A finales de enero, el sistema migratorio estadounidense mostraba cifras que, más que estadísticas administrativas, parecen indicadores de un cambio estructural en la relación del Estado con la inmigración. El ICE (Immigration and Customs Enforcement) mantenía detenidas a más de 70.000 personas y se atribuía más de 352.000 deportaciones. En 2025, al menos 32 personas murieron bajo custodia del ICE, y en lo que va de 2026, al menos ocho personas han fallecido bajo custodia o a manos del ICE y la CBP (Customs and Border Protection), entre ellas Renee Good y Alex Pretti. Al mismo tiempo, el ICE mantiene un promedio diario de 170 niños detenidos.
Estas cifras no son episodios aislados. Son el resultado de una decisión política sostenida: convertir la aplicación de la ley migratoria en el eje central de la política migratoria estadounidense, respaldándola con un volumen de financiación sin precedentes. En la práctica, Estados Unidos ha construido un aparato de control migratorio cuya magnitud presupuestaria rivaliza con la de muchos ministerios de defensa de países medianos.
Financiación récord para la deportación
El punto de inflexión fue la llamada Ley de Inmigración y Control de Aduanas aprobada el año pasado que redefinió las prioridades presupuestarias federales. Mientras eliminaba prestaciones como el seguro médico y la asistencia alimentaria para estadounidenses de bajos ingresos, el Congreso aprobaba 170.000 millones de dólares para la agenda de deportación masiva impulsada por Donald Trump y el Partido Republicano, además de 156.000 millones para el Pentágono, con fondos disponibles hasta septiembre de 2029.
De ese paquete, casi 75.000 millones se destinaron al ICE y más de 58.000 millones a la CBP. Para dimensionar la magnitud del cambio, conviene comparar: los presupuestos anuales regulares combinados del ICE y la CBP rondaron los 33.000 millones de dólares en el año fiscal 2025. Si se suman los fondos extraordinarios distribuidos proporcionalmente durante los 51 meses de vigencia, el presupuesto anual efectivo de estas agencias alcanzaría los 64.900 millones de dólares.
Eso supone un aumento del 92% respecto al máximo histórico previo (33.800 millones en 2019), un incremento del 209 % respecto a 2024 y un crecimiento del 441% desde la creación del ICE en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre. Y estas cifras ni siquiera incluyen los recursos adicionales canalizados a través del Departamento de Defensa o de fuerzas policiales locales que colaboran en operaciones migratorias.
La conclusión es ineludible: el aparato de control migratorio estadounidense ha experimentado una expansión presupuestaria que supera con creces el crecimiento demográfico o los flujos migratorios recientes. No se trata simplemente de “aplicar la ley”, sino de rediseñar el equilibrio entre control, integración y derechos.
Aplicación expansiva
El aumento presupuestario coincide con un endurecimiento operativo. Según los datos disponibles, el ICE y la CBP han detenido a ciudadanos estadounidenses, inmigrantes documentados e indocumentados, adultos y niños. Las muertes bajo custodia (al menos 32 en 2025 y ocho adicionales en 2026) plantean interrogantes sobre las condiciones de detención y los mecanismos de supervisión.
Históricamente, la política migratoria estadounidense ha oscilado entre ciclos de regularización e intensificación del control. Sin embargo, el actual modelo se distingue por su escala financiera y por la reducción simultánea de garantías procesales. Diversos legisladores de ambos partidos parecen dispuestos a mantener niveles de financiación elevados para ICE y CBP, con controles limitados, mientras dejan intactos los fondos extraordinarios ya aprobados.
El resultado es una estructura institucional con incentivos claros: más presupuesto, más capacidad operativa, más detenciones. En economía política, el fenómeno es conocido: cuando una agencia ve multiplicados sus recursos, tiende a expandir su radio de acción.
Recortes a la inmigración legal
Paradójicamente, mientras el gasto en aplicación coercitiva se dispara, la financiación de la inmigración legal se contrae. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), responsable de tramitar visados, asilo y naturalizaciones, sufriría un recorte del 23% entre los años fiscales 2024 y 2026. Además, la legislación reciente ha incrementado de forma significativa las tarifas en todas las categorías de inmigración legal.
El contraste es revelador. Si el objetivo fuera exclusivamente reforzar el cumplimiento normativo, cabría esperar que las vías legales se fortalecieran para canalizar la demanda migratoria de forma ordenada. Sin embargo, el mensaje implícito es distinto: se restringen los canales legales mientras se amplía el aparato de detención y deportación.
En términos estratégicos, ello transforma el sistema migratorio en un régimen predominantemente punitivo. La ecuación es sencilla: menos capacidad para regularizar, más capacidad para detener.
Redefinición identitaria
La expansión del presupuesto del ICE y la CBP se inscribe en una narrativa más amplia sobre soberanía y control fronterizo. Desde la campaña de 2016, Donald Trump ha presentado la inmigración como una amenaza existencial. La novedad no radica en el discurso sino en la magnitud de la respuesta presupuestaria.
Comparativamente, Estados Unidos destina ahora más recursos al control migratorio que muchos Estados europeos combinados. En la Unión Europea, incluso en el contexto de la crisis migratoria de 2015, el fortalecimiento de Frontex no alcanzó proporciones equivalentes respecto al gasto federal total. En Estados Unidos, en cambio, el crecimiento del presupuesto migratorio se aproxima a un complejo industrial permanente.
Al mismo tiempo, la expansión del Pentágono sugiere una convergencia conceptual entre política migratoria y seguridad nacional. Las fronteras dejan de ser un ámbito administrativo para convertirse en un frente estratégico.
Costes humanos
El debate no es solo económico. Las muertes bajo custodia, la detención de niños y la ampliación de las competencias coercitivas generan costes humanos que trascienden el balance presupuestario. Las organizaciones de derechos civiles advierten que el aumento de financiación, sin garantías procesales equivalentes, incrementa el riesgo de abusos y errores administrativos.
El peligro reside en que el Congreso mantenga una financiación base elevada para el ICE y la CBP, mientras los fondos extraordinarios siguen disponibles hasta 2029. Bajo ese escenario, el aparato de deportación masiva operaría con recursos asegurados a medio plazo, independientemente de cambios políticos coyunturales.
Desde una perspectiva institucional, el fenómeno recuerda a la expansión del aparato de seguridad tras el 11-S. Una vez creadas y financiadas, las estructuras tienden a perpetuarse. El ICE nació en 2002 con un mandato vinculado al terrorismo. Dos décadas después, su presupuesto se ha multiplicado más de cuatro veces y su misión se ha ampliado considerablemente.
El argumento oficial sostiene que se trata de restaurar el Estado de Derecho. Sin embargo, el contraste entre el aumento del gasto en coerción y el recorte en inmigración legal plantea otra lectura. Si las vías legales se encarecen y reducen, mientras se financia masivamente la detención y deportación, el sistema deja de ser meramente regulador para convertirse en disuasorio.
La cuestión de fondo no es si un Estado tiene derecho a controlar sus fronteras (principio indiscutido en el derecho internacional) sino cómo equilibra ese control con el respeto a derechos fundamentales y con la necesidad económica de mano de obra extranjera. Estados Unidos enfrenta una paradoja demográfica: envejecimiento poblacional y escasez de trabajadores en sectores clave, al mismo tiempo que refuerza su aparato de expulsión.
La expansión del régimen de deportación masiva puede ofrecer réditos políticos inmediatos, pero sus efectos estructurales son más complejos. Puede alterar mercados laborales, tensar relaciones diplomáticas y redefinir la percepción internacional de Estados Unidos como país de acogida.