer más a la ansiedad por que la esposa del presidente sea condenada ya cuanto antes que a un acto reflexivo, prudente y meditado. Otra cuestión que se plantea es cómo se puede cuantificar el daño por algo tan etéreo como la presunta utilización de un programa informático para usos privados.
En este contexto, Gómez negó haber cometido un delito de apropiación indebida de marca al inscribir el 'software' y aseguró que fue la propia universidad la que le indicó cómo registrarlo. Además de por apropiación indebida e intrusismo, Peinado la investiga por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Por otra parte, Indra ha señalado en un escrito remitido al magistrado que no ha encontrado “ningún acta levantada” en relación con reuniones que abordaran el 'software'. “No existe en los sistemas del grupo ningún acta levantada por empleados relativa al contenido de las reuniones mantenidas durante el desarrollo de la plataforma digital albergada en transformatsc.org”, informa La Sexta.
La cadena privada asegura que “tampoco consta en los sistemas del grupo ningún acta que, en su caso, pudiera haberse elaborado (y, posteriormente, remitido al grupo) por alguno de los intervinientes de las otras empresas que participaron en el desarrollo de la citada plataforma o por los representantes de la Universidad Complutense de Madrid”, añade.
Además, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha presentado un escrito al juez Juan Carlos Peinado en el que solicita que se investigue una presunta filtración del juzgado invocando la sentencia que condenó al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados.
En un escrito al que ha tenido acceso Efe, el letrado de Álvarez, que es investigada por el magistrado junto a Begoña Gómez, solicita al juzgado que se abra una pieza separada para esclarecer la supuesta filtración a Ok Diario de una providencia dictada en enero en la que ordenaba a la Policía que informara sobre las gestiones hechas para conseguir los pasaportes de ambas, que había solicitado sin éxito.
Esta defensa también pide que se deje sin efecto el requerimiento de los pasaportes y de cualquier otra documentación a los investigados porque vulnera su derecho a guardar silencio.
El escrito argumenta que la providencia está fechada el pasado 12 de enero, pero el juzgado no la envió al sistema Lexnet, para su notificación a las partes, hasta el 13 de enero pasadas las ocho de la tarde. Las partes solo pudieron tener acceso al documento a partir del día 14 por la mañana.