Hay una contradicción definitiva que amenaza con marcar el futuro político de Pedro Sánchez. España, presuntamente, crea empleo. Supera los 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social. Registra cifras históricas de ocupación. En cambio, una parte considerable de la ciudadanía no percibe esa evolución estadística como una mejora equivalente de sus condiciones de vida. El país presenta buenos indicadores agregados de actividad económica, pero millones de trabajadores siguen atrapados en una realidad cotidiana caracterizada por los salarios tercermundistas, la dificultad para acceder a una vivienda, la inestabilidad de sus ingresos y la pérdida de capacidad adquisitiva.
Esa distancia entre las cifras oficiales y la realidad que sufren millones de familias constituye uno de los principales problemas políticos para el PSOE, porque las elecciones no se deciden exclusivamente en función del número de contratos firmados o de las personas que aparecen dadas de alta en la Seguridad Social. También se deciden en la percepción de bienestar, en la posibilidad de construir un proyecto de vida y en la confianza que despierta quien administra los recursos públicos.
La precariedad económica será un poderoso mecanismo de movilización electoral, especialmente cuando el ciudadano considera que trabaja, paga impuestos cada vez más altos y cumple sus obligaciones, pero no consigue mejorar su situación. Cuando esa frustración se transforma en desconfianza hacia el presidente del gobierno que ha permitido esa realidad precarizada, el descontento se canaliza hacia las alternativas políticas que prometen un cambio de rumbo.
El empleo, al parecer, crece, pero la inseguridad permanece
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al tercer trimestre de 2026 ofrecen una fotografía que destroza el discurso triunfalista y también las críticas más simplistas. España alcanzó los 22,85 millones de ocupados, con 73.600 trabajadores más que en el trimestre anterior y un incremento interanual de 465.500 personas. Sin embargo, cuando se analizan esas cifras de manera responsable y no buscando el titular sensacionalista, se detecta que, en realidad, el desempleo aumentó en 95.900 personas durante el trimestre, hasta alcanzar los 2.591.200 parados, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 10,18% una de las más altas de la UE.
El dato más preocupante no es únicamente el repunte del paro, es su traducción social. Los hogares con todos sus miembros activos desempleados aumentaron en 21.800 durante el trimestre hasta situarse en 786.100. Detrás de esa cifra hay familias que afrontan una situación de vulnerabilidad mucho más profunda que la que refleja cualquier estadística de afiliación.
La evolución del mercado laboral presenta, por tanto, dos realidades simultáneas. Una economía capaz de generar ocupación y una sociedad en la que persisten importantes bolsas de desempleo e inseguridad económica. Negar la creación de empleo sería falsear los datos. Presentar ese crecimiento como prueba de que la precariedad está resuelta es igualmente engañoso.
La Seguridad Social contabilizó en octubre de 2026 una media de 22,62 millones de afiliados después de sumar 784.573 cotizantes en los últimos doce meses. Es un resultado relevante, pero el número de afiliados no permite conocer por sí solo cuánto gana cada trabajador, cuántas horas trabaja realmente, cuántos empleos tiene o si sus ingresos le permiten afrontar los gastos básicos. La cuestión política reside precisamente en esa diferencia, la que existe entre tener empleo y disfrutar de una vida económicamente estable. Y, de eso, Pedro Sánchez no habla.
Los salarios revelan la fractura entre trabajar y vivir dignamente
La distribución salarial proporciona una de las explicaciones más contundentes de ese malestar. Según el INE, el salario bruto mensual medio del empleo principal alcanzó los 2.385,6 euros en 2024. Mientras, el salario mediano se situó en 2.001,4 euros. La diferencia no es un detalle estadístico, significa que la mitad de los asalariados percibía menos de esa última cantidad.
Además, el 30% de los trabajadores asalariados cobraba menos de 1.582,2 euros brutos mensuales. La situación resulta todavía más reveladora cuando se examinan las jornadas parciales. El 87% de quienes trabajaban bajo esta modalidad percibía menos de 1.582,2 euros brutos al mes.
La brecha también aparece al comparar las modalidades contractuales. Los trabajadores con contrato indefinido registraron un salario medio mensual de 2.484,5 euros. Frente a los 1.872,7 euros de quienes tenían contratos temporales.
Estas cifras ayudan a comprender por qué la mejora de la ocupación no siempre se traduce en una percepción de prosperidad. Para una familia que destina buena parte de sus ingresos al alquiler, la alimentación, los suministros y el transporte, un salario bruto cercano a los 1.500 euros puede representar una situación de permanente fragilidad.
La precariedad no consiste únicamente en perder el empleo, también consiste en trabajar y no poder ahorrar, en necesitar dos salarios para sostener un hogar o en comprobar que cualquier imprevisto puede desestabilizar la economía familiar.
En este escenario, la política salarial y la capacidad de compra de los hogares se convierten en factores determinantes de la confianza política. El Gobierno puede reivindicar el aumento del salario mínimo, las reformas laborales y el crecimiento de la afiliación. Pero su éxito político depende también de que los ciudadanos perciban mejoras concretas en sus cuentas bancarias. Y no está ocurriendo porque, según el INE, la mitad de los trabajadores cobran por debajo del SMI y un 75% cobra una cifra inferior a dos veces el salario mínimo.
La reforma laboral y las nuevas formas de precariedad
La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo modificó sustancialmente la estructura de la contratación y redujo, en teoría, el peso de la temporalidad. Sería incorrecto ignorar ese avance. Sin embargo, también sería un error confundir la estabilidad formal del contrato con la estabilidad económica del trabajador.
Los datos de la Seguridad Social correspondientes a octubre de 2026 sitúan la temporalidad en el 12,1% de los afiliados, frente al 28,3% de octubre de 2021. Entre los menores de 30 años, el porcentaje alcanza el 19,9%. Es una reducción significativa, pero no significa que hayan desaparecido la parcialidad involuntaria, los salarios bajos o la incertidumbre sobre los ingresos.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registró en octubre 1,5 millones de contratos, de los cuales 645.173 fueron indefinidos, lo que equivale al 43,27% del total. Al mismo tiempo, el paro registrado aumentó en 43.128 personas hasta alcanzar los 2.422.633 desempleados. Entre los menores de 25 años, el desempleo creció en 15.832 personas respecto al mes anterior, hasta los 204.973.
Hay que recordar que los contratos registrados representan flujos de contratación y no el número de trabajadores existentes. Una misma persona puede firmar varios contratos durante un periodo, pero la fotografía mensual permite observar que la estabilidad contractual convive todavía con importantes dificultades de acceso al empleo. Especialmente entre los jóvenes.
Esta es una de las contradicciones que más pueden perjudicar electoralmente a Pedro Sánchez. Una generación que encuentra dificultades para emanciparse, acceder a una vivienda o formar una familia puede interpretar que el crecimiento económico beneficia a las grandes fortunas, como así está siendo, pero no necesariamente a quienes comienzan su trayectoria profesional.
El malestar económico abre una oportunidad a la derecha y a Vox
La frustración material no conduce automáticamente al voto conservador, pero puede convertirse en un poderoso acelerador del cambio electoral cuando coincide con el desgaste de un gobierno. El mecanismo es conocido. El ciudadano identifica sus dificultades con la gestión de quienes ocupan el poder y comienza a considerar que una alternativa política podría ofrecerle mejores perspectivas.
En ese proceso, el Partido Popular se está presentando como una opción de alternancia y gestión económica. Mientras, Vox dispone de un discurso más radical, construido sobre el rechazo al sistema político, la crítica a las élites y la promesa de una ruptura con las políticas del actual Ejecutivo.
La extrema derecha tiene, además, capacidad para transformar el malestar económico en una protesta de carácter identitario y cultural. Cuando un trabajador siente que ha perdido capacidad adquisitiva y que las instituciones no responden a sus necesidades, puede mostrarse receptivo a mensajes que atribuyen la responsabilidad a la clase política, a las prioridades presupuestarias o a determinados fenómenos sociales.
No obstante, sería equivocado atribuir el crecimiento de Vox exclusivamente a la precariedad. También intervienen la inmigración, la polarización, la inseguridad percibida, la crisis de confianza institucional y el rechazo a determinadas políticas que se perciben como ideológicas. La economía actúa como un factor de fondo que puede intensificar esas predisposiciones.
La encuesta del CIS y los sondeos privados publicados al comienzo de la campaña electoral del 29 de noviembre muestran, precisamente, la importancia de esta disputa. El tracking de 40dB para El País y la Cadena SER sitúa a PP y Vox en una posición conjunta de alrededor de 190 escaños con un crecimiento especialmente significativo de Vox. El PSOE, por su parte, aparece por detrás en esa estimación.
El macrosondeo preelectoral del CIS ofrece una lectura muy diferente. Concede al PSOE el 33,3% de los votos y entre 134 y 143 diputados. Frente a los 98-106 del PP y los 57-65 de Vox. La divergencia entre ambos escenarios demuestra que el resultado no está decidido y que la movilización de los electores será determinante.
La distancia entre las encuestas también refleja una realidad política fundamental. El malestar social no se convierte automáticamente en una mayoría electoral. Necesita una oferta política capaz de transformarlo en votos y una campaña que consiga movilizar a quienes están descontentos.
La vivienda y el coste de la vida, detonantes de la protesta
El problema económico de la España de Pedro Sánchez no termina en el mercado laboral. La vivienda se ha convertido en uno de los principales elementos de frustración social especialmente entre los jóvenes y las familias con ingresos medios y bajos. Tener un empleo ya no garantiza poder emanciparse o vivir con dignidad. Tampoco asegura la posibilidad de vivir cerca del lugar de trabajo o de afrontar una hipoteca sin comprometer una parte desproporcionada de los ingresos.
Esta realidad debilita uno de los pilares tradicionales de la estabilidad social: la expectativa de que trabajar permite progresar. Cuando esa promesa se rompe, aparece una sensación de bloqueo que puede convertirse en abstención, protesta o voto de castigo, sobre todo hacia un partido, como es el PSOE, que debería focalizarse en la defensa de la dignidad vital de la clase trabajadora en vez de centrarse en potenciar la imagen de su líder.
La responsabilidad política del gobierno debe examinarse desde esa perspectiva. Sánchez no controla todos los factores que determinan los precios, los salarios o el mercado inmobiliario. Pero sí responde de las políticas económicas, fiscales, laborales y de vivienda que impulsa, así como de los resultados de su gestión.
La oposición tiene aquí una oportunidad evidente. Convertir las dificultades cotidianas en un juicio sobre la capacidad de gobernar. Sin embargo, para que ese malestar se traduzca en una mayoría alternativa, PP y Vox deberán demostrar que sus propuestas pueden mejorar realmente los salarios, el acceso a la vivienda y la seguridad económica de los hogares. De momento, ninguna de las recetas de la entente derecha-extrema derecha, garantiza un incremento de la prosperidad de las familias que han vivido un infierno bajo el gobierno de Sánchez.
Las urnas dictarán sentencia
Las elecciones generales del 29 de noviembre serán un examen decisivo para el proyecto político de Pedro Sánchez. El resultado dependerá de múltiples factores, pero la economía doméstica tendrá un papel central en la decisión de quienes todavía no han fijado su voto.
El desgaste gubernamental puede ser especialmente intenso entre antiguos votantes socialistas que no necesariamente se identifican con la derecha, pero que han dejado de confiar en la capacidad del Ejecutivo para mejorar sus condiciones materiales. Ese electorado representa un riesgo político considerable porque ya se está desplazándose hacia otras formaciones, abstenerse o votar estratégicamente contra la continuidad de Sánchez.
Al mismo tiempo, Vox puede beneficiarse de una movilización de protesta que vaya más allá del electorado tradicional conservador. Su crecimiento dependerá de su capacidad para captar a ciudadanos desencantados que buscan una respuesta contundente frente a lo que consideran un sistema político incapaz de resolver sus problemas.
Pero existe una advertencia para el bloque de derechas. Convertir el descontento en votos no equivale necesariamente a obtener una mayoría estable. La expectativa de cambio deberá acompañarse de propuestas económicas creíbles y de una alternativa de gobierno capaz de responder a las necesidades reales de la población.
La verdadera amenaza electoral para Sánchez no está exclusivamente en los indicadores económicos negativos, sino en la pérdida de credibilidad de su relato de progreso. Cuando el ciudadano escucha que la economía crece, pero continúa sin poder ahorrar, independizarse o afrontar los gastos del hogar, la distancia entre el discurso de Sánchez y su experiencia personal puede resultar políticamente devastadora.
España no vive una ausencia de creación de empleo sino una contradicción entre el crecimiento de las magnitudes laborales y la persistencia de importantes dificultades para convertir ese crecimiento en bienestar compartido. Los datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social muestran avances indiscutibles, pero también desempleo, desigualdad salarial y colectivos que siguen expuestos a la vulnerabilidad económica.
En última instancia, el 29-N no será un referéndum exclusivamente sobre los salarios ni sobre la contratación, sino una evaluación de la confianza, de las expectativas y de la capacidad de Sánchez para ofrecer un horizonte de estabilidad. Si una parte significativa de los trabajadores concluye que su esfuerzo no se traduce en mejores condiciones de vida, el voto de castigo se convertirá en una fuerza determinante.
La economía puede no decidir por sí sola unas elecciones, pero cuando el malestar llega al bolsillo, la política deja de ser una discusión abstracta y se convierte en una cuestión personal. Esa es, precisamente, la circunstancia que puede transformar la precariedad cotidiana en una poderosa palanca de movilización para el PP y Vox con consecuencias decisivas para el futuro político de Pedro Sánchez.
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