La irresponsable rendición del Gobierno Sánchez ante la guerra híbrida en Ceuta

La historia de las naciones soberanas raras veces se quiebra por un único impacto devastador; con mayor frecuencia, se desmorona por la acumulación paulatina de concesiones invisibles, excusas burocráticas y una calculada ceguera institucional. El Estado español ha escenificado uno de los ejercicios de rendición conceptual más gravosos de su historia reciente. Cuando un gobierno encaja el cruce de más de setenta y dos mil personas en un espacio de tiempo mínimo e intenta convencer a sus ciudadanos de que se trata de un fenómeno fortuito, sin autores intelectuales en los despachos del poder vecino y desprovisto de responsabilidades políticas directas, la diplomacia deja de ser el arte de la prudencia para transformarse en una peligrosa doctrina de apaciguamiento.

La comparecencia de ayer de Fernando Grande-Marlaska tras la catástrofe fronteriza no pasará a los anales de la responsabilidad pública por su claridad analítica, sino por la formulación de un axioma jurídico y político demoledor: la afirmación de que existen acontecimientos de escala histórica que simplemente ocurren sin que sea preciso depurar ninguna clase de responsabilidad. Decir que hay muchas cosas que suceden sin que exista culpabilidad imputable equivale a desmantelar el concepto mismo de soberanía nacional. En la geopolítica del siglo veintiuno, donde las fronteras ya no se asaltan con divisiones acorazadas sino con flujos humanos instrumentalizados, con desinformación algorítmica y con la apertura o cierre selectivo de los controles policiales en la orilla opuesta, atribuir una marea humana de más de setenta mil personas a la sola codicia de las mafias locales no es una ingenuidad analítica; es una abdicación consciente del deber de protección territorial.

Ceguera institucional

Sostener de manera pública que las altas instancias del Estado no recibieron un solo informe, ni un aviso de alerta, ni una sola nota de inteligencia previa sobre la movilización de decenas de miles de personas hacia el perímetro de Ceuta plantea una disyuntiva inquietante para la seguridad nacional. O bien los servicios de información de un país miembro de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea han sufrido un colapso operativo sin precedentes, incapaces de detectar la concentración y el transporte coordinado de una masa equivalente a la población de una capital de provincia, o bien existía una directiva política expresa para ignorar las señales que conducían inequívocamente hacia Rabat. En ambos escenarios, la consecuencia es idéntica: la desprotección absoluta de la población fronteriza y la degradación del espacio soberano a la categoría de moneda de cambio diplomática.

El intento del Ejecutivo de circunscribir este seísmo fronterizo a una operación orquestada en exclusiva por las redes del crimen organizado representa una simplificación insostenible. Las organizaciones de tráfico de seres humanos, por muy lucrativas o despiadadas que resulten sus finanzas, carecen de la capacidad logística, territorial y cibernética para articular una presión de semejante magnitud sin la complicidad activa o la pasividad deliberada de las estructuras estatales de Marruecos. Un movimiento migratorio que desplaza a más de setenta mil individuos a través de cientos de kilómetros de territorio marroquí, atravesando controles militares y policiales altamente militarizados, no se improvisa en un canal clandestino de mensajería instantánea. Se ejecuta bajo la mirada condescendiente, cuando no bajo la dirección táctica, de un aparato de seguridad que ha descubierto en la presión humana la herramienta de coerción más eficaz frente a las debilidades de la política madrileña.

A diferencia de otras áreas de la administración central, donde se han levantado voces críticas exigiendo explicaciones oportunas a la orilla sur, la línea dominante del Ministerio del Interior ha optado por el repliegue retórico. Al descartar de forma tajante la exigencia de explicaciones diplomáticas a las autoridades marroquíes y concentrar toda la narrativa en la supuesta efectividad de los retornos coordinados, el Gobierno español consolida una peligrosa asimetría. La efectividad en devolver a setenta mil personas tras el cruce no neutraliza el hecho devastador de que esas setenta mil personas lograron vulnerar el perímetro nacional. Premiar la colaboración posterior de Rabat en el proceso de retorno mientras se exonera a su gobierno de la autoría de la penetración inicial es la definición exacta de la trampa geopolítica en la que el apaciguamiento condena a la víctima a agradecerle al agresor que decida detener temporalmente la agresión.

Guerra híbrida

En los manuales modernos de la ciencia política y de la estrategia militar, la instrumentalización de los flujos migratorios para debilitar la cohesión social, tensionar las instituciones de seguridad y forzar concesiones políticas en el escenario internacional se define sin ambigüedades como una táctica de guerra híbrida. No se necesitan disparos ni incursiones de tropas regulares para desestabilizar a un Estado vecino; basta con alterar la densidad demográfica de sus ciudades fronterizas, colapsar sus sistemas de atención social y exponer la incapacidad de sus fuerzas de seguridad para mantener la integridad del territorio. Al negarse a calificar los hechos de Ceuta bajo esta categoría analítica, el Ejecutivo no está preservando la paz ni asegurando la buena vecindad; está desarmando conceptualmente a España frente a los futuros ataques que sufrirá en su frontera sur.

La doctrina del apaciguamiento tiene una historia trágica y predecible. Cada vez que una potencia o una alianza decide ceder ante la presión de un actor contiguo bajo la promesa de que la concesión de hoy garantizará la tranquilidad de mañana, el resultado no es la paz, sino la multiplicación del chantaje. Rabat ha comprendido con absoluta claridad la vulnerabilidad política del gobierno español. Sabe que la sola amenaza de un nuevo colapso fronterizo basta para paralisar cualquier exigencia en materia de derechos humanos, cualquier reclamo sobre la delimitación de las aguas territoriales o cualquier discrepancia sobre el estatus diplomático del Sáhara Occidental. En este esquema de transacción permanente, la soberanía de Ceuta y Melilla deja de ser un principio innegociable respaldado por el monopolio estatal de la fuerza para convertirse en una válvula de presión regulada desde los despachos de la orilla norteafricana.

Resulta profundamente revelador que, mientras la diplomacia española intenta maquillar la crisis bajo el manto de una presunta cooperación ejemplar, la respuesta de los socios europeos discurra por cauces radicalmente opuestos. La reunión de urgencia con los ministros del Interior de la Unión Europea expuso de forma cruda el aislamiento doctrinal de Madrid. Una abrumadora mayoría de veintidós Estados miembros, encabezados por naciones con posturas extremadamente firmes en la protección de las fronteras comunitarias como Italia (extrema derecha) y Dinamarca (socialdemócratas), no dudó en señalar las fisuras de la política migratoria española y el peligroso precedente que supone validar la manipulación jurídica y territorial en los confines de la Unión. Las afirmaciones de las autoridades españolas asegurando que el encuentro transcurrió en un tono constructivo y que se reconoció el trabajo extraordinario del país no logran tapar una realidad incontrovertible: Europa observa con profunda consternación cómo la frontera más expuesta del continente es gestionada mediante la resignación y la renuncia al análisis riguroso de las amenazas.

Cambio de rumbo urgente frente al chantaje perpetuo

España no puede permitirse continuar atrapada en la ficción de que su seguridad fronteriza depende de la buena voluntad de un vecino que ha demostrado, de forma reiterada y metódica, su disposición a utilizar la vulnerabilidad humana como un proyectil geopolítico. La renuncia a señalar la responsabilidad directa de Marruecos en la preparación, ejecución y aprovechamiento de la crisis de Ceuta no es un acto de alta diplomacia, sino una manifestación de debilidad estructural que invita a la repetición del escenario. Ningún Estado maduro puede basar su estrategia de defensa en la premisa de que debe evitar el uso de la firmeza institucional para no ofender al actor que desafía su integridad territorial.

La reconstrucción de la credibilidad de la frontera sur requiere el abandono inmediato de la narrativa del apaciguamiento y la adopción de una postura de firmeza disuasoria respaldada por la Unión Europea. Esto exige, en primer lugar, el reconocimiento explícito de que los hechos vividos en Ceuta constituyen una acción de guerra híbrida que requiere la activación de todos los mecanismos de defensa, inteligencia y sanción diplomática al alcance del Estado. En segundo lugar, exige la depuración transparente de las responsabilidades internas por la ceguera informativa que precedió al desastre, restaurando el principio de que los fallos sistémicos en la protección de la soberanía deben tener consecuencias políticas y administrativas inmediatas.

El tiempo de las excusas vacías y de las frases hechas sobre acontecimientos que ocurren sin autoría se ha agotado en las aguas del Estrecho. La historia juzgará con severidad a quienes, tenidos por custodios de la seguridad y el honor de la nación, prefirieron señalar a las sombras de las mafias locales antes que mirar de frente a los despachos donde se diseñó la invasión silenciosa de Ceuta. La soberanía no se negocia, no se apacigua y no se disuelve en ruedas de prensa evasivas; se defiende con la verdad, con la inteligencia y con la determinación inquebrantable de sostener que ante la vulneración de las fronteras de la Patria, la responsabilidad del Estado no solo existe, sino que es absoluta e inexcusable.