Tras el incidente migratorio en Ceuta, el rey Felipe VI expresó su “preocupación e indignación” por los “graves” acontecimientos ocurridos, y señaló que el Estado debe velar por la seguridad de las ciudades autónomas y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. ¿Qué quiso decir exactamente el monarca? ¿Estaba disparando sus críticas contra Marruecos y su complicidad con la entrada masiva de 70.000 personas a través de la frontera ceutí o, más bien al contrario, y tal como pareció, sus dardos iban dirigidos contra Pedro Sánchez y el Gobierno español por no haber tomado medidas para evitar la crisis humanitaria?
Aunque el texto oficial de la Jefatura del Estado elude el ataque partidista directo, el tono empleado y la exigencia explícita de acción han sido interpretados por analistas y fuerzas políticas como un severo reproche a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. En el marco de la monarquía parlamentaria española, la neutralidad del Rey es una norma no escrita pero rígidamente respetada, especialmente durante el periodo estival. Romper este silencio evidencia que la Corona percibe la situación no solo como una emergencia humanitaria, sino como un desafío crítico a la soberanía nacional y a la seguridad del Estado. Es decir, la misma versión mantenida durante días por el Partido Popular.
Al reclamar medidas inmediatas para que una tragedia de este calibre no vuelva a repetirse, Felipe VI ha situado el foco sobre la falta de previsión y la supuesta debilidad en la custodia de las fronteras por parte del Ejecutivo central. La dimensión política del mensaje se ha visto amplificada por la intensa actividad diplomática e institucional desplegada por el monarca. Felipe VI inició una ronda de contactos directos que incluyó al presidente del Gobierno, al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y a los presidentes de las ciudades autónomas. Además, la decisión del rey de recibir en el Palacio de Marivent al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha cargado de simbolismo los acontecimientos. Este encuentro presencial contrasta con las críticas de la administración ceutí hacia la falta de comunicación y respuesta directa por parte del presidente del Gobierno.
Para la oposición, las palabras del rey legitiman sus denuncias sobre la inacción gubernamental y la ausencia de una política migratoria firme y coordinada con los países vecinos. Desde sectores críticos se argumenta que la Monarquía ha tenido que dar un paso al frente ante el vacío de liderazgo percibido en la Moncloa. Por el contrario, desde el entorno del Ejecutivo se intenta encuadrar la reacción del monarca dentro de su papel constitucional de moderador y garante de la unidad del Estado, evitando alimentar la lectura de una quiebra institucional entre la Corona y el Consejo de Ministros. En definitiva, la crisis de Ceuta ha dejado de ser únicamente un desafío logístico y diplomático en la frontera sur de Europa para transformarse en una crisis política interna de primer orden. El inusual y contundente llamamiento de Felipe VI a responder de forma “unida, clara y determinante” subraya la gravedad del momento y fija un estándar de exigencia al que el Gobierno de Sánchez se ve obligado a responder ante la opinión pública. Sin embargo, hay una cosa que el rey ha podido hacer, en el marco de sus competencias y atribuciones, y a esta hora se desconoce si lo ha hecho pese a sus buenas relaciones con su homólogo: levantar el teléfono y transmitir a Mohamed VI su rechazo a una operación migratoria que no tenía otra misión que desestabilizar a España con la complicidad en la sombra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En cualquier caso, la actividad política de Felipe VI se ha incrementado tras lo ocurrido en Ceuta y recibirá este jueves al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria. Según ha informado la Casa Real, la reunión se desarrollará a las seis de la tarde, pocas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje a Colombia para la toma de posesión del nuevo presidente.
En un comunicado difundido por Zarzuela, el monarca tomó parte en los hechos, abandonando la habitual neutralidad de la Casa Real, para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse. En este sentido, el rey subrayó la necesidad de adoptar todas aquellas medidas que transmitan “de forma unida, clara y determinante a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España”, y agregó: “El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”.
Vivas acudirá a la sede del Gobierno balear, donde los dos presidentes autonómicos, ambos del Partido Popular, tendrán oportunidad de analizar la crisis de Ceuta, así como el problema de la inmigración irregular que llega a Baleares desde Argelia. Tras la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos, Marga Prohens consideró que se trataba de una “operación perfectamente calculada”, y pidió acabar con la política de “fronteras abiertas” en España. “Aquí –dijo– no cabe todo el mundo”.
En Moncloa no ha gustado el papel relevante que Felipe VI ha adoptado en toda esta crisis. Se entiende que el monarca ha ido mucho más allá de lo establecido legalmente en su análisis de la situación, sobre todo porque ha dado la sensación de que Casa Real estaba culpando al Ejecutivo de coalición de lo ocurrido en la frontera sur. Ha habido un antes y un después y las relaciones entre ambas instituciones podrían verse erosionadas en el futuro.
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