Un millar de menores vagan por las calles de Ceuta tras la crisis migratoria sin precedentes en la historia de nuestro país. Y el asunto de la acogida de estos menores no acompañados ha incendiado el debate político. El PP asegura que cumplirá lo que ordene la ley (como no puede ser de otra manera) mientras en las comunidades en las que gobierna se pliega a las exigencias de Vox (el partido ultra presiona para que se impida la llegada de los refugiados).
Lo que comenzó como una discrepancia política sobre el reparto territorial de la presión migratoria se ha convertido en una seria advertencia legal. El Gobierno central ha subido la apuesta al avisar formalmente a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de que la Fiscalía de Menores intervendrá de oficio si se niegan a asumir las cuotas de reubicación. Esta maniobra traslada el conflicto de los parlamentos a los tribunales, planteando un escenario inédito: la posibilidad de que cargos autonómicos incurran en responsabilidades penales por desatención legal.
El nudo gordiano del problema radica en las competencias de tutela. Según el marco jurídico español y la Ley de Extranjería, las comunidades autónomas ostentan la competencia exclusiva en la protección y guardia de los menores que se encuentran en su territorio. El Ejecutivo central sostiene que los mecanismos de reparto ante contingencias extraordinarias, como la que asfixia crónicamente a Ceuta y Canarias, son de obligado cumplimiento. Desde esta perspectiva, un rechazo explícito y sistemático a acoger a estos jóvenes vulnerables no solo rompería el principio de solidaridad interterritorial, sino que vulneraría los tratados internacionales de protección de la infancia y los deberes de custodia, abriendo la puerta a delitos de prevaricación o abandono de menores.
La respuesta de los barones del PP y de su dirección nacional combina argumentos técnicos y políticos. Desde las filas populares se argumenta que la situación actual en la frontera sur supera las capacidades de los sistemas de bienestar regionales. Los centros de acogida autonómicos, afirman, ya se encuentran en una situación de colapso técnico y saturación extrema. Políticamente, figuras como el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, han desplazado el foco acusando al Gobierno de “dejación de funciones” y exigiendo que la crisis de Ceuta sea tratada como un asunto de “seguridad nacional” y control de fronteras, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Estado y no en las autonomías.
Pero a la saturación de los recursos se suma la intensa variable electoral y de gobernabilidad. En varias autonomías, la posición del PP está condicionada por la presión de Vox, socio de gobierno o apoyo parlamentario en distintas regiones. La formación de Santiago Abascal mantiene una postura de tolerancia cero con la inmigración irregular y presiona activamente con romper coaliciones si los gobiernos populares ceden ante los repartos del Gobierno central. En el fondo, se trata de una cuestión ideológica, de insolidaridad, de racismo. Y esa lacra está empezando a salpicar al PP. En ese tablero de ajedrez político, la intervención de la Fiscalía se perfila como el último resorte del Estado para desbloquear la situación. Si las autonomías mantienen el veto, los tribunales deberán dirimir dónde termina la legítima discrepancia política en la gestión de recursos públicos y dónde empieza el incumplimiento del deber legal de proteger a los menores de edad. El desenlace de este pulso marcará las reglas del juego de la cogobernanza en España.
Alrededor de 2.500 migrantes vagan todavía por las calles de la ciudad autónoma. Y mientras tanto, el resto de España ya mira a la reubicación del alrededor de 500 menores no acompañados identificados (se habla de más de 1.000 en total) que tendrán que ser reubicados por el país según la Ley de Extranjería. Ante la negativa inicial de algunas comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox, el Gobierno ha aseverado que, “de mantenerse en dicha posición, tendrá que actuar la Fiscalía”, informa La Sexta.
Así lo ha aseverado este miércoles el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en una entrevista en la Cadena Ser: “Ahora nos encontramos con la negativa del PP a que llegue ningún menor a su territorio; ya ha dicho Tellado que los niños tienen que irse por donde han venido”. Ante esto, el delegado ha señalado que, de persistir en su negativa, tendrá que actuar de oficio la Fiscalía de Menores.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha criticado que el Gobierno les traslade “las consecuencias de lo ocurrido”: “No tiene sentido que un gobierno tenga una política migratoria como esta, que llama a la gente a jugarse la vida y venir a España en estas condiciones; que renuncia a proteger fronteras y tiene la peor política exterior; y luego traslade las consecuencias de sus nefastas políticas a las comunidades autónomas”. Además, denuncia que no hay “planificación ni presupuesto”, y tampoco saben “cuántas personas son”.
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