El famoso informe de la agencia de seguridad norteamericana HSI (Homeland Security Investigations) sobre las presuntas relaciones entre el expresidente Zapatero y el rescate de la compañía Plus Ultra sigue poniendo en aprietos a la Audiencia Nacional. El juez Calama ha pedido aclaraciones a la Administración Trump, pero a fecha de hoy nada se sabe de un dosier que se fabricó en 2021, tras el clonado del teléfono móvil del principal accionista de la empresa aérea Rodolfo Reyes en el aeropuerto de Miami, y que ha aparecido hoy, cinco años después como prueba de cargo contra Zapatero. A este respecto, Javier Pérez Royo, catedrático Derecho Constitucional, ha realizado un análisis de la situación procesal ante las cámaras de Mañaneros, el programa matinal de TVE.
Asegura el prestigioso jurista que “el juez ha podido mentir, nada menos que mentir, en un auto judicial” referente al caso Zapatero. Y añade: “Esto no es solamente la nulidad de la causa, sino que incluso se pueden derivar responsabilidades penales para el propio juez que ha redactado ese auto”. Según el catedrático, en el primer auto, el del 18 de mayo de 2026, el juez habla de “cooperación policial”, es decir, es “la Policía Nacional la que ha obtenido la filtración, ha obtenido el cribado del teléfono que le había sido sustraído en Miami al presidente de la compañía Plus Ultra [Rodolfo Reyes]”. Según Pérez Royo, “ahí ha habido una cooperación policial, la policía de la agencia norteamericana correspondiente le pasa a la Policía española ese contenido”. Sin embargo, en el auto del 17 de junio, “ya no habla de cooperación policial, sino que habla de cooperación judicial. Las autoridades judiciales de los Estados Unidos habrían puesto a disposición de la Justicia española el contenido de ese volcado telefónico”. Según Pérez Royo, “la cooperación policial está acreditada, lo que no está acreditado es la cooperación judicial y, por lo tanto, el juez ni la ha acreditado ni la sigue sin acreditar, y por lo tanto lo que ha puesto en ese auto es algo que no se corresponde con la verdad”. Se refiere el jurista a la falta de mandamiento judicial del que parece adolecer el dosier del HSI.
Para Pérez Royo, nos encontraríamos con que “el juez ha podido mentir, nada menos que mentir, en un auto judicial”. A juicio del jurista, esto no solo supondría “la nulidad de la causa, sino que incluso se pueden derivar responsabilidades penales para el propio juez que ha redactado ese auto y que pone en el auto algo que no es verdad, algo que no es verdad. Y eso sí es gravísimo”.
La grabación del HSI es de una agencia “administrativa sin control judicial que sepamos. Lo que se le pide es dónde está el juez que pone en marcha esto. Porque sin juez no hay forma de hacer una instrucción penal en España. La Constitución Española eso no lo permite de ninguna de las maneras”, alega. En consecuencia, el juez que en el primer auto, el del 18 de mayo, dijo que había cooperación policial y “se da cuenta de que eso no basta, en el del 17 de junio intenta hacer un lavado, intenta blanquear lo que puso en el del 18 de mayo, y dice: hay cooperación judicial. La Justicia americana lo ha puesto a disposición de la Justicia española, pero eso no lo acredita de ninguna de las maneras y es lo que se le está pidiendo”. “Y si no lo puede acreditar es que entonces ha faltado a la verdad, es que ha mentido, es que ha mentido en un auto judicial”, concluye Pérez Royo.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que hay motivos para anular la causa contra él por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, entiende relevantes: un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos. Así lo ha hecho saber el exlíder socialista en varios escritos posteriores a su declaración como investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en pandemia, según Europa Press.
Por un lado, Zapatero pide al juez requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis de un disco duro incautado a un abogado investigado en la causa, que contenía conversaciones de WhatsApp y otra documentación analizada por los investigadores.
La defensa del expresidente indica que no ha logrado hallar resoluciones que autorizaran de forma motivada a Anticorrupción o a la Policía Judicial para que analizaran el dispositivo. Añade que, si no hubiera una autorización en una resolución fundamentada, las garantías esenciales del procedimiento se verían "radicalmente laminadas" porque las actuaciones policiales se habrían realizado sin "la habilitación legal exigida por la Constitución", vulnerando los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos personales. "Como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la UDEF y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidas del procedimiento", señala, para agregar que podría promover un incidente de nulidad si no existe resolución judicial habilitante.