Feijóo ha movido ficha tratando de aparecer como el hombre que va a resolver el endémico y enquistado problema de la vivienda en España. El asunto se ha convertido en uno de los grandes campos de batalla de la política española, tanto es así que está desangrando al PSOE y a la izquierda en general, incapaz de atajar la burbuja inmobiliaria. El ciudadano desafecto al que no le llega el salario para comprarse una casa (ni siquiera para vivir de alquiler) da la espalda a la democracia y se deja seducir por las promesas populistas del nuevo fascismo posmoderno. En ese contexto, Feijóo ha presentado diversas medidas y propuestas para abordar el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias. Sin embargo, no son pocos los analistas, economistas y expertos del sector del ladrillo que critican un plan, el del líder del PP, que presenta más gestos de cara a la galería que soluciones. Un nuevo ejercicio de propaganda política o comunicación retórica tan habitual en la derecha.
El eje central del plan “fake” de los populares no es más que un retorno al aznarismo que nos condujo a la burbuja y al crack de 2008. Básicamente, consiste en promover la supuesta construcción de miles de viviendas asequibles mediante la colaboración público‑privada, ese modelo que tan nefastos resultados está dando en la Sanidad pública, en especial en la Comunidad de Madrid gobernada por Ayuso. Sobre el papel, esta fórmula podría sonar hasta bien en un sector que necesita de la participación de las grandes empresas constructoras, pero surgen tres problemas estructurales: no se identifica el suelo disponible para ejecutar esas promociones; no se detallan los plazos, más allá de anuncios genéricos; no se especifica la financiación, ni la aportación pública ni los incentivos privados. En un país donde el principal cuello de botella es precisamente la falta de suelo urbanizable y la lentitud administrativa, presentar un plan de este tipo, sin resolver esos puntos cruciales, se antoja como una propuesta cuando menos incompleta.
En segundo término, el plan recuerda a iniciativas anteriores basadas en cesión de suelo público, construcción por parte de promotores privados y alquiler a precios moderados durante un tiempo limitado. El problema es que este modelo ya se ha aplicado en varias comunidades y ciudades, con resultados irregulares. En muchos casos, las viviendas acabaron pasando al mercado libre. En otros, los precios no fueron realmente asequibles y en muchas ocasiones los promotores renunciaron por falta de rentabilidad. Feijóo insiste en reciclar un esquema que no ha demostrado su eficacia ni siquiera en regiones gobernadas por su partido.
El precio del suelo es el factor que más encarece la vivienda en España. Sin intervenir en la regulación urbanística, en la fiscalidad y en la movilización de vivienda vacía (apostando por la intervención estatal con pisos de protección oficial), cualquier plan de construcción masiva queda cojo. El plan de Feijóo no aborda estos elementos estructurales, lo que alimenta la percepción de que se trata de una propuesta más orientada al titular de periódico afín que a la transformación real.
Otra crítica que se le puede hacer al programa de vivienda del PP es la falta de coherencia entre el plan estatal anunciado por Feijóo y las políticas de vivienda aplicadas por gobiernos autonómicos populares. En varias comunidades se han reducido parques públicos. Además, se han vendido promociones a fondos privados. Y también se han eliminado programas de alquiler asequible. Esto genera dudas sobre la viabilidad real del plan nacional: si no se ha aplicado donde gobiernan ellos, ¿por qué funcionaría a escala estatal?
El análisis más extendido entre los expertos es que el plan de Feijóo responde más a una necesidad política que a una estrategia de vivienda. Permite al PP presentarse como alternativa y ofrece un mensaje sencillo y atractivo. Más demagogia, esta vez a cuenta de un problema como el de la vivienda que juega con el sufrimiento de buena parte de la población que no ve garantizado su derecho constitucional. Pero, sobre todo, el plan es una cortina de humo para eludir la clave de la cuestión. Feijóo, como buen conservador, no quiere ni oír hablar de entrar en debates complejos sobre la regulación del mercado. Partidos de izquierda como Sumar y ERC han puesto encima de la mesa la necesidad de entrar “a saco”, como suele decirse coloquialmente, en un mercado inmobiliario repleto de abusos y especulación. El partido de Yolanda Díaz, por ejemplo, apuesta por la congelación de los contratos de alquiler para frenar subidas abusivas; la regulación estricta de alquileres de temporada, habitaciones y pisos turísticos, con un nuevo régimen sancionador para evitar fraudes de ley; reformas fiscales y legales para frenar la compra especulativa de vivienda; mayor control sobre los fondos buitre; prohibir desahucios indiscriminados; y medidas de aplicación inmediata mediante un real decreto ley para intervenir el mercado y reforzar la seguridad jurídica de los inquilinos. En definitiva, el Estado dando amparo al eslabón más débil, las familias e inquilinos que viven en régimen de arrendamiento, y asegurando el acceso digno a la vivienda. Frenar la especulación. Además de todas esas medidas, el partido de Gabriel Rufián propone otras como la cesión de viviendas vacías de la Sareb para ampliar el parque público y social; y una fiscalidad progresiva para desincentivar la especulación y favorecer el alquiler asequible, interviniendo el mercado en lugar de facilitar “bonos” o ayudas que, según ERC, acaban inflando precios. Como trasfondo, confrontan dos modelos, el socialista y el conservador: el primero anteponiendo los derechos de las personas, el segundo defendiendo los intereses de las empresas y del gran capital.
La falta de concreción técnica del plan Feijóo hace que muchos lo consideren un plan de marketing político, más que una hoja de ruta para resolver el problema habitacional. El supuesto programa de vivienda de Feijóo no solo es criticado por su intención (aumentar la oferta de vivienda como forma de hacer negocio, es decir, más burbuja) sino por su falta de realismo operativo y su demagogia. Sin suelo, sin financiación detallada, sin reformas estructurales y sin coherencia territorial, la propuesta queda en un terreno ambiguo entre la promesa electoral y la política pública efectiva. Pero lo peor es que elude la obligación del Estado de bienestar (recogida en la Constitución) de intervenir en los precios para evitar los abusos.