Algunos medios de comunicación afines a la extrema derecha han lanzado un bulo que ha generado alarma en la judicatura. Que el PSOE había presentado una proposición de ley en el Congreso para apartar de la carrera judicial a los jueces que opinen políticamente. No es verdad. Es cierto que se ha presentado una proposición de ley pero ésta lo que hace es incluir una nueva “causa de recusación para dar cabida a actuaciones que lleven a cabo jueces y magistrados en su calidad de representantes de un poder del Estado que pueden afectar a su apariencia de imparcialidad”. La nueva causa se produciría cuando un juez o magistrado “realice manifestaciones públicas, invocando su condición o sirviéndose de la misma, contra actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, sindicatos, asociaciones u otras entidades públicas o privadas que sean parte en el procedimiento, dirigirse a ellos de forma privada con tal finalidad o participar en actos o concentraciones con el mismo objetivo”. Los socialistas argumentan que no solo puede afectar al derecho a un juez imparcial, contenido indispensable del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino también a la propia imagen de independencia del Poder Judicial”.
Una recusación no significa apartar a un miembro de la carrera judicial. Consiste en solicitar que se retire a un juez de un caso concreto porque se entiende que, si es él quien lo lleva, podría dejar de ser imparcial. Por ejemplo, si existe un vínculo familiar entre el magistrado y las personas juzgadas, si ocupaba un puesto de trabajo que estaba relacionado con el hecho que se juzga o si ha manifestado anteriormente prejuicios sobre un tema. Por lo tanto, la proposición de ley socialista lo único que pretende es ampliar las causas por las que se puede solicitar este incidente jurídico contempladas en la ley orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma cuyo articulado tendría que ser modificado.
En el ministerio de Justicia han querido aclarar los términos de la inclusión del nuevo motivo de recusación judicial. El texto presentado incluye 17 escenarios posibles para la petición de abstención y recusación de un juez. Entre ellos se encuentra “el vínculo matrimonial o parentesco, haber ocupado cargo público o administrativo o haber sido una de las partes de la contienda que debe resolver” además de la citada sobre las inclinaciones políticas.
El ministerio de Justicia ya tiene prevista la reforma de esta ley para que sea el fiscal el director de las diligencias penales, mientras que los jueces serían los garantes de la correcta aplicación de la ley dejando en sus manos decisiones como son las medidas cautelares incluida la prisión provisional. También se incluye la limitación de la acción popular en una causa, que quedaría prohibida a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones vinculadas.
Y junto a todo este paquete de importantes modificaciones que afectan a la judicatura, en la propuesta presentada por el grupo socialista también figura una iniciativa que se había anunciado pero que no se incluyó en los textos iniciales. Se trata de la derogación del artículo 525 del Código Penal que se refiere a las ofensas religiosas. Se despenalizarían este tipo de delitos castigados con multas que oscilan entre los ocho y los doce meses y que afectan a quienes “ofenden los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, se hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”. En la actualidad hay varias denuncias presentadas por la fundación Abogados Cristianos que se acogen a este artículo, unas demandas que afectan a profesionales del mundo de la cultura. Su abuso es lo que ha llevado al gobierno a pedir al grupo socialista la inclusión en la proposición que, probablemente, será debatida como una enmienda en la reforma de la Lecrim.
Independientemente de la posibilidad de que esta reforma salga adelante, tal y como están las cosas en lo que a la mayoría parlamentaria se refiere, las asociaciones judiciales conservadoras han rechazado todas estas propuestas, incluida la última presentada en forma de proposición de ley. La Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente han pedido la dimisión de Bolaños y han exigido la retirada del paquete legislativo, incluida la que modifica la ley orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al sistema de acceso a la judicatura. Amenazan con la presentación de un conflicto colectivo y no descartan nuevas movilizaciones, incluida la huelga, a pesar de que se les ha avisado de la ilegalidad de esta medida.
En el Consejo General del Poder Judicial no se ha adoptado una postura concreta. Sólo su presidenta, Isabel Perelló, ha pedido al ministro “la apertura de una negociación sobre todos estos temas”. Pero ni siquiera se han encargado de matizar los términos de la proposición de ley que amplían los motivos para la presentación de un incidente de recusación a pesar de que la derecha judicial se ha encargado de manifestar que lo que se pretende es “silenciar a los magistrados a la hora de posicionarse políticamente”.
Últimamente, destacados miembros de las carreras fiscal y judicial se están manifestando públicamente en uno u otro sentido lo que genera en la sociedad una sensación de falta de imparcialidad a la hora de dictar resoluciones que se trasladan a los gestos que se llevan a cabo en los casos mediáticos que tienen que ver, sobre todo, con la corrupción. Algunos jueces tampoco lo están poniendo fácil cuando en sus autos dejan caer la sospecha, sin pruebas, de que detrás de las acciones delictivas que instruyen se encuentran altas instancias del poder ejecutivo. Incluso han llegado a manifestar la interferencia de Moncloa en sus actuaciones.
Hay que acabar con este estado de cosas si no se quiere que el poder judicial siga ocupando el último lugar de las preferencias ciudadanas en los sondeos de opinión. La justicia sigue siendo la actividad pública peor valorada y es necesario acabar con este estado de cosas si lo que se pretende es mantener el estado de derecho garantista de este país.