Sobre el papel, Estados Unidos podría solicitar la extradición de Zapatero para ser juzgado por colaboración con el chavismo, crimen organizado y blanqueo de capitales y la última palabra la tendría Donald Trump. Aunque no existe, a día de hoy, ningún procedimiento formal abierto contra el expresidente español en los tribunales estadounidenses, la pregunta flota en el ambiente más que como mera hipótesis.
El papel de Zapatero como mediador entre Maduro y la oposición venezolana se remonta a 2015. Aquella labor, avalada inicialmente por organismos internacionales, nunca gustó a Trump, que siempre vio a ZP como un colaboracionista del régimen bolivariano. Zapatero se había convertido en un interlocutor útil para rebajar tensiones y facilitar acuerdos humanitarios, mientras que el líder de MAGA siempre ha apostado por una intervención armada en el país caribeño. Tanto es así que al final consumó su sueño más delirante: enviar a los marines a suelo venezolano para secuestrar al dirigente chavista.
Durante la primera presidencia de Trump, altos cargos de su Administración criticaron abiertamente a Zapatero. Figuras como Mike Pompeo o Marco Rubio lo acusaron de actuar como “defensor” del régimen chavista. Fue ahí donde se puso en la diana al expresidente español. Sin embargo, pese a la dureza retórica, nunca se materializó ninguna acción judicial contra él. La política exterior estadounidense hacia Venezuela se centró entonces en sanciones económicas, reconocimiento diplomático de Juan Guaidó y presión internacional, no en perseguir a mediadores extranjeros.
El regreso de Trump al poder ha reactivado la narrativa de mano dura contra el chavismo. Su Administración ha reiterado que considera a Maduro un dictador ilegítimo y ha anunciado que revisará todas las actuaciones internacionales relacionadas con Venezuela. En ese contexto, algunos sectores han planteado la posibilidad de que Trump pueda ordenar al Departamento de Justicia evaluar si existen indicios para abrir un caso contra Zapatero por supuesta colaboración con un régimen sancionado. En ese contexto debe enmarcarse el informe que la agencia Homeland Security Investigations (HSI) sobre las actividades de los implicados en el caso Plus Ultra ha remitido a la UDEF española y a la Fiscalía Anticorrupción y que ha servido para el auto de imputación de ZP redactado por el juez Calama de la Audiencia Nacional.
El golpe de efecto que supondría que EEUU solicitara la extradición cuadra a la perfección con la lógica de Trump, un hombre entregado a la política espectáculo de gran impacto mediático. Eso hace pensar que el exdirigente socialista español pueda terminar algún día en el Infierno de Brooklyn (el penal de alta seguridad de Nueva York), junto al secuestrado Maduro.
En primer lugar, para que Estados Unidos solicite la extradición de un ciudadano español debe existir un proceso judicial abierto y cargos concretos basados en leyes estadounidenses. La extradición no es una herramienta política, sino un mecanismo jurídico regulado por tratados bilaterales. España y Estados Unidos mantienen un tratado de extradición desde 1970, actualizado en 2010, que exige que los delitos imputados sean reconocidos como tales en ambos países. La “colaboración política” o la “mediación diplomática”, incluso si se considera sesgada o controvertida, no constituye delito en España ni en Estados Unidos.
En segundo término, cualquier acusación debería sustentarse en pruebas sólidas de que Zapatero participó en actividades ilícitas tipificadas, como blanqueo de capitales, corrupción o violación de sanciones internacionales. Hasta la fecha, los indicios se limitan a conversaciones de terceras personas de origen venezolano que hablan del amigo o 'pana' Zapatero como un conseguidor. Y las críticas políticas, por duras que sean, no equivalen a cargos penales. Pero las agencias estadounidenses podrían seguir tirando del hilo de las andanzas del exdirigente del PSOE en tierras caribeñas. Y ya se sabe que Estados Unidos, hoy por hoy, es una autocracia más que una democracia donde las pruebas se pueden manipular con relativa impunidad (para ejemplo la reciente polémica sobre los expedientes de expulsión instruidos por el ICE contra los inmigrantes residentes en el país). Por ahí, Zapatero podría tener un futuro negro.
En tercer lugar, incluso si un tribunal estadounidense emitiera una orden, España tendría la última palabra. La Constitución española prohíbe extraditar a ciudadanos por delitos políticos y exige garantías estrictas de debido proceso. Además, la figura de un expresidente añade una capa adicional de sensibilidad institucional. No hace mucho, un Gobierno español difícilmente aceptaría una solicitud de un tercer país basada en acusaciones políticas sin fundamento judicial sólido. Pero hemos entrado en una nueva fase de la historia. La Justicia española se encuentra en plena ofensiva antisanchista, el trumpismo está calando en la opinión pública de nuestro país a través de un partido como Vox y nada es ya imposible (desde condenar a un fiscal general del Estado sin pruebas hasta enviar a prisión provisional a la esposa de Pedro Sánchez por la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid).
Sin duda, Trump puede influir en la prioridad que el Departamento de Justicia otorga a ciertos casos sensibles de seguridad nacional, especialmente en asuntos de política exterior. Es cierto que la imputación por la Audiencia Nacional española y la restrictiva legislación española sobre derechos humanos impiden una extradición por motivos políticos. Pero en un escenario de Justicia politizada y con Vox, sucursal trumpista en España, influyendo en un hipotético Gobierno nacional del PP, nada es descartable. Si al emperador se le antoja llevar a ZP ante un tribunal estadounidense, como ha hecho con Nicolás Maduro, nada se lo impediría. Ya se sabe que la ley, la diplomacia y el Derecho internacional no son ningún escollo para hacer realidad los caprichos y delirios del magnate neoyorquino. Si quiere algo, en este caso la fotografía de un socialista español esposado ante un juez del Tío Sam, sencillamente lo hace.
Trump ha demostrado en el pasado que no duda en utilizar herramientas legales y diplomáticas de forma contundente cuando considera que están alineadas con los intereses de su Administración. Su discurso contra el chavismo es uno de los más consistentes de su trayectoria política, y su retorno al poder ha reactivado la presión sobre todos los actores vinculados al régimen venezolano. La imagen de Zapatero compareciendo ante un juez federal es demasiado golosa como para dejarla pasar, más teniendo en cuenta que Trump se encuentra en guerra comercial y política contra el Gobierno de nuestro país, al que acusa de ser “un socio horrible” por haber denunciado el genocidio del pueblo palestino y por haber prohibido el repostaje de los bombarderos yanquis en las bases de Morón y Rota de paso hacia Irán. Esa foto sería un mensaje demoledor para Europa y para el mundo.
Convertir la presión en una solicitud formal de extradición contra un expresidente europeo sería un salto sin precedentes. Las consecuencias diplomáticas serían enormes: tensiones entre Washington y Madrid, impacto en la cooperación transatlántica y un precedente inquietante sobre el uso de la justicia internacional para dirimir disputas políticas. Incluso sectores críticos con Zapatero reconocen que una acción de este tipo podría interpretarse como una extralimitación del poder ejecutivo estadounidense.
Aunque Trump tiene capacidad para orientar la política estadounidense hacia Venezuela y para impulsar investigaciones, la idea de que pueda solicitar la extradición de Zapatero se enfrenta a límites jurídicos, diplomáticos y políticos muy claros. La retórica puede ser contundente, pero los mecanismos legales son estrictos. Por ahora, la hipótesis pertenece más al terreno de la especulación que al de la realidad judicial. Aun así, en un escenario internacional tan volátil, conviene seguir de cerca cómo evoluciona la relación entre Washington, Madrid y Caracas en los próximos meses.