La desaparición de cientos de niños bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha encendido alarmas dentro y fuera del país. Organizaciones de derechos humanos, abogados migratorios y legisladores han exigido explicaciones claras sobre el paradero de menores que, tras ser detenidos en operativos migratorios, dejaron de aparecer en los registros oficiales. El fenómeno no es nuevo, pero la magnitud de los casos recientes ha reavivado un debate profundo sobre la transparencia, la responsabilidad institucional y el trato que reciben los niños migrantes en el sistema estadounidense.
¿Dónde están los niños arrestados por los esbirros del ICE? ¿Siguen en los centros de detención más bien campos de concentración donde los internos no tienen ningún derecho? ¿O han sido puestos en la frontera, para que terminen vagando por tierra de nadie? Trump no facilita información sobre un asunto que recuerda en buena medida a los peores tiempos de los desaparecidos en dictaduras como las de Videla y Pinochet en Argentina y Chile. A esta hora, se desconoce el paradero de cientos de menores. No cuentan con abogado, nadie se hace cargo de ellos. Pueden ser llevados a cualquier parte, incluso la Administración Trump podría tener la tentación de darlos en adopción a familias pudientes del Primer Mundo. Niños robados en la que fue la primera democracia del mundo.
Se calcula que más de 4.000 inmigrantes han sido capturados en el estado de Minesota. Más de 70.000 en todo el país. El caso de Liam Conejo Ramos, el pequeño de cinco años detenido por la policía migratoria, vino a confirmar que Estados Unidos va camino de un nuevo apartheid. Un país de blancos anglosajones donde las minorías étnicas no tienen cabida. Durante años, el ICE ha sido objeto de críticas por sus prácticas de detención, especialmente cuando involucran a menores de edad. Aunque la agencia insiste en que su prioridad es la seguridad nacional y el cumplimiento de la ley, defensores de los derechos de la infancia argumentan que la falta de protocolos claros y la fragmentación del sistema migratorio generan vacíos peligrosos. En esos vacíos, dicen, los niños pueden perderse, ser trasladados sin notificación o quedar bajo la custodia de instituciones que no rinden cuentas de manera adecuada.
Uno de los principales problemas radica en la compleja red de agencias involucradas en la detención y el procesamiento de menores migrantes. ICE puede detener a un niño, pero la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) es la encargada de su custodia a largo plazo. Entre ambas instituciones, así como entre contratistas privados, centros de detención y organizaciones religiosas que operan albergues, se producen transferencias constantes. Cada traslado implica papeleo, registros y comunicaciones que, según denuncian expertos, no siempre se realizan de manera rigurosa. Cuando un eslabón falla, un niño puede desaparecer del sistema sin que nadie lo note de inmediato. La burocracia esconde, sin duda, un régimen fascista que recuerda en buena medida a la Alemania nazi.
Las cifras exactas varían según la fuente, pero varias investigaciones periodísticas y auditorías internas han señalado que cientos de menores no pudieron ser localizados tras su paso por instalaciones migratorias. En algunos casos, los niños fueron entregados a familiares sin que se verificara adecuadamente su identidad o su capacidad para hacerse cargo de ellos. En otros, simplemente no se registró su salida. También existen situaciones en las que los menores escaparon de centros de detención debido a las condiciones precarias o al temor de ser deportados. Sin embargo, lo que más preocupa a los defensores es la falta de seguimiento posterior: una vez que un niño deja de aparecer en los registros, no existe un mecanismo sólido para rastrear su paradero.
Las consecuencias de estas desapariciones pueden ser devastadoras. Los menores migrantes suelen llegar a Estados Unidos tras haber vivido experiencias traumáticas: violencia en sus países de origen, extorsiones, amenazas de pandillas o travesías peligrosas. Perderlos dentro del sistema no solo los expone a nuevos riesgos, como la trata de personas o la explotación laboral, sino que también vulnera sus derechos fundamentales. Para muchos de ellos, la detención debería ser el primer paso hacia un proceso de protección, no el inicio de un nuevo ciclo de incertidumbre.
Las organizaciones de derechos humanos han insistido en que la falta de transparencia es uno de los mayores obstáculos para resolver el problema. Solicitudes de información pública, demandas judiciales y testimonios de exempleados han revelado inconsistencias en los registros, destrucción de documentos y fallos en los sistemas de seguimiento. Algunos centros de detención operados por contratistas privados han sido señalados por no reportar adecuadamente los movimientos de los menores, mientras que otros han sido acusados de negligencia grave.
Ante la presión pública, varios legisladores han pedido investigaciones independientes y reformas profundas. Proponen la creación de un sistema unificado de seguimiento que permita saber en todo momento dónde se encuentra cada menor, quién es responsable de su custodia y qué decisiones se han tomado sobre su caso. También han planteado la necesidad de reducir drásticamente la detención de niños, argumentando que existen alternativas más humanas y eficaces, como programas de acogida temporal supervisados o medidas comunitarias.
Por su parte, ICE ha defendido su actuación y ha señalado que muchas de las desapariciones reportadas no corresponden a negligencia, sino a situaciones en las que los menores fueron entregados a familiares o patrocinadores y posteriormente no respondieron a llamadas de seguimiento. Sin embargo, esa explicación no exime a la agencia de responsabilidad: si un niño queda bajo el cuidado de un adulto no verificado o desaparece sin que se active un protocolo de búsqueda, el sistema ha fallado. El sistema es el responsable. Así funciona una democracia, algo que EEUU ya no es.
El debate también ha puesto sobre la mesa la cuestión ética de detener a menores por motivos migratorios. Diversos organismos internacionales han recordado que la detención de niños debe ser una medida excepcional y de último recurso, nunca una práctica rutinaria. En Estados Unidos, sin embargo, miles de menores pasan cada año por centros de detención, algunos de ellos durante semanas o meses. Las condiciones varían según la instalación, pero numerosos informes han documentado hacinamiento, falta de acceso a atención médica adecuada y episodios de abuso.
La desaparición de estos niños no es solo un problema administrativo. Es un síntoma de un sistema migratorio que, según sus críticos, prioriza la detención y la deportación por encima de la protección y el bienestar de los menores. También es un recordatorio de que, detrás de cada número, hay una historia personal: un niño que dejó su hogar buscando seguridad y que ahora se encuentra en un limbo institucional.
Los niños migrantes no son cifras ni expedientes, sino personas vulnerables que merecen protección, dignidad y un trato humano. Mientras no se esclarezca el paradero de los menores desaparecidos, la confianza en el sistema seguirá erosionándose. Y para las familias que aún buscan respuestas, cada día sin noticias es una herida abierta que recuerda la urgencia de actuar con responsabilidad y humanidad.