Podemos ha denunciado la detención ilegal de su exdiputado en la Asamblea de Madrid y activista antirracista Serigne Mbaye. Según la formación morada, ha sido una “redada racista propia del ICE” (el grupo paramilitar que siembra el pánico en Estados Unidos). Mientras Mbaye denuncia que los agentes lo identificaron solo porque es de color y porque quieren apartarlo de la vida política, hay motivos para pensar que las prácticas trumpistas y la violencia racial están llegando peligrosamente a las comisarías de la Policía española.
La detención de Mbayé ha encendido un debate que llevaba años latente en España: hasta qué punto los cuerpos policiales reproducen dinámicas de discriminación racial que recuerdan a las prácticas del ICE estadounidense, famoso por sus redadas selectivas, sus detenciones arbitrarias y su enfoque xenófobo hacia la población migrante. El caso Mbayé, por su simbolismo y por la secuencia de hechos que lo rodea, ha actuado como catalizador de una discusión más amplia sobre racismo institucional, derechos civiles y el papel del Estado en la gestión de la diversidad.
Serigne Mbayé, diputado autonómico y figura destacada del movimiento antirracista, fue detenido en Madrid tras un requerimiento policial de identificación. Según su versión, mostró su documentación y aun así fue esposado y trasladado a dependencias policiales. Según la versión policial, se negó a identificarse. La contradicción entre ambas narrativas no ha hecho sino intensificar la polémica. Lo que sí es indiscutible es el contexto: Mbayé es un hombre negro, activista contra el racismo policial y representante público. Su detención no puede desligarse de ese marco. Para muchos colectivos sociales, el episodio encaja en un patrón conocido: controles basados en perfiles raciales, trato diferenciado y una presunción de sospecha que recae sistemáticamente sobre personas racializadas.
Comparar a la Policía española con el ICE puede parecer, a primera vista, una hipérbole. El ICE opera en un país con un sistema migratorio mucho más agresivo, con competencias amplísimas y con un historial de abusos documentados. Sin embargo, el paralelismo no surge de la nada. Lo que se señala no es una equivalencia absoluta, sino una deriva preocupante. Tres elementos alimentan esa comparación: primero, el uso del perfil racial como criterio operativo. Las organizaciones de derechos humanos llevan más de una década documentando controles policiales basados en la apariencia física. Informes de Amnistía Internacional, SOS Racismo o Rights International Spain han señalado que personas negras, árabes o latinoamericanas sufren identificaciones desproporcionadas. El ICE ha sido criticado por los mismos hechos: detener primero y preguntar después, siempre sobre los mismos cuerpos.
En segundo lugar, en Estados Unidos el ICE ha construido un imaginario donde la figura del migrante (especialmente si es latino o afrodescendiente) se asocia a la ilegalidad. En España, aunque el discurso es menos explícito, la práctica policial reproduce a veces esa lógica: la extranjería como sospecha, la negritud como indicio, la pobreza como amenaza.
Y en tercer término, la falta de mecanismos de control efectivos. Tanto en el caso del ICE como en el de la Policía española, las denuncias por discriminación rara vez prosperan. La ausencia de estadísticas oficiales sobre controles policiales, la dificultad para probar un perfil racial y la tendencia a cerrar filas dentro de los cuerpos de seguridad generan una sensación de impunidad.
La detención de un diputado no es un incidente menor. Revela que ni siquiera la visibilidad pública protege frente a prácticas policiales que muchos ciudadanos racializados denuncian desde hace años. Si esto ocurre con un representante electo, ¿qué sucede con quienes no tienen altavoz, recursos o redes de apoyo? El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, debería tomar cartas en el asunto. Una investigación de asuntos internos se impone, sobre todo teniendo en cuenta que la detención fue grabada en vídeo y se aprecian prácticas policiales presuntamente abusivas.
El caso también expone una tensión profunda: mientras España se presenta como un país diverso, moderno y comprometido con los derechos humanos, persisten dinámicas heredadas de un modelo policial poco adaptado a esa realidad multicultural. La formación en diversidad es escasa, los protocolos son ambiguos y la cultura interna de los cuerpos policiales sigue siendo, en muchos aspectos, homogénea y resistente al cambio.
La detención de Mbayé ha generado reacciones políticas inmediatas. Podemos y otros grupos progresistas han denunciado racismo institucional. Desde sectores conservadores se ha acusado a la izquierda de “politizar” un procedimiento policial. El paralelismo con el ICE funciona como advertencia. No se trata de afirmar que España haya llegado al nivel de Estados Unidos, sino de señalar que ciertos patrones (si no se corrigen) pueden consolidarse. La historia demuestra que las prácticas discriminatorias no aparecen de un día para otro: se normalizan poco a poco, se justifican como “protocolos”, se invisibilizan bajo la retórica de la seguridad.
El caso Mbayé obliga a mirar de frente ese riesgo. Obliga a preguntarse por qué un hombre negro es detenido en circunstancias que difícilmente se aplicarían a un diputado blanco. Obliga a revisar protocolos, a exigir transparencia y a repensar el papel de la policía en una sociedad plural.