Cada día que pasa crece la inquietud por un fenómeno que paraliza la vida institucional española: la absoluta servidumbre de los grandes partidos de Estado respecto a las minorías extremas y doctrinarias. En el Congreso de los Diputados, el peso de las decisiones estratégicas no se mide en el porcentaje de votos que representan al centro sociológico del país, sino en la capacidad de chantaje de las bancadas situadas en los márgenes del mapa político.
El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular se han adentrado en una trampa de suma cero. Para amarrar una investidura o sacar adelante un presupuesto, la socialdemocracia se ve obligada a ceder parcelas de poder e ideario a la extrema izquierda y a las fuerzas del soberanismo. En el flanco opuesto, la derecha tradicional queda cautiva de las exigencias retóricas y programáticas de la extrema derecha de Vox. Esta dinámica no solo fragmenta la cohesión estatal, sino que degrada el debate público hasta convertirlo en un permanente juicio de intenciones donde el compromiso cívico es estigmatizado como una rendición.
Sin embargo, existe una vía de escape frente al colapso institucional. Una respuesta quirúrgica y duradera que la cúpula de ambos partidos se niega a pronunciar en público: la articulación de una gran coalición o, al menos, un acuerdo de neutralización mutua. Un entendimiento entre PP y PSOE es el único instrumento político con la solidez aritmética e institucional necesaria para desarticular el negocio de los extremos, secar las fuentes del populismo y devolver la estabilidad al Congreso de los Diputados.
La necesidad de los extremos
Para comprender por qué los extremos han alcanzado una influencia desproporcionada en la política nacional, hay que analizar el mecanismo de simbiosis que los une. La extrema derecha y la extrema izquierda no compiten entre sí por el mismo electorado, pero se necesitan desesperadamente para justificar su propia existencia en las urnas.
El relato de la extrema derecha cobra fuerza cada vez que el Gobierno de turno realiza concesiones ante los sectores más radicales del espectro progresista o del independentismo. Cada cesión es presentada como una traición a la nación que exige una respuesta inflexible. A su vez, la extrema izquierda y las plataformas populistas agitan el fantasma del desembarco de la reacción radical para obligar al votante socialdemócrata a replegarse en una lógica de frente popular. Amordazan con ello cualquier intento de crítica interna.
En medio de este fuego cruzado, el espacio central queda desmantelado. PSOE y PP han caído en la trampa de adoptar la jerga, los marcos mentales y las prioridades marcadas por los extremos para evitar fugas en sus respectivos flancos. El resultado de esta mimetización es desastroso. En lugar de moderar a los radicales, las direcciones de PP y PSOE han terminado por radicalizar a sus propias bases.
Desactivar el populismo de derechas y de izquierdas
Una gran coalición entre el PP y el PSOE no respondería a un reparto de sillones para la autoprotección de las élites, sino a un ejercicio de alta política destinado a restaurar el equilibrio constitucional. Esta fórmula desarticularía la influencia de los extremos a través de tres palancas fundamentales.
La primera es la supresión inmediata del valor de cambio. Al sumar una mayoría holgada en el Congreso, que superaría con creces los tres quintos de la Cámara, PP y PSOE dejarían sin valor alguno los votos de las bancadas radicales. Cuando el elector de protesta comprueba que su papeleta hacia los extremos ya no sirve como palanca para condicionar presupuestos o modificar leyes de Estado, la utilidad estratégica de las fuerzas populistas se derrumba de forma drástica.
La segunda es la solución a las causas reales del desencanto. Los populismos no crecen por casualidad. Prosperan en el abono de los problemas no resueltos por la política tradicional. La crisis de acceso a la vivienda, la precariedad laboral, los bajos salarios, el deterioro del sistema sanitario, la destrucción del modelo educativo, la sostenibilidad de las pensiones y la reforma del modelo territorial exigen consensos que superan con mucho el marco de una sola legislatura. Un gobierno de amplia base tendría el músculo y la estabilidad necesarios para acometer estas reformas estructurales sin el pavor constante a ser derribado en la siguiente votación parlamentaria.
La tercera es la desinflamación del debate público. El fin de la política de trincheras tendría un efecto balsámico sobre el ecosistema mediático y social. Al sentar a los dos grandes partidos en una misma mesa de negociación, el lenguaje de la descalificación ad hominem pierde su eficacia. La moderación vuelve a ser rentabilizada. Y los discursos de confrontación identitaria quedan relegados al margen que históricamente ocuparon en los periodos de mayor prosperidad de la democracia española.
El reto del gobierno de misión
Quienes se oponen a la articulación de un gran pacto PSOE-PP suelen esgrimir un argumento recurrente. Aliarse con el adversario tradicional significaría regalar la oposición en exclusiva a las fuerzas extremas, que se unificarían bajo una sola narrativa antisistema contra el "régimen del bipartidismo".
Es un riesgo real que no puede desestimarse. Sin embargo, este peligro se neutraliza si la gran coalición no se plantea como un acuerdo indefinido de perpetuación en el poder. Debe plantearse como un gobierno de misión y plazo delimitado a una o dos legislaturas como máximo, una alianza concebida para ejecutar un programa concreto de regeneración democrática, reforma constitucional y saneamiento institucional. Pasado ese tiempo, los dos partidos volverían a competir en las urnas sobre un mapa político higienizado y libre de chantajes extremos.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.