Los titulares del día de ayer fueron copados por las declaraciones de los políticos tras el pleno en el que se rechazaron los dos decretos de vivienda del gobierno. Las crónicas se llenaron de intervenciones grandilocuentes de los portavoces que subieron a las tribunas del Congreso. Se habló mucho de fondos buitre, de rentistas, de parásitos, de transferencia de riqueza, de seguridad jurídica, de suelo, de construcción, del derecho a la vivienda o del derecho a la propiedad privada. Se habló de muchas cosas pero apenas se mencionaron los dos principales vectores que afectan a las familias trabajadoras: los salarios tercermundistas que se pagan en España y la precariedad sistémica del mercado laboral.
Ayer se publicaron los datos del paro registrado correspondientes al mes de septiembre y, como siempre, las estadísticas oficiales siempre encuentran la manera de tapar una parte importante de la realidad. Un mes más, el Gobierno celebró los récords de cotizantes a la Seguridad Social mientras a miles de familias se les encoge el estómago al abrir el buzón. Sin embargo, un tema tan importante pasó desapercibido, sobre todo si se profundiza en el análisis de los datos publicados por el SEPE.
Las cifras de septiembre dejan una realidad de las que duelen: 23.587 desempleados más en las listas del paro. Un salto del 1% en un mes que solía dar un respiro. Pero claro, la propaganda prefiere mirar para otro lado.
El problema es que, detrás del aplauso triunfalista por los datos de afiliación, hay una trampa tremenda. En España, el trabajo precario y el drama de la vivienda son las dos caras de la misma moneda. Si no puedes acceder a un techo digno no es solo porque los precios estén por las nubes, porque la oferta sea inferior a la demanda, porque los fondos buitre estén expulsando a las familias de sus casas para conseguir enormes beneficios y pingües dividendos a sus accionistas, es porque el mercado laboral escupe contratos basura que ningún casero está dispuesto a dar por buenos.
El mes pasado, el paro entre los menores de 25 años pegó un trascendental estirón del 12,7%. Más de 21.000 jóvenes al pozo de la inactividad de golpe. Al mismo tiempo, casi 18.000 personas que jamás habían trabajado se sumaron a las listas del SEPE. A ver quién es el guapo que pide un alquiler así. Sin una nómina fija de varios años, sin avales de los padres y con empleos que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio, pretender emanciparse en este país se ha convertido en una broma de mal gusto.
La trampa está en que ese récord de cotizantes no se consigue porque se esté creando empleo, sino dividiendo un solo puesto de trabajo entre cuatro personas. Según los datos oficiales, en el último año ha hecho falta firmar más de 16 millones de contratos para mover la aguja del empleo. Eso sale a una media disparatada de casi 22 contratos por cada nuevo afiliado. Vamos, que la gente entra y sale de las empresas por una puerta giratoria que no para jamás.
Hay 1,25 millones de trabajadores inscritos como "demandantes ocupados", esto es, gente que ya tiene trabajo pero que busca desesperadamente otro porque con lo que cobra no le da ni para pagar las facturas a fin de mes.
Ahora, más allá de los sentimientos sectarios, no hay más que pensar un poco con la mente fría. Una persona va a ver el piso y le enseña al propietario diez contratos diferentes en los últimos doce meses, salpicados con periodos de cobro del paro. A la primera de cambio, el casero exige un seguro de impago o tres meses de fianza por si acaso. Resultado: la rueda de la precariedad laboral deja a los trabajadores automáticamente fuera del mercado de la vivienda. Con esta clase de empleo es imposible construir un proyecto de vida mínimo o vivir con dignidad.
El problema de la vivienda no se va a resolver únicamente construyendo más pisos o interviniendo el mercado del alquiler. O se mete mano de verdad a la calidad del trabajo y a los salarios, o tener una llave propia seguirá siendo un lujo al alcance de muy pocos.
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