Crisis de la vivienda: Salarios tercermundistas, el problema del que ni la izquierda ni la derecha quieren hablar

La política española se ha instalado definitivamente en una narrativa de trinchera. En lo referente a la crisis de la vivienda tampoco es una excepción. Pequeños propietarios contra inquilinos asfixiados, noche tras noche en las tertulias, día tras día en redes sociales. Se habla de topes al alquiler, de huelgas de pagos, de seguridad jurídica, de bonificaciones fiscales. Mucho ruido, sí. Pero ese ruido funciona, en el fondo, como una cortina de humo que tapa el verdadero engranaje de la tragedia porque la crisis de la vivienda en España no es solo un fallo del mercado inmobiliario, sino el síntoma más visible de algo bastante más incómodo: una arquitectura laboral que lleva décadas construida desde la crisis de 2008 sobre salarios que no dan para vivir.

Durante años, el debate político ha esquivado la variable fundamental de esta ecuación: el poder adquisitivo, devorado por la inflación y el estancamiento retributivo. Mientras las rentas de alquiler y las cuotas hipotecarias escalan hacia cotas históricas, los sueldos en España siguen anclados en dinámicas más propias de una economía en desarrollo o del tercer mundo que de la cuarta economía de la Unión Europea. La precariedad salarial ha convertido lo que debería ser un gasto doméstico asumible en un auténtico sumidero financiero que, en millones de hogares, se lleva por delante más de la mitad del ingreso mensual neto. El problema no está solo en el precio del metro cuadrado. Está, sobre todo, en la incapacidad crónica de la nómina española para sostener el coste de la vida.

Trabajar ya no basta

Los diagnósticos más recientes sobre pobreza y condiciones de vida en España desmontan un mito bastante extendido: el de que tener empleo protege, por sí solo, de la exclusión. El gasto en vivienda se ha convertido en el principal factor que empuja a las familias trabajadoras hacia la vulnerabilidad. Tras pagar el recibo del alquiler o la letra hipotecaria, una porción muy amplia de la población cruza, casi sin darse cuenta, el umbral de la vulnerabilidad severa. La pobreza sobrevenida por el gasto en vivienda obliga a miles de personas con jornada completa a elegir, mes a mes, entre la calefacción, la cesta de la compra o un imprevisto médico.

Esa brecha entre ingresos y coste habitacional ha empujado a buena parte de la clase media hacia un empobrecimiento invisible en las estadísticas de empleo. La vivienda se ha convertido en un filtro que separa a la sociedad en dos bandos: quienes logran capitalizar el esfuerzo ajeno a través de la renta, y quienes ven reducida su capacidad de ahorro al simple hecho de pagar un techo. No es una anomalía pasajera del mercado. Es, cada vez más, un mecanismo sistemático de transferencia de renta desde los salarios más bajos hacia los propietarios.

Tres décadas de desahucios

Para entender la magnitud de la herida conviene mirar la serie histórica de lanzamientos judiciales. A mediados de los noventa, entre 1995 y principios de los dos mil, el número de desahucios se mantenía en cifras relativamente bajas, en un contexto de crédito fácil y salarios dignos que todavía conservaban cierta capacidad de compra frente a un mercado residencial mucho menos inflado que el actual. Es decir, la prosperidad de las familias es la que reduce el número de desahucios, no otras soluciones marcadas por propuestas maximalistas y sectarias que lanzan desde la derecha y la izquierda. El hecho de que las familias dispongan de sueldos a los que los gastos de vivienda apenas impacten un 30% es lo que da seguridad jurídica a los propietarios y seguridad habitacional al inquilino. 

La gran sacudida llegó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera. Entre 2008 y 2013, España vivió un auténtico tsunami de ejecuciones hipotecarias, con cifras que llegaron a rozar y superar los 70.000 lanzamientos anuales en los momentos más duros del rescate bancario. Aquella primera ola devoró a familias propietarias atrapadas en hipotecas que nunca debieron concedérseles, y dejó al descubierto la fragilidad de un sistema financiero que había alimentado la especulación con la complicidad del poder político.

A partir de 2014, y hasta la pandemia, el perfil del desahucio cambió de naturaleza. Mientras las ejecuciones hipotecarias remitían, gracias a cambios legislativos y a la restricción del crédito, los desahucios por impago de alquiler tomaron el relevo. Las estadísticas judiciales reflejaron una meseta constante, con decenas de miles de desalojos al año, la mayoría ya centrados en el arrendamiento. La vivienda dejaba de perderse por no poder pagar la hipoteca, y empezaba a perderse por no poder asumir, simplemente, la renta mensual.

Entre 2021 y 2025, pese a las moratorias y los escudos sociales temporales, la cifra de lanzamientos se estabilizó en un suelo estructural de decenas de miles de actuaciones judiciales al año. Y lo más preocupante: el drama dejó de ser exclusivo de colectivos en exclusión extrema para afectar de lleno a trabajadores con contrato indefinido cuyos ingresos, sencillamente, ya no alcanzaban para seguir el ritmo del mercado.

Mientras la remuneración del trabajo siga desconectada del coste real de los bienes de primera necesidad, cualquier intervención sobre el mercado de la vivienda será, en el mejor de los casos, un remiendo sobre una herida que sigue abierta. España no va a resolver la tragedia de los desahucios ni el empobrecimiento de sus familias únicamente a golpe de decretos sobre vivienda. Lo hará, si acaso, el día que el Gobierno, sea el que sea, entienda que el primer paso para garantizar un hogar digno empieza por dignificar, de una vez, la nómina de quienes levantan el país cada mañana.